Con críticas al municipio, dirigentes locales, provinciales y nacionales discutieron el desarrollo de la provincia en Mar del Plata. La “discriminación” a la ciudad por el envío de partidas volvió al centro del debate. Un fallo judicial genera fricciones en el oficialismo.
Congreso y críticas a la gestión local
Mar del Plata fue sede esta semana del Congreso Productivo bonaerense, que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, funcionarios provinciales y nacionales, empresarios y sindicalistas, entre otros.
Durante el plenario realizado el martes y miércoles de esta semana, se discutió en diversos paneles estrategias de desarrollo, trabajo y producción para la provincia. Y, en medio del año electoral, también fue escenario de fuego cruzado entre Juntos y el Frente de Todos.
En la apertura del encuentro, Fernanda Raverta, la directora ejecutiva de la Anses y precandidata a intendenta de Mar del Plata, cuestionó que el gobierno local “obtura” el desarrollo productivo de la ciudad con acciones como la judicialización de la exploración petrolera offshore. Asimismo, remarcó que el Estado debe “acompañar y estimular” al sector productivo.
En tanto, Kicillof destacó a la comuna como una de las “capitales productivas” de la provincia, y tiene un futuro “inmenso” si apuesta por la “producción y la diversificación”.
Por último, uno de los más duros en las críticas al municipio fue el ministro de Producción, Augusto Costa. El economista ponderó el acompañamiento del gobierno provincial a los distritos y sostuvo que hay “intendentes de la oposición que mienten cuando dicen que son discriminados”, en clara alusión a Guillermo Montenegro, quien en reiteradas ocasiones criticó el retaceo de fondos de Gobernación por tener distinto color político.
La pelea por los fondos
El senador bonaerense Alejandro Rabinovich (PRO) recogió la crítica de Costa y denunció que General Pueyrredon es el distrito “más discriminado por el gobierno kirchnerista”.
El legislador planteó que si se tienen en cuenta los fondos que recibió cada uno de los 135 municipios de la provincia durante 2022 por parte del Gobierno Nacional, “General Pueyrredon está en el puesto 90”.
“No es discriminar al intendente Guillermo Montenegro, es discriminar a los vecinos de Mar del Plata”, concluyó el ex coordinador de Gabinete de la comuna.
Restricción a funcionarios municipales
La Cámara de Apelaciones y Garantías ratificó la prohibición que tienen tres funcionarios municipales de acercarse a menos de 200 metros a los concejales Marina Sánchez Herrero, Daniel Núñez y Marianela Romero, todos de la UCR.
Se trata del subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel, y los directores coordinadores de Desarrollo Social, Lucas Amodey y Santiago Reyes. El conflicto comenzó el 28 de abril pasado, cuando los legisladores presentaron una medida cautelar para promover una restricción de acercamiento a menos de 200 metros debido a amenazas a los ediles por parte de los funcionarios, además de la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto.
Los legisladores apelaron el levantamiento de la cautelar y, ayer, la Cámara de Apelación y Garantías ordenó mantener la restricción de acercamiento. De esta manera, crece el foco de tensión interna en el gobierno municipal.
Los concejales de la UCR tienen como líder político al diputado bonaerense Maximiliano Abad, principal socio del intendente. Mientras que los funcionarios pertenecen a otra facción del radicalismo, vinculada con Gustavo Posse, jefe comunal de San Isidro. Hasta ahora, Montenegro no les pidió la renuncia a los denunciados.
Dos licitaciones claves para la ciudad
El gobierno confirmó que el próximo 21 de junio se realizará la licitación del servicio de operatoria en el predio de disposición final. Si bien la compulsa se iba a realizar en diciembre del año pasado, se postergó debido a que una de las empresas interesadas en participar presentó una medida cautelar que fue otorgada por la Justicia.
Entre los argumentos, la empresa calificó de “tendencioso” el pliego de bases, con un “direccionamiento” para beneficiar a otras firmas interesadas, lo que dilató el proceso. El municipio apeló el fallo y consiguió finalmente el aval de la Justicia. Se trata, junto con la del transporte público de pasajeros, de la licitación más importante de la gestión Montenegro.
La intención es avanzar en la contratación de una única firma por cuatro años, con opción de dos más de prórroga. Según el pliego, el presupuesto mensual para sostener el servicio asciende a casi $63 millones, con una proyección de $3.000 millones para los primeros 48 meses, aunque el monto se podrá ajustar por inflación.
Por otro lado, el gobierno anunció que próximamente licitará la construcción del módulo 2 del predio del basural, ya que el módulo 1 está próximo a quedar sin vida útil. En este sitio se vuelcan los residuos sólidos de la comuna, por lo que urge realizar la intervención para que no colapse.
Si bien aún no hay fecha para la licitación, el objetivo del gobierno es adjudicar los trabajos en julio. El costo de la obra, a valores de enero/marzo, asciende a más de $677 millones.