La Fiscalía General confirmó la desestimación de la denuncia por la concesión del estadio Minella y el Polideportivo. Tras las declaraciones de Guillermo Montenegro, un repaso por los argumentos de las resoluciones judiciales, los límites de la investigación penal y las cuestiones que todavía quedan pendientes.
Por Juma Lamacchia
El intendente Guillermo Montenegro aseguró este miércoles que la causa penal por la concesión del estadio José María Minella fue cerrada y afirmó tener “muchísima tranquilidad” respecto de la investigación. La declaración llegó después de que la Fiscalía General confirmara la desestimación dispuesta en agosto por los fiscales David Bruna y Luis Ferreyra, quienes concluyeron que los hechos denunciados no configuraban delitos.
“La causa fue cerrada y eso no me preocupa. Tengo muchísima tranquilidad”, afirmó Montenegro en conferencia de prensa. En paralelo, aseguró que la próxima semana comenzarán obras en el estadio con el objetivo de que pueda recibir eventos deportivos durante el verano y confirmó que continúa en trámite el traspaso accionario de la concesionaria, que deberá ser autorizado por el Municipio.
La declaración de los concejales
Para fundamentar la desestimación de la denuncia, la Fiscalía General también analizó las declaraciones testimoniales de Guillermo Volponi, Diego García y Horacio Taccone, quienes participaron del tratamiento legislativo de la concesión del estadio Minella y el Polideportivo. Sus testimonios fueron incorporados para reconstruir el procedimiento que derivó en la adjudicación a Minella Stadium S.A. y evaluar si las decisiones adoptadas por los funcionarios municipales podrían configurar una conducta delictiva. En ese sentido, la resolución distingue entre los cuestionamientos a la conveniencia de una decisión política y la existencia de elementos concretos que permitan atribuir responsabilidad penal.
En sus declaraciones quedaron reflejadas las distintas posiciones que atravesaron el debate legislativo. Volponi, quien acompañó la adjudicación desde el oficialismo, dijo: “Yo miré el expediente y de ahí surge que no hay irregularidades y se cumplieron todos los pasos administrativos, técnicos, dictámenes volcados ahí adentro del expediente..”. Por su parte, García, que votó en contra de la concesión, sostuvo que no hubo perjuicio para el erario público, las reservas que expresara se vinculan con su postura acerca de la inconveniencia de la adjudicación de los espacios, o en todo caso, a la necesidad de haber logrado que además del cobro del canon respectivo, la Municipalidad tuviera ingresos extras por la venta de entradas a eventos o espectáculos, y además, no deslizó observaciones sobre la legalidad de lo obrado. En tanto, Taccone, también opositor a la adjudicación, manifestó que “fue un tratamiento legislativo muy bueno comparado con otros expedientes. El hecho de que yo no esté de acuerdo con lo que se aprobó no quiere decir que el tratamiento legislativo no haya sido bueno. Es más, no tomaron en cuenta casi ninguna de las observaciones que nosotros efectuamos al pliego, pero siempre se trató en las comisiones pertinentes y se trató en la sesión” y agregó que en el Concejo Deliberante, todo se dio estricto cumplimiento a la normativa legal, administrativa y procedimental vigente. Para la Fiscalía General, estos testimonios permitieron reconstruir un proceso que tuvo discusión institucional y posiciones contrapuestas, pero no aportaron elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito.
A partir de esa valoración, la Fiscalía sostuvo que los órganos judiciales no pueden reemplazar el criterio de los representantes políticos sobre la oportunidad o conveniencia de las decisiones adoptadas dentro de sus competencias. La resolución advierte sobre el riesgo de avanzar hacia un “gobierno de los jueces”, en el que la Justicia termine sustituyendo las decisiones propias de otros poderes del Estado.
¿Qué significa que la causa haya sido desestimada?
Uno de los principales argumentos de la Fiscalía General para confirmar la desestimación es que las decisiones políticas y administrativas vinculadas con la concesión no pueden ser revisadas por la Justicia penal sin elementos concretos que permitan identificar un delito.
La resolución sostiene que “no atañe al sistema penal expedirse sobre las virtudes de la decisión política de conceder el uso y explotación de espacios públicos a una empresa privada”. Además, considera que el procedimiento licitatorio fue “regular y público” y se desarrolló dentro de las facultades de los órganos municipales.
Para la Fiscalía, cuestiones como la duración de la concesión, los espacios incluidos, los cánones establecidos e incluso la adjudicación a una sociedad constituida específicamente para participar de la licitación pertenecen al ámbito de las decisiones políticas. También destaca la intervención del Concejo Deliberante como órgano de control durante el proceso.
Los incumplimientos contractuales de Minella Stadium
Uno de los argumentos más destacados respecto a lo ocurrido después de la adjudicación tiene que ver con las obligaciones que le competen a la empresa licitatoria. Para la Fiscalía General existen cuestionamientos por incumplimientos de la concesionaria, pero sostiene que “el incumplimiento posterior no puede acarrear responsabilidad penal”, y agrega: “El ordenamiento jurídico brinda herramientas suficientes para abordar un escenario de ese tipo, poseyendo el Municipio herramientas idóneas para efectuar los reclamos necesarios para obtener la satisfacción de sus derechos o bien la extinción de la relación contractual si fuera procedente”.
Esto quiere decir que si Minella Stadium no realizó obras, incumplió obligaciones o dejó de cumplir condiciones comprometidas, la respuesta primaria debe ser administrativa: intimarla, exigir cumplimiento o rescindir la concesión.
Otro de los puntos que planteaba la querella es la supuesta omisión de controles municipales. A eso, la Fiscalía General dice que “excede también el rol del derecho punitivo expedirse en torno al silencio mantenido por los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo alrededor de los incumplimientos en los que estaría incurriendo la adjudicataria”.
Por lo tanto, para el Ministerio Público, la falta de reacción que denuncia la querella no demuestra por sí sola un incumplimiento penal de los deberes de funcionario público y señala: “Este Ministerio Público no puede erigirse en auditor de la gestión administrativa de otros órganos de poder”.
¿Quién controla a Minella Stadium?
Para la Fiscalía General, los controles sobre la concesión están funcionando por otras vías e incorpora a la resolución las críticas de los concejales Valeria Crespo y Horacio Taccone reproducidas en el Concejo Deliberante el pasado 18 de junio vinculadas con los incumplimientos de Minella Stadium y los pedidos de rescisión de la concesión.
Luego de citar el pedido de rescisión agregan que “se observa entonces que el sistema de controles al que se hizo referencia se encuentra operando a pleno”. Con esto, la Fiscalía argumenta que el conflicto puede tramitarse fuera del derecho penal y menciona al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas como mecanismos políticos e institucionales para reclamar el cumplimiento.
La vinculación con Banco Master y REAG
La resolución identifica que el peticionario pretende investigar “el ingreso de REVEE Real Estate Venues & Entertainment SA como accionista mayoritaria de Minella Stadium, la vinculación con Banco Master y REAG”, pero la Fiscalía General dice que “en cuanto al origen de los fondos de la empresa adjudicataria, se trata de hechos respecto de los cuales la justicia provincial carecería de competencia para investigar”.
La resolución no determina si existieron irregularidades en el origen de los fondos, sino que señala que una eventual investigación sobre esas hipótesis corresponde a la Justicia Federal. Precisamente, uno de los pedidos de la querella encabezada por César Sivo fue determinar si los hechos ya estaban siendo investigados en el fuero federal de Lomas de Zamora y, en caso contrario, dar intervención a la fiscalía federal de Mar del Plata.
De esta manera, la resolución ratifica a los fiscales Carlos David Bruna y Luis Alberto Ferreyra y entiende que la causa Minella no constituye un caso penal provincial y pone fin a esta instancia de la investigación. Mientrasse espera el inicio de las obras, el Municipio mantiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria y evaluar el traspaso accionario que todavía requiere su autorización.