Un grupo de mujeres que fueron víctimas de abuso sexual por parte de Eduardo Valerio Pedroso han alzado su voz para exigir que la Justicia no conceda su libertad condicional. Pedroso fue condenado en 2007 a 22 años de prisión por delitos de abuso sexual en perjuicio de 10 mujeres en hechos ocurridos entre 2003 y 2005. Sin embargo, ahora se analiza la posibilidad de que obtenga este beneficio.

La posibilidad de su liberación ha generado un fuerte rechazo tanto en las víctimas como en organismos de derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección General de Políticas de Género, expresó su «enérgico rechazo» a la liberación anticipada del condenado en un documento que se presentó ante el juzgado y que se pidió se tenga en cuenta a la hora de analizar la situación. «Es indispensable el cumplimiento de la totalidad de la condena impuesta en situación de encierro, sin acceso a la prisión domiciliaria o la libertad condicional», manifestaron.

El Tribunal que lo condenó dio por probados los abusos cometidos por Pedroso, quien actuó de manera violenta, amenazando a sus víctimas con armas de fuego y, en al menos un caso, robando sus pertenencias. Las víctimas tenían entre 16 y 21 años al momento de los ataques.

El pedido que se analizará

Una de ellas, identificada como MD, fue citada por el Poder Judicial el pasado 2 de enero para ser notificada sobre la posible audiencia en la que el juez Pablo Galarreta analizará la solicitud de libertad condicional. MD se presentó y manifestó su total rechazo a la concesión de este beneficio, pidiendo además ser informada sobre el desarrollo del proceso. Tras enterarse de la situación, se comunicó con el resto de las víctimas, quienes no habían sido notificadas formalmente.

A partir de su iniciativa, otras mujeres que fueron atacadas por Pedroso también presentaron espontáneamente su oposición a la medida. «Nuestra seguridad está en riesgo si este hombre vuelve a las calles. No podemos permitir que la Justicia nos abandone nuevamente», expresó una de ellas.

La Ley de Víctimas (27.372) establece que las personas afectadas por delitos graves tienen derecho a ser escuchadas en todas las etapas del proceso judicial. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos subrayaron que la posible liberación de Pedroso no solo pone en peligro a las víctimas, sino que también representa una grave amenaza para la sociedad. «La liberación anticipada de un condenado por abuso sexual constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», destacaron.

La efectividad de las penas

El reclamo de las víctimas y organismos se enmarca en una preocupación mayor sobre la efectividad de las penas impuestas a agresores sexuales. La posibilidad de que Pedroso recupere la libertad antes de cumplir su condena completa genera indignación y temor en quienes fueron afectadas por sus crímenes.

«Queremos justicia real. No podemos permitir que se repitan errores del pasado. La condena debe cumplirse en su totalidad», concluyó una de las víctimas.

Mientras el juez analiza la situación, el pedido de las víctimas resuena con fuerza en la comunidad y entre quienes defienden sus derechos. La decisión final marcará un precedente sobre cómo el sistema judicial argentino responde ante casos de violencia de género y delitos sexuales.