En el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, que se desarrolla en la ciudad, se puso el foco en la situación presupuestaria de las casas de estudios y en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, brindaron este viernes una conferencia de prensa en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en la antesala de la audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick, que tiene como objetivo acercar posiciones y avanzar en una salida a la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto por la aplicación de la Ley 27.795 tendrá este viernes una nueva instancia judicial. Bajo esa premisa, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 convocó al Gobierno nacional, a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al CIN para intentar destrabar la situación. Esto, además, se produce luego de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que ordena al Estado avanzar con la actualización de los salarios universitarios y de las becas estudiantiles.
En ese contexto, los rectores que participaron de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, que se está desarrollando en Mar del Plata, pusieron el foco en la situación presupuestaria de las casas de estudios y en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
“El presupuesto son salarios, son personas”
Biasone explicó que la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos comenzó con el objetivo de establecer los parámetros para la elaboración del presupuesto del sistema universitario nacional. “Nos reunimos todos los gestores que son los responsables de administración financiera y económica de las universidades públicas del país para acordar algunos parámetros para armar el presupuesto del sistema universitario en su totalidad”, señaló.
Ese documento será presentado ante los rectores en el próximo encuentro del CIN, previsto para los días 3 y 4 de septiembre en Bariloche. Una vez aprobado, será elevado al Poder Ejecutivo con las necesidades presupuestarias del sistema universitario. “Nosotros discutimos el presupuesto independientemente de la relación o de lo que haga posteriormente el Gobierno Nacional, esa es nuestra responsabilidad”, agregó.
Al mismo tiempo, Biasone dejó en claro que el conflicto excede ampliamente a la definición de una cifra. “Cuando hablamos de presupuesto no hablamos solo de un importe, de un número. El presupuesto son salarios, son personas. Es una proyección política de lo que queremos del sistema educativo y eso es lo que estamos discutiendo”, afirmó.
Como es de público conocimiento, el 92 % del presupuesto son salarios, por lo que el 8 % restante es con lo que cuentan las universidades públicas para cubrir todos los gastos. En ese sentido, enumeró desde las reparaciones y el mantenimiento edilicio hasta las políticas de bienestar estudiantil: “Cuando decimos gastos es desde la pintura, un caño roto, un baño que no funciona, hasta becas universitarias a la excelencia académica, becas que tienen que ver con el comedor universitario o a estudiantes que no tienen posibilidades de llegar a la universidad”.
Al mismo tiempo, la rectora sostuvo que las universidades realizan un uso cuidadoso de esos recursos, pero advirtió que la situación actual exige recuperar el nivel de financiamiento perdido. “Como decimos siempre, no necesitamos que nos aumenten, sino que nos retrotraigan esos valores al poder adquisitivo que tenían o a la relación que teníamos en noviembre del 2023”, planteó.
Greco: “El problema es que se va deteriorando la calidad del trabajo universitario”
Por su parte, Greco reivindicó la necesidad de abordar la situación desde una perspectiva integral del sistema universitario nacional, contemplando las diferencias territoriales y regionales pero también los objetivos comunes de las instituciones. “Nosotros siempre pensamos al sistema universitario como un conjunto y en ese conjunto hay territorialidades, diversidades regionales, pero hay valores centrales que tienen que ver con los salarios docentes, con lo que significa la investigación, la extensión, la territorialidad, que son comunes a todas las universidades”, manifestó.
Greco destacó además que la actividad universitaria requiere una planificación de largo plazo y que sus resultados no pueden quedar condicionados exclusivamente por la coyuntura política. “Nosotros trabajamos todos los días, porque nuestra perspectiva es de mediano y largo plazo. Formar graduados son entre 5 y 7 años, una línea de investigación 10 años y siempre tratamos de desembarazarnos de la coyuntura y de las políticas gubernamentales tratando de que la política universitaria sea una política de Estado”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la falta de actualización de los gastos de funcionamiento están impactando directamente sobre las universidades. “Lo que nosotros llamamos el criterio de suficiencia, que es lo que las universidades necesitan para funcionar, hoy está determinado básicamente por la caída del poder adquisitivo de los salarios. Luego de haber recibido un 21 % de aumento, que fue el acuerdo que cumplió parcialmente el Gobierno, está alrededor del 30 %, o sea, la pérdida fue del 50 en total y hoy queda pendiente todavía un 30 %”, remarcó.
El rector de la UNSAM también puso el foco en los gastos de funcionamiento, otro de los principales componentes del presupuesto universitario. “Además de que los gastos de funcionamiento –que es el otro gran capítulo del presupuesto universitario– no tuvo ninguna actualización y ya llevamos una inflación acumulada más que importante. Los niveles de funcionamiento son dramáticos”, sostuvo.
Frente a ese escenario, explicó que las universidades intentan sostener sus actividades mediante recursos propios y distintas estrategias de contención, aunque con límites cada vez más estrechos. “Lo que tratamos es de mitigarlo con recursos propios, con esfuerzos, pero el problema es que se va deteriorando la calidad del trabajo universitario. Y nosotros eso no lo podemos resignar, porque ese es nuestro principal compromiso con la sociedad”, resaltó.
El reclamo de los rectores ante la audiencia judicial
La audiencia convocada por Cormick se desarrollará en un contexto de tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional por la implementación de la Ley 27.795. La norma, sancionada en 2025, estableció mecanismos de recomposición del financiamiento universitario. La discusión judicial se profundizó luego de que las universidades recurrieran a la Justicia ante la falta de aplicación de distintos puntos de la legislación.
La cautelar que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema obliga al Estado a aplicar disposiciones vinculadas con la actualización salarial y las becas estudiantiles. A su vez, desde el sistema universitario se reclama avanzar sobre otros componentes, como los gastos de funcionamiento, los recursos para hospitales universitarios y el financiamiento de la ciencia y la tecnología.
Para Greco, la discusión no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que involucra principios estructurales del sistema universitario argentino. “Lo que exigimos es que se cumpla la ley. Nuestro sistema universitario argentino, que es de referencia a nivel regional, se montó sobre dos grandes valores de la tradición universitaria, la Reforma del 18 fue el cogobierno y la autonomía y luego la gratuidad y el libre acceso. Eso para nosotros son valores irrenunciables, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad que tuvo una participación contundente en cada una de las marchas”.
La audiencia de este viernes aparece así como una nueva instancia dentro de un conflicto que ya atravesó el Congreso, el Poder Ejecutivo y distintos tribunales. Mientras la Justicia busca acercar las posiciones entre las partes, las universidades sostienen que el debate de fondo pasa por garantizar un financiamiento que permita preservar salarios, funcionamiento, investigación, extensión y políticas de inclusión, y reclaman que la Ley 27.795 sea aplicada en los términos establecidos.