La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza promete cambios en el Ejecutivo. El cierre de listas dejó a varios legisladores fuera de acción a partir del 10 de diciembre. Las compensaciones urbanísticas, un debe de la política local.

 

Cambios en el Ejecutivo

Los comicios de este año cambiarán la configuración del Gobierno municipal. En primer lugar, por la candidatura a senador bonaerense del intendente Guillermo Montenegro. Al no ser testimonial, es muy probable que en diciembre, o quizás antes, ceda su lugar al, hasta ahora, concejal Agustín Neme.

Pero los cambios también se avizoran en la integración del Ejecutivo a partir de la alianza entre el Pro y La Libertad Avanza, en la que no está incluida la Unión Cívica Radical (UCR), que decidió competir en los comicios del 7 de septiembre con la boleta corta.

El radicalismo forma parte de áreas muy relevantes en la estructura municipal. Encabeza las secretarías de Desarrollo Social (Vilma Baragiola), Participación Ciudadana y Descentralización (Gustavo “Tato” Serebrinsky), Obras (Jorge González), Educación (Fernando Rizzi) y la presidencia de Obras Sanitarias (Carlos Katz).

En la última semana, en declaraciones al programa radial Vencedores y Vencidos, el exintendente Daniel Katz consideró que los funcionarios radicales “deben presentar la renuncia” sin esperar a que Montenegro se los pida.

Si bien no hubo indicios de movimientos en el Ejecutivo, es casi una certeza que habrá cambios a partir de la incorporación de funcionarios vinculados a La Libertad Avanza, posiblemente a partir de diciembre. Así ha sido siempre, de acuerdo a los usos y costumbres de la política.

Sin lugar

El cierre de listas confirmó que el Concejo Deliberante tendrá una fuerte renovación en los nombres, ya que hay varios ediles que no podrán renovar su mandato.

En el esquema oficialista, Angélica González, Guillermo Volponi y Mercedes Morro, del bloque Vamos Juntos, se despedirán del Legislativo en diciembre. Los dirigentes acumulan dos mandatos consecutivos y, de acuerdo a la normativa actual -que la Legislatura busca volver a modificar- no están habilitados para una re reelección.

En tanto, sí podrán ir por un nuevo periodo Florencia Ranellucci, que ocupa el segundo lugar en la lista de La Libertad Avanza. Y Fernando Muro, que ingresó también al Concejo en 2021, pero luego se tomó licencia para asumir como secretario en el Ejecutivo.

Cristian Beneito, por su parte, buscará revalidar su escaño; pero para ello el oficialismo deberá replicar los números de 2021, cuando ingresaron 8 concejales.

En el radicalismo, la actual presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero -esposa del jefe del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad- no podrá renovar su banca ya que no será candidata en la nómina boina blanca, al igual que Gustavo Pujato. 

En tanto, Daniel Núñez se mantiene en una zona gris, ya que ocupa el cuarto lugar en la boleta corta de la UCR, por lo que necesitará una gran elección para continuar en el Legislativo.

En Unión por la Patria, Virginia Sívori, que acumula dos periodos, y Miguel Guglielmotti no continuarán luego del 10 de diciembre. 

Quien sí tiene chances es Mariana Cuesta, que encabeza la nómina de Fuerza Patria, el nuevo nombre de la alianza para los próximos comicios.

En el Frente Renovador, Ariel Ciano terminará su mandato.

La ordenanza que nunca llega

El manejo de los tiempos muchas veces exhibe la falta de voluntad política frente a determinados temas. Esto se vio con la nueva prórroga que acordó el Concejo para la presentación de una ordenanza reglamentaria para las compensaciones urbanísticas.

La intención es regular el incremento de los índices de construcción y la modificación de los usos autorizados por el Código de Ordenamiento Territorial (COT). Se trata de medidas avaladas en reiteradas oportunidades por el Concejo -en general bajo el argumento de que se generan nuevas fuentes de trabajo- para habilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

De esta manera, las empresas del sector pueden construir edificios en zonas no habilitadas por el COT, en general con más pisos de los permitidos.

¿Qué son las compensaciones urbanísticas entonces? A partir del beneficio que obtienen empresas por poder construir a través de excepciones a la normativa, el municipio le encomienda obras que representen una mejora para un determinado barrio o para la ciudad a modo de compensación o “aporte”. 

En 2021, el Legislativo aprobó crear una comisión para que discuta y elabore un proyecto para implementar un régimen de compensaciones. El objetivo es tener un criterio claro y objetivo ante cada emprendimiento inmobiliario.

Sin embargo, tras casi cuatro años, se han otorgado gran cantidad de prórrogas para la confección del tan esperado proyecto de ordenanza. La última vencía hoy, pero el oficialismo, con el acompañamiento de los libertarios, logró aprobar una nueva extensión por seis meses, que vencerá recién en febrero de 2026.

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