A 20 años de la masacre que tuvo lugar en República Cromañón la noche del 30 de diciembre de 2004, Bacap dosifica el panorama en tres actos.

Por Martina Migliorisi

La demanda principal

Actualmente, los sobrevivientes militan en diversas organizaciones, pero aún con sus diferencias, las metas son un punto de encuentro constante. En medio de los actos para conmemorar y recordar a las víctimas de la negligencia estatal que perdieron la vida la noche del 30 de diciembre de 2004, una demanda se alza con la fuerza de un huracán: la expropiación y recuperación de República Cromañón para reconvertirlo en un Espacio de Memoria. El proyecto, que había conseguido su reglamentación antes del cambio de gobierno, está pausado desde que Javier Milei asumió la presidencia. Desde entonces, segura Página 12, las agrupaciones no tienen ninguna novedad. 

Sin la intervención estatal, el inmueble sigue a cargo de Rafael Levy, dueño original del edificio y quien alquilaba el ídem a Omar Chabán.

La Ley Vitalicia

Para los sobrevivientes de Cromañón, la revictimización es moneda corriente. Y es que, amén del trato mediático irresponsable y amarillista con el que a diario deben lidiar, el propio Estado reabría sus heridas cada tres años, lapso en el que se actualizaba el padrón para la asistencia económica.

La Ley aprobada en el marco del vigésimo aniversario de la masacre pretende eliminar dicha revictimización, además de corregir los errores del proceso original. Una de las denuncias que las organizaciones hicieron de forma pública consiste en las imprecisiones del padrón, que no solo estaba atrasado y cerrado, sino que había dejado afuera a muchos sobrevivientes y familiares de víctimas. Así las cosas, la asistencia estatal jamás consiguió ser totalmente útil. 

Hoy, con el documento reabierto, las críticas siguen presentes: sólo se podrán inscribir quienes hayan accedido a programas de salud por las secuelas de la masacre hasta agosto de este año (2024)

Por otra parte, esta Ley pretende reemplazar el término «tragedia» por «masacre», comprendiendo a una tragedia como un hecho impredecible e inevitable y a una masacre como el resultado de la negligencia.

Las condenas inconclusas, la justicia que jamás llegó

Por la causa Cromañón se procesaron, en total, a 26 personas. 21 de ellas recibieron condenas y solo 18 pasaron por la cárcel.

Omar Chabán, condenado a 20 años de prisión por «estrago doloso seguido de muerte», murió en prisión domiciliaria a causa de un linfoma de Hodgkin, en 2014. 

Raúl Villarreal, mano derecha de Omar Chabán y considerado cómplice de la masacre por parte de la Justicia, fue condenado a 18 años de prisión. En 2014 fue excarcelado.

Diego Argañaraz, mánager de Callejeros, fue hallado culpable de los delitos de incendio doloso calificado y cohecho activo, por lo que fue condenado a 18 años de prisión.

Anibal Ibarra, entonces jefe de gobierno porteño, no recibió condena alguna. De hecho, en 2008 fue sobreseído y, dos años más tarde, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Para los magistrados, “la Jefatura de Gobierno sólo debe intervenir en la medida que conozca que sus inferiores incumplen con sus obligaciones específicas, entretanto, resulta indispensable mantener la confianza de que el inferior habrá de ejercer adecuadamente sus facultades. Es decir, sólo en caso de tomar conocimiento que el inferior incumple con los deberes a su cargo deberá actuar en forma directa en el ejercicio de su poder jerárquico, y de no hacerlo podría incurrir en una conducta con significación jurídico penal”. En 2006 fue destituido por juicio político. 

Además, recibieron condenas diversos funcionarios públicos: Carlos Díaz (exsubcomisario de la comisaría 7°) fue condenado a 8 años; Fabiana Fiszbin  (exsubsecretaria de Control Comunal) fue condenada a 4 años; Ana María Fernández (exdirectora adjunta de Fiscalización y Control), 2 años y 10 meses, y Gustavo Torres (exdirector general de Fiscalización y Control), 3 años y 9 meses. 

Daniel Cardell, escenógrafo, fue condenado a 3 años de prisión.

Los integrantes de Callejeros fueron absueltos en primera instancia (2008-2009), decisión que fue rectificada tras una apelación por la Cámara Federal de Casación Penal en 2011. Entonces, considerados partícipes necesarios, fueron condenados entre 5 y 7 años. En 2017 obtuvieron la libertad condicional Elio Delgado, Christian Torrejón y Juancho Carbone, mientras que a Maximiliano Djerfy se le otorgó prisión domiciliaria. Este último falleció en 2021, a causa de un infarto.

La condena de Eduardo Vázquez, entonces baterista del conjunto, quedó opacada en 2010, cuando asesinó a su esposa, Wanda Taddei, y fue sentenciado a prisión perpetua. 

Actualmente, no hay presos por la masacre de Cromañón.