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octubre 10, 2024
Lo de Acá

La disputa por Mogotes, las tasas municipales bajo la lupa y un marplatense en medio de la fractura de la UCR

La Provincia rechazó el pago de la deuda para recuperar el complejo de balnearios. Una medida de Nación complica el cobro de un tributo importante para la ciudad. Abad apoyó la Ley de Movilidad Jubilatoria y tomó distancia de algunos correligionarios.

La puja por Mogotes

Como era de esperarse, la Provincia rechazó el pago de unos $14 millones que pretendía hacer el municipio para recuperar el complejo de Punta Mogotes.

Mediante una carta documento firmada por Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo, la Gobernación esgrimió que la Administración de Punta Mogotes (APM) es una entidad pública e interjurisdiccional, por lo que General Pueyrredon “no mantiene deuda alguna” con la misma.

A su vez, la funcionaria resaltó que la comuna no tiene “competencia administrativa” para realizar pagos a la APM. Y exhortó al intendente Guillermo Montenegro a abstenerse de realizar “cualquier pago”. De lo contrario, se podría notificar tal hecho al Tribunal de Cuentas bonaerense, órgano de contralor que, en caso de encontrar irregularidades, podría aplicar sanciones.

“La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar”, aseguró Montenegro en sus redes el martes pasado.

Acto seguido, firmó un decreto para lograr avanzar con la municipalización del complejo de 24 balnearios, con el objetivo de consignar la deuda en la Justicia, ámbito donde seguramente se terminará resolviendo este conflicto.

Montenegro instruyó a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda a realizar “los actos y actuaciones necesarias” para cancelar la deuda con la APM. Y ordenó llevar a cabo “todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias” para lograr recuperar el complejo de balnearios.

La historia, sin dudas, continuará.

Tasas bajo la lupa

Una reciente resolución del Gobierno Nacional activó las alarmas en el Ejecutivo: la Secretaría de Industria prohibió que los municipios puedan aplicar tasas en las facturas de los servicios públicos. Y otorgó un mes para adecuarse a la nueva disposición.

En el plano local, esto podría impactar en la tasa de la Girsu (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), que está incorporada en la boleta de Obras Sanitarias, aunque luego los fondos son transferidos al Emsur (Ente Municipal de Servicios Urbanos). El dinero se destina al mantenimiento del predio de disposición final y al diseño de políticas ambientales.

Por el momento, en el gobierno municipal estudian alternativas para sostener el tributo. Más aún teniendo en cuenta que se incorporó a la boleta de Obras Sanitarias para que tenga mayor cobrabilidad, algo que se dificultaría si se recaudara por separado.

Un marplatense en la interna radical

Mientras la Unión Cívica Radical (UCR) se prepara para las elecciones partidarias en territorio bonaerense y también a nivel local, el panorama nacional muestra a un partido fragmentado ante el Gobierno de Javier Milei.

Ello se dejó entrever una vez más el miércoles pasado, cuando la Cámara de Diputados no logró sumar los dos tercios necesarios para voltear el veto del presidente a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que buscaba aumentar los haberes en el sector previsional.

La votación terminó con 153 votos a favor de insistir con la norma, 87 negativos y 8 abstenciones; se necesitaban reunir 166 sufragios para alcanzar los dos tercios.

Un grupo de cinco radicales (Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi) votaron en contra del mismo proyecto que habían impulsado en junio. Mientras que hubo otras dos ausencias que colaboraron con el oficialismo (Roxana Reyes y Gerardo Cipollini).

Frente a esta situación y ante un partido dividido, el senador nacional -y marplatense- Maximiliano Abad sentó posición.

“El veto presidencial a la recomposición jubilatoria, que confirmó la Cámara de Diputados, es una decisión insensible e injustificada. Hay fondos para cumplir la ley, pero no quieren hacerlo.  Lo que para el Gobierno es un triunfo político, para la sociedad es un dolor enorme”, planteó el todavía presidente del Comité Provincial de la UCR.

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