El asalto a un matrimonio de jubilados en Cabo Corrientes fue planificado durante semanas, ejecutado en menos de una hora y celebrado esa misma noche en Pinamar. Pero el secuestro de uno de sus autores, un expolicía bonaerense, terminó revelando una trama mucho más grande que hoy tiene al exjefe departamental José Luis Segovia acusado de liderar una asociación ilícita.
Por Juan Salas
—Tengo un trabajo de un millón de dólares.
La propuesta llegó en una joyería de la Ciudad de Buenos Aires.
El expolicía Carlos Alejandro Juárez escuchó la oferta de boca de su jefe, Sevan Arslan, un comerciante conocido por todos como “El Turco”. No preguntó demasiado. Contestó que sí.
Al día siguiente volvió al local. Esta vez había un tercer hombre, Claudio David Alaniz. Sobre una mesa empezaron a reconstruir un departamento de Mar del Plata. Hablaron de un edificio frente al mar, de un matrimonio de jubilados que guardaba una fortuna en efectivo dentro de su vivienda, de la ubicación de las cámaras de seguridad, de los ambientes de la propiedad y hasta del lugar exacto donde, supuestamente, escondían los dólares.
Cinco años después, el juez Gustavo Fissore dio por acreditado que aquella reunión existió. También que Arslan y Alaniz fueron quienes idearon el golpe y aportaron la información necesaria para hacerlo posible. Lo hizo al homologar el juicio abreviado mediante el cual «El Turco» aceptó una condena de tres años de prisión como partícipe necesario del robo agravado cometido el 19 de diciembre de 2020 en el edificio Mirador Cabo Corrientes.
En ese momento, sin embargo, ninguno de los presentes imaginaba que aquella conversación terminaría convirtiéndose en el primer capítulo de una de las investigaciones por presunta corrupción policial más importantes de la historia reciente de Mar del Plata.
Porque el robo salió casi exactamente como había sido planeado. Lo que fracasó fue todo lo que vino después.
A los dos meses de haber cometido el golpe, el propio Juárez sería secuestrado y extorsionado por un grupo que, según sostiene la Fiscalía General, estaba integrado por policías, expolicías y civiles que pretendían quedarse con una parte del botín a cambio de garantizarle impunidad. Cuando el expolicía se negó a pagar, la maquinaria comenzó a romperse desde adentro. Las denuncias, los cruces telefónicos, las cámaras de seguridad, los mensajes y los testimonios empezaron a revelar una trama mucho más compleja que un simple robo.
La puerta que Julieta Palermo, pareja de Juárez, golpeó aquella tarde del 19 de diciembre de 2020 en el séptimo piso del edificio Mirador Cabo Corrientes no sólo dio inicio a un violento asalto contra un matrimonio de jubilados.
También abrió la puerta de la causa por la que hoy está detenido, y espera juicio, quien era el jefe de la Policía Departamental en Mar del Plata, José Luis Segovia, acusado de haber liderado una organización criminal en Mar del Plata.
La banda
La información para ese “trabajo de un millón de dólares”, según tuvo por acreditada la Justicia, la aportaba Claudio David Alaniz. Había trabajado en una financiera que mantenía una relación comercial con un matrimonio de jubilados de Mar del Plata. Conocía el edificio Mirador Cabo Corrientes, sabía cómo estaba distribuido el departamento y, sobre todo, estaba al tanto de que los jubilados guardaban una importante suma de dinero dentro de la vivienda.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, Sevan Arslan no fue un mero colaborador. Fue uno de los ideadores del plan. Juárez declaró que «El Turco» también conocía el edificio porque tenía un departamento allí y que participó activamente en la planificación del golpe. El juez Gustavo Fissore consideró ese relato corroborado por múltiples pruebas independientes, entre ellas el análisis de telefonía, registros de antenas, testimonios y otra evidencia incorporada al expediente.
La primera decisión fue elegir la manera de entrar. Según declaró Juárez, fue Alaniz quien propuso que una mujer se presentara como una vecina del edificio para pedir ayuda por una supuesta filtración de agua. La explicación era simple: un jubilado difícilmente desconfiaría de una mujer que decía vivir en el piso superior.
Años más tarde, Julieta Palermo explicaría que prefirió participar antes que incorporar a otra persona y tener que repartir el dinero con alguien más.
Antes del robo, la banda se reunió en la casa de “El Turco”. Allí compartieron una comida Alaniz y su pareja, Juárez y Palermo y Arslan. Según declaró el expolicía, durante toda la reunión nunca se mencionó el golpe. Para el Tribunal, ese encuentro muestra el grado de confianza que buscaban construir entre quienes pocos días después integrarían la banda que viajaría a Mar del Plata.
Fue el propio “Turco” quien financió la operación: pagó el combustible, la comida y el alojamiento del grupo que partiría hacia Mar del Plata el 18 de diciembre de 2020.
A la mañana siguiente, alrededor de las diez, los seis volvieron a verse. Eligieron un café de la zona comercial de Güemes. Fue la última reunión antes del robo.
Nadie lo sabía entonces, pero aquel encuentro sería reconstruido cinco años después mediante declaraciones, registros telefónicos, antenas de telefonía celular e incluso el testimonio de un mecánico que debió asistir el BMW de Arslan cuando sufrió un desperfecto a pocas cuadras del lugar. La coincidencia de todas esas pruebas fue una de las razones por las que el juez consideró acreditada la planificación del golpe.
La tarde del 19 de diciembre
La reunión en Güemes terminó cerca del mediodía. Después cada uno ocupó el lugar que le habían asignado semanas antes. No había margen para improvisar.
Otro de los integrantes de la banda, Leonardo Scurzi, sería el primero en ingresar al edificio Mirador Cabo Corrientes, ubicado en Falucho y la Costa. Minutos más tarde entrarían Julieta Palermo y Carlos Alejandro Juárez.
Otro integrante, Rodrigo Soto, permanecería afuera, a bordo del Peugeot de Palermo, atento a cualquier movimiento extraño.
Y unos metros más allá, siempre según la reconstrucción que la Justicia dio por acreditada, Claudio Alaniz y “El Turco” esperarían dentro de una camioneta Nissan, siguiendo el desarrollo del golpe.
Subieron por las escaleras para evitar las cámaras instaladas en el interior de los ascensores. Cuando llegaron al séptimo piso, Julieta Palermo respiró hondo y golpeó la puerta del departamento “F”.
Del otro lado estaban las víctimas.
—Soy la vecina de arriba. Necesito hablar con usted.
El jubilado miró por la mirilla. Vio a una mujer sola. Abrió. En cuestión de segundos, la escena cambió por completo.
Juárez y Scurzi empujaron la puerta e ingresaron al departamento. El hombre fue reducido inmediatamente. Lo ataron de manos con precintos y le inmovilizaron los pies. Su esposa, de 73 años, salió de la habitación al escuchar los ruidos y fue interceptada por Palermo, que la condujo nuevamente al dormitorio antes de maniatarla.
Mientras recorrían los distintos ambientes en busca dólares, Palermo dejó escapar una frase que, con el tiempo, terminaría confirmando una de las principales hipótesis de los investigadores.
—Yo tengo todos los datos. Sé que tenés dólares.
Después agregó otra referencia todavía más reveladora.
—Sé que vendiste departamentos.
Aquellas palabras convencieron a los fiscales de que alguien había entregado información privilegiada sobre las víctimas mucho antes del robo.
Juárez declaró que Leonardo Scurzi mantenía comunicación permanente con Rodrigo Soto. Soto, a su vez, reportaba cada movimiento a “El Turco”. Alaniz y Arslan seguían la ejecución desde la camioneta estacionada en las inmediaciones. Cada integrante cumplía una función específica dentro de una estructura que, para el Tribunal, había sido organizada con antelación.
Permanecieron dentro del departamento cerca de una hora. Cuando terminaron, Scurzi cargó el dinero en una mochila y salió primero. Detrás caminaron Juárez y Palermo. Los tres abandonaron el edificio con tranquilidad, con barbijos colocados en plena pandemia.
Recorrieron unos ciento cincuenta metros hasta un punto donde no había cámaras de seguridad. Allí los esperaba Soto. Pero el recorrido de Juárez no terminó en el Peugeot. Tomó la mochila con el dinero y cambió de vehículo.
Se subió a la Nissan donde lo aguardaban Alaniz y “El Turco”. Los tres se alejaron del lugar rumbo a un departamento ubicado sobre la costa marplatense.
Por primera vez desde que había empezado la historia del “trabajo de un millón de dólares”, el botín quedó sobre una mesa.
Los fajos sobre la mesa
El departamento de Claudio Alaniz se convirtió en el primer refugio de la banda después del golpe.
Hasta allí llegaron Carlos Juárez, “El Turco” Arslan y el propio Alaniz con la mochila que minutos antes había salido del edificio Mirador Cabo Corrientes. El resto del grupo tomó otro camino. La prioridad era no llegar todos juntos al mismo lugar.
Sobre la mesa aparecieron los fajos. Juárez declararía años después que comenzaron a contarlos uno por uno. Eran paquetes de diez mil dólares cada uno. El cálculo final arrojó una cifra que incluso sorprendió a quienes habían organizado el golpe: cerca 300.000 dólares.
Según tuvo por acreditado el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, cada uno de los seis integrantes de la banda recibió 50.000 dólares. No hubo discusiones ni reclamos. El reparto se hizo en partes iguales y allí terminó, al menos por unas horas, la historia del “trabajo de un millón de dólares”.
El dinero, sin embargo, no fue el único botín.
Durante el asalto también se habían apoderado de alrededor de 400.000 pesos, joyas y un sable militar. Las víctimas quedaron atadas dentro de su propio departamento, mientras los asaltantes abandonaban el edificio convencidos de haber ejecutado un golpe perfecto.
Después de repartir el dinero, cada uno siguió su camino. Juárez, Palermo, Scurzi y Soto partieron rumbo a Pinamar. Se alojaron en el exclusivo Pinamar Beach Resort & Apart, donde permanecieron hasta el día siguiente. Para los investigadores, aquella decisión terminó convirtiéndose en uno de los primeros errores de la banda. Los registros del hotel, las cámaras de seguridad y el análisis de los teléfonos celulares permitieron reconstruir buena parte de sus movimientos posteriores al robo y corroborar, años más tarde, las declaraciones de los propios imputados.
Mientras tanto, “El Turco” emprendía el regreso hacia Buenos Aires. Pero antes de abandonar Mar del Plata ocurrió un episodio menor que, con el tiempo, terminaría teniendo un enorme valor probatorio. El BMW en el que se desplazaba sufrió un desperfecto mecánico.
Arslan debió pedir asistencia y un mecánico acudió al lugar para reparar el vehículo. Lo que en aquel momento fue apenas una demora inesperada terminó convirtiéndose en otra pieza de la investigación. Años después, el testimonio del mecánico, sumado a los registros de telefonía y a los impactos de antenas, permitió ubicar a “El Turco” en Mar del Plata durante las horas previas y posteriores al robo, reforzando la reconstrucción que hicieron Juárez y Palermo y que el Tribunal consideró corroborada por prueba independiente.
Hasta ese momento, todo parecía indicar que el plan había salido exactamente como lo habían imaginado: el robo se había ejecutado sin sobresaltos, el dinero ya estaba repartido.
Y la investigación, según sostendría años después la Fiscalía General, avanzaba en una dirección equivocada.
Dos meses más tarde, uno de los hombres que esa tarde había contado fajos de diez mil dólares sobre una mesa sería secuestrado por quienes, según la acusación, primero le prometieron protección y después fueron a reclamarle una parte del botín.
La deuda
Durante casi dos meses, nada hacía pensar que el golpe de Cabo Corrientes terminaría convirtiéndose en algo mucho más grande que un violento robo millonario.
Los integrantes de la banda habían regresado a sus rutinas. La investigación judicial avanzaba sobre distintas pistas y, según sostendría años más tarde la Fiscalía General, los verdaderos autores permanecían fuera del radar de los investigadores mientras el expediente comenzaba a desviarse hacia otros sospechosos.
Según la requisitoria de elevación a juicio de la causa Segovia, después del reparto comenzaron los reclamos por una parte del botín que, presuntamente, debía destinarse a garantizar la impunidad de quienes habían ejecutado el robo. La acusación sostiene que existía un acuerdo previo para entregar dinero a cambio de protección y que ese compromiso nunca terminó de cumplirse.
El expolicía Carlos Juárez quedó en el centro de ese conflicto.
Había participado del robo, había recibido su parte y conocía a todos los involucrados. Pero, siempre según la hipótesis de la Fiscalía General, también era quien debía responder por el dinero que aún reclamaban quienes aseguraban poder mantener la investigación lejos de su nombre.
La tensión fue creciendo con el correr de las semanas. Hasta que el 19 de febrero de 2021, exactamente dos meses después del asalto al edificio Mirador Cabo Corrientes, el conflicto dejó de ser una discusión por dinero para transformarse en un secuestro.
El falso procedimiento
Aquella jornada, Carlos Juárez fue interceptado por un grupo de hombres que aparentaban realizar un procedimiento policial.
Según la acusación fiscal, la maniobra había sido organizada por Christian Holtkamp y ejecutada por Jorge Toletti, el policía bonaerense Javier Collova y Ulises Arbizu. Vestían prendas de la DDI y actuaban como si integraran una brigada de investigaciones. Para cualquier observador, la escena era la de un procedimiento oficial.
Pero la Fiscalía sostiene que no buscaban detenerlo. Buscaban cobrar.
Juárez fue privado de su libertad y trasladado contra su voluntad. Durante el cautiverio le dejaron en claro que el motivo del operativo no era el robo en sí mismo, sino el dinero que, según le reclamaban, todavía debía entregar. La propuesta era tan simple como brutal: pagar la parte del botín que le exigían para conservar la protección que hasta entonces, presuntamente, le habían garantizado. Si no lo hacía, esa protección desaparecería y la investigación comenzaría a apuntar directamente contra él.
Juárez había pasado años dentro de la Policía Bonaerense. Conocía los procedimientos, la forma de actuar de las brigadas y el lenguaje policial. Sin embargo, aquel día terminó cautivo de personas que, según sostiene la acusación, utilizaban esa misma apariencia para ejecutar una extorsión.
La presión no terminó cuando recuperó la libertad.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, durante los días siguientes continuaron las amenazas, los seguimientos y las exigencias económicas. Incluso cuando Juárez y Julieta Palermo viajaron a Pinamar para alejarse de Mar del Plata, quienes reclamaban el dinero siguieron sus movimientos. Mensajes incorporados al expediente muestran que sabían dónde estaban, comentaban sus desplazamientos y celebraban las maniobras intimidatorias que realizaban para obligarlos a pagar.
Pero el expolicía nunca cedió y fue precisamente esa negativa la que, según la hipótesis acusatoria, terminó rompiendo el pacto que había mantenido unido al grupo desde el día en que “El Turco” le ofreció “un trabajo de un millón de dólares”.
La traición
Según la reconstrucción de la Fiscalía General, el secuestro no consiguió su objetivo. Carlos Juárez nunca entregó el dinero que le exigían y ese fracaso produjo un cambio de estrategia.
Hasta entonces, sostiene la acusación, el objetivo había sido mantenerlo fuera del expediente. Pero cuando quedó claro que no iba a pagar, quienes hasta ese momento le reclamaban una parte del botín decidieron hacer exactamente lo contrario.
Lo entregarían.
La requisitoria de elevación a juicio afirma que el 2 de marzo de 2021, apenas once días después del secuestro, Christian Holtkamp y Jorge Toletti se presentaron espontáneamente ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, donde se investigaba el robo de Cabo Corrientes.
Fueron a señalar a Carlos Juárez y Julieta Palermo como autores del asalto al edificio Mirador Cabo Corrientes. Para la Fiscalía General, esa presentación no fue un acto desinteresado de colaboración con la Justicia, fue la consecuencia del fracaso de la extorsión.
La acusación sostiene que, al no obtener el dinero que reclamaban, decidieron romper el pacto de protección y entregar a quien hasta pocos días antes intentaban mantener fuera de la investigación.
Cuando el fiscal Mariano Moyano comenzó a profundizar sobre Juárez y Palermo, el expediente empezó a revelar mucho más que la identidad de los autores materiales del robo.
Las declaraciones, los teléfonos secuestrados, los cruces de llamadas, los registros de antenas y la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al golpe empezaron a mostrar vínculos que excedían ampliamente el asalto a Cabo Corrientes.
La investigación ya no sólo buscaba responder quiénes habían entrado al departamento del séptimo piso. Empezaba a preguntarse quiénes sabían que el robo iba a ocurrir. Quiénes prometían protección. Quiénes tenían acceso a información reservada.
Y quiénes, según la hipótesis acusatoria, podían influir para desviar una investigación judicial.
Fue en ese contexto cuando reapareció un episodio que, hasta entonces, parecía un error más dentro de la pesquisa.
Durante las primeras semanas posteriores al robo, la investigación se había orientado hacia otro hombre con un prontuario, con un pasado vinculado al delito. La requisitoria sostiene que esa línea no fue fruto de una equivocación, sino de una maniobra deliberada destinada a alejar el foco de los verdaderos responsables. Según la acusación, se confeccionaron informes y se incorporó información que terminó induciendo a error tanto al fiscal interviniente como al juez de Garantías que autorizó distintas medidas de prueba.
Para los fiscales que años después retomaron toda esa información, esos hechos ya no podían analizarse de manera aislada. Todo empezaba a formar parte de una misma historia y esa historia tenía un nombre: la causa Segovia.
La Caja de Pandora
En la introducción de la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal general adjunto Marcos Pagella eligió una imagen para explicar lo que, a su criterio, había ocurrido con esa investigación: escribió que el expediente había abierto una “Caja de Pandora”.
Lo que había comenzado como el esclarecimiento de un violento robo contra un matrimonio de jubilados terminó derivando, según la acusación, en la investigación de una presunta organización integrada por policías en actividad, expolicías, un abogado y civiles que habría funcionado ofreciendo protección, filtrando información reservada, desviando investigaciones y obteniendo beneficios económicos a cambio de garantizar impunidad.
Entre los dieciséis imputados aparece el nombre de quien, al momento de los hechos, era jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones de Mar del Plata y luego sería designado jefe Departamental: el comisario mayor José Luis Segovia.
La acusación sostiene que ocupaba el rol de líder de esa estructura.
El verdadero precio del golpe
La investigación por el robo al edificio Mirador Cabo Corrientes ya tuvo su desenlace judicial.
Cinco años después de aquella tarde de diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 homologó distintos acuerdos de juicio abreviado que permitieron reconstruir con precisión cómo se planificó y ejecutó el asalto. Sevan Arslan, «El Turco», aceptó una pena de tres años de prisión como partícipe necesario del robo agravado. Antes también habían sido condenados Carlos Alejandro Juárez, quien recibió cuatro años y tres meses de prisión, y Julieta Palermo, sentenciada a tres años de prisión por su participación en el hecho.
Las condenas cerraron judicialmente la historia del robo. Pero no alcanzaron para reparar sus consecuencias.
Durante el proceso judicial, familiares de las víctimas sostuvieron que el violento episodio y la pérdida de los ahorros de toda una vida agravaron el estado de salud de ambos. Los dos fallecieron pocos meses después.
El robo cuidadosamente planificado destruyó la vida de dos jubilados, terminó con varios de sus protagonistas condenados y, según sostiene la acusación fiscal, abrió la puerta a una de las investigaciones por presunta corrupción policial más importantes de la historia reciente de Mar del Plata.
Todo empezó con una frase pronunciada en una joyería de Buenos Aires.
—Tengo un trabajo de un millón de dólares.
Nadie imaginaba entonces que esa oferta iba a abrir la Caja de Pandora de la Policía Bonaerense en Mar del Plata.