La tecnificación acelerada de la sociedad, la falta de educación sobre seguridad en línea y la crisis social crearon en los últimos tiempos en Argentina el caldo de cultivo ideal para la proliferación de los ciberdelitos. Mar del Plata no es la excepción: la Justicia local es testigo del incremento de estos casos, que van desde estafas individuales hasta vulneraciones de cuentas bancarias de empresas por montos que han llegado a las 9 cifras. Hablamos con una especialista, que consideró poner el tema en la agenda pública y hasta incluirlo en la currícula escolar.

por Limay Ameztoy

Mensajes que advierten sobre paquetes que no pueden entregarse. Operaciones a través de marketplace en las que se concreta el pago pero no la entrega de lo comprado. Llamadas desde inmobiliarias a potenciales inquilinos para departamentos que no existen. Mails que ofrecen donaciones tan millonarias como improbables. El viejo cuento del tío tiene una versión actualizada a los tiempos que corren: las estafas digitales.

Aunque las noticias abundan y las alertas corren de boca en boca -o, mejor dicho, de celular en celular-, lo cierto es que casi todas las personas estamos en la mira de los estafadores digitales y por más desconfiadas o cuidadosas que seamos, una situación de emergencia o un descuido puede volvernos vulnerables. Y salirnos caro.

A todo esto se suma, además, la cantidad de datos personales que casi todas las personas entregamos voluntariamente, día a día, al mundo digital. Desde las publicaciones en redes sociales hasta la tarjeta de crédito que entregamos con ingenuidad en el café o en el restaurante para un pago que no se realiza ante nuestra vista.

Hecha la trampa, ¿hecha la ley?

Conocido este universo al que estamos expuestos, cabe invertir la lógica y preguntarnos: hecha la trampa, ¿hecha la ley? Es decir: ¿cómo nos protege el Estado ante estas nuevas modalidades delictivas que, además, se actualizan de manera vertiginosa? ¿Qué se puede hacer, además de tomar recaudos de manera individual? En caso de ser víctima de una estafa, ¿cómo y dónde debe denunciarse el hecho? Y por último: ¿vale la pena el esfuerzo -económico, físico y en tiempo invertido- iniciar una denuncia policial y/o judicial?

Sobre estos temas hablamos con Sabrina Lamperti, investigadora del Ministerio Público Fiscal e integrante del Equipo “Internet Sana” del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (InFo-Lab), equipo marplatense interdisciplinario de investigadores, profesionales y técnicos especialistas en esta temática.

En su diálogo con Derecho al Derecho, Lamperti confirmó la magnitud del universo de las estafas digitales, tanto en materia de víctimas como de montos involucrados. De hecho, relató que en Mar del Plata se han investigado casos que involucraron montos de hasta 9 cifras. La especialista consideró que para combatir este fenómeno (en pleno auge) es imprescindible trabajar en la educación en seguridad digital, incluso desde edades tempranas.

Este fue el diálogo: 

-¿Cuál es la clave para definir una estafa digital dentro del universo de los ciberdelitos?

-Una estafa digital tiene como objetivo obtener información personal para luego usarla en contra de la persona, en general porque busca un beneficio patrimonial. A veces no llega a concretarse esto último, y lo que vamos a tener es una tentativa, o quizá un delito menor -y residual-, o un acto preparatorio de un delito. Por eso es importante concientizar en no entregar ningún tipo de dato ya que no siempre la vía judicial va a poder resolver el problema.

-Una vez que la persona se dio cuenta de que fue víctima de una estafa digital, ¿cuáles son los pasos a dar? ¿Qué pruebas hay que presentar?

-En líneas generales, conviene conservar el mensaje recibido (ya sea por SMS, por correo electrónico o por redes sociales). Las capturas de pantalla pueden servir como indicio pero no siempre es suficiente para determinar la existencia de un delito, es necesario poder analizar muchos aspectos de los mensajes, no solo su contenido. También es importante determinar un usuario no solo por el nombre exhibido en redes sociales. O, si tenemos que identificar una publicación, poder guardarla, conservarla, para remitirnos a ella antes que sea eliminada y de esa forma poder pedir colaboración a las entidades correspondientes.

-¿Con qué expectativas puede acercarse una persona al sistema judicial? Pienso que, a diferencia de otros delitos, a lo que más aspiran las personas es a recuperar lo que perdieron, incluso más que la sanción a quién o quiénes cometieron el delito… 

–Como te decía antes, no siempre el sistema judicial puede resolver un problema. Los simples hackeos de cuentas de WhatsApp o redes sociales, no son un delito que pueda investigar el estado dado que el propio Código Penal lo define como delito de acción privada y eso va por trámite de querella, al igual que sucede con las calumnias e injurias. Entonces, eso dificulta la intervención estatal. El sistema judicial se enfoca en casos de estafas donde se concretan los perjuicios económicos. En cuanto a restitución del dinero, depende el caso, ya que muchas veces se realizan inmediatamente las transferencias, incluso no siempre el primer destinatario es el autor porque existen maniobras de triangulación. Y en otros casos el dinero se transforma en criptoactivo y ahí sigue otro rumbo, a veces recuperable, a veces no. Aunque no siempre es posible, existen casos de éxito e incluso hay procedimientos donde se han podido dar con los responsables de los delitos.

-¿Hay un monto mínimo a partir del cual se toman denuncias? Me refiero a que si a mi me estafan por 1.000 pesos (por mencionar un monto) seguramente voy a pensar que no vale la pena hacer la denuncia, que la movida me va a generar más gastos o esfuerzos de lo que voy a recuperar en términos nominales. Y que al propio Estado no le conviene que le presenten esas denuncias, porque el operativo que tiene que poner en marcha (sueldos y tiempo de personas) es mayor al del daño en juego… 

-Va a depender mucho del caso, en general cuando se vulnera una cuenta bancaria el ciberdelincuente lo hace para llevarse mucho dinero y no una suma ínfima, aunque sí se ponderan los escasos recursos humanos dedicados a la temática por sobre lo que se debe afrontar. En general, en casos de vulnerar cuentas bancarias, los números son grandes, de 6 o 7 cifras. Hemos visto casos de 9 cifras inclusive en los que las perjudicadas fueron algunas empresas o entidades.

-¿Por qué funcionan las estafas? A veces pareciera que las estrategias son muy burdas…

-Funcionan en la medida que las hacen cada vez más creíbles o muy robustas. Y también porque están apelando a una necesidad o emoción: a todos nos gusta recibir regalos. Juegan con la realidad económica o con la espera de una respuesta, o con el sorteo de algo, con cualquier expectativa en general. La idea sería dudar y desconfiar de cada mensaje que nos llega. 

-¿Qué creés que falta para la prevención de este tipo de delitos?

–Ponerlo en la agenda pública: que sea enseñanza obligatoria en escuelas, en campañas de concientización en las empresas y en organismos privados y públicos, en cualquier ámbito laboral, que sea tomado en cuenta en la actividad comercial. Que se hable y se haga lo propio en cada persona que maneja un dato o una información personal.

-¿Cuáles son las medidas preventivas que más recomendarías? 

–Muchas pero, por mencionarte un par de ejemplos: pese a que recientemente -marzo pasado- la Secretaría de Comercio, a través de la resolución 87/2024, estableció que los comercios acerquen al cliente las terminales para pagos electrónicos, conocidas como ‘posnet’, de manera tal que el usuario nunca pierda de vista su tarjeta de crédito o débito durante la transacción, aún no se ha hecho tan efectiva o popular. Los consumidores lo desconocen o no reclaman y los comerciantes no cumplen. 

Por caso, las entidades bancarias han ido de a poco dando información, enviando mails, agregando leyendas en los cajeros automáticos, sobre formas de prevenir estafas digitales; y esto sucedió -en gran medida- debido al aumento de este fenómeno delictivo que se dio en la pandemia. 

Un ejemplo más lo tenemos en comercios que obtienen copias de documentos de identidad, relleno de formularios, fotocopias de tarjetas que nos piden -ni hablar de cuando esto se solicita por redes sociales-. ¿Qué se hace con esa información cuando se descarta? ¿Cómo se elimina? ¿Se hace de forma segura?

Debemos trabajar más fuerte en estos temas y generar conciencia. Con poco se puede hacer mucho.

La ciudad tiene una tasa alta de población de personas mayores, jubiladas o pensionadas. ¿Hay muchos delitos relacionados específicamente con este sector?

– La experiencia indica que todos los sectores sociales son vulnerables. Es más, muchas veces las personas de la tercera edad están más cautas porque desconocen el funcionamiento de la tecnología o bien porque son más desconfiadas y consultan. Por lo contrario, hemos visto casos de personas en actividad comercial o profesional que han sido más propensas a entregar datos y caer en estafas de este tipo.