La Fiscalía Federal confirmó el inicio de una investigación tras una denuncia por presunta contaminación ambiental en El Marquesado. La presentación incluye relatos de vecinos sobre fumigaciones cerca de viviendas y análisis de agua incorporados como prueba.
La Justicia Federal de Mar del Plata inició una investigación a partir de una denuncia penal presentada por una vecina del barrio El Marquesado por presunta contaminación ambiental vinculada al uso de agroquímicos en campos linderos a la zona residencial.
Fuentes judiciales confirmaron a BACAP que la denuncia ingresó formalmente en la Fiscalía Federal y que se dispuso el inicio de la investigación correspondiente. No obstante, debido a que el expediente atraviesa una etapa preliminar y probatoria, aclararon que por el momento no pueden brindar mayores precisiones sobre las medidas adoptadas.
La presentación fue realizada por la abogada María Florencia Ocampos, quien solicitó que se investigue la posible comisión de delitos contemplados en la Ley de Residuos Peligrosos y en el Código Penal, al advertir una eventual afectación del ambiente, los recursos hídricos y la salud pública por fumigaciones y otras aplicaciones de productos químicos en inmediaciones del barrio El Marquesado.
Consultadas por BACAP, fuentes del Municipio aseguraron no estar al tanto de la presentación judicial, a pesar de que en la denuncia se solicitaron medidas de control por parte del ejecutivo local.
Olores penetrantes y preocupación por la salud
Más allá de los aspectos técnicos y judiciales, la denuncia incorpora relatos vecinales que describen cómo impactaría esta situación en la vida cotidiana de quienes viven en El Marquesado.
Según la presentación judicial, vecinos del barrio aseguraron que en los campos linderos —donde se desarrolla cultivo intensivo, principalmente de papa— se realizan fumigaciones con agroquímicos incluso en condiciones climáticas adversas.
“Vecinos y vecinas me informaron reiteradamente que en los campos linderos se efectúan fumigaciones con agroquímicos, aun en condiciones de viento, generando deriva, olores penetrantes y afectaciones respiratorias”, sostiene el escrito presentado ante la Justicia Federal.
La denuncia agrega que entre los habitantes existe una preocupación especial por el posible impacto en niños, niñas y personas con cuadros de salud delicados, entre ellas pacientes oncológicos.
Además, se menciona el caso de una residente del barrio que, ante sospechas de contaminación, años atrás decidió realizar un análisis del agua de su vivienda, antecedente que también fue incorporado a la presentación judicial.
En ese contexto, la denunciante sostiene que el temor vecinal no responde a un episodio aislado, sino a una preocupación que, según plantea, lleva tiempo instalada en la zona.
Las pruebas incorporadas a la denuncia
Como respaldo documental, la presentación incorpora un acta de constatación notarial realizada en diciembre pasado, en la que se certificó la toma de muestras de agua en un arroyo ubicado en cercanías de calle 38 y Diagonal 41, en una zona rural próxima a campos productivos.
Durante esa diligencia, según el documento, se observaron maquinarias trabajando a distancia y ganado vacuno bebiendo directamente del curso de agua.
Posteriormente, un análisis de laboratorio también incorporado a la denuncia reportó presencia de atrazina en la muestra analizada, con un resultado de 0,9 microgramos por litro, mientras que los análisis de glifosato y AMPA arrojaron valores por debajo de los límites consignados en el informe.
De todos modos, el propio laboratorio aclara que la muestra no fue extraída por personal de esa institución, por lo que no asume responsabilidad sobre el método de toma ni sobre la procedencia exacta del material analizado. Ese punto probablemente forme parte del análisis judicial en el marco de la investigación en curso.
La denunciante también acompañó como antecedente un informe de 2022 correspondiente a un análisis domiciliario realizado en el barrio, en el que se informaba detección de hidroxi-atrazina —producto de degradación de ese herbicida— e imidacloprid.
En su presentación, además, plantea que el caso podría involucrar recursos ambientales interjurisdiccionales, dado que el curso de agua mencionado desemboca en el mar, argumento con el que fundamentó la competencia federal.
También solicita que se investigue un eventual incumplimiento de restricciones judiciales vigentes sobre fumigaciones cercanas a zonas habitadas.
Entre las medidas requeridas figuran inspecciones en los campos señalados, nuevas tomas oficiales de muestras con cadena de custodia, pedidos de informes a organismos públicos y una cautelar para impedir eventuales aplicaciones de agroquímicos en cercanías del barrio mientras avanza la pesquisa.
El caso vuelve a poner en agenda una discusión sensible y de larga data en General Pueyrredon: los controles sobre fumigaciones en zonas periurbanas y el delicado equilibrio entre actividad productiva, ambiente y salud pública.