Dos meses atrás, el Gobierno de Javier Milei dispuso nuevas reglas para las y los periodistas acreditados en Casa Rosada. Se trata de una modificación que busca emular las prácticas de la Casa Blanca. Incluye nuevas restricciones de acceso, circulación y ejercicio del periodismo, que ahora se evalúa con un sistema de puntos para determinar quién trabaja y quién no. Cómo afectan estos cambios a la tarea periodística en Casa de Gobierno. 

Por Natalia Muñoz

Argentina vive un momento particular (¿cuándo no?). Resulta llamativo que un presidente que alcanzó el poder gracias a su constante aparición en los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, ahora busque restringir el acceso a la información pública y arremeta contra esos mismos medios. Esta situación se da en un contexto de creciente hostilidad impulsada desde el propio gobierno hacia periodistas y el ejercicio del periodismo. Es un giro inesperado, aunque, para muchos, no impredecible.

El presidente Javier Milei se vanagloria de su nueva campaña: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, o NOLSALP, como se resume por estos tiempos toda consigna. Es un capítulo más dentro de una larga serie de agresiones y restricciones que impone su gobierno a la tarea informativa. 

Lejos de hacer un racconto histórico que incluya, por caso, el cierre de la agencia nacional de noticias TELAM, o el ataque sistemático y teledirigido hacia la comunicadora y directora de radio Futurock Julia Mengolini, esta nota pretende indagar en las últimas medidas dictadas por el gobierno nacional y sus organismos en detrimento del derecho constitucional al acceso a la información.

Casa Rosada

“Adorni solo hace conferencias cuando quiere y ha estado casi un mes sin encabezar una”, dijo a Bacap Nicolás Gallardo, periodista acreditado en Casa Rosada y en el Congreso, sobre el portavoz y Secretario de Comunicación y Medios de la actual gestión nacional.

Gallardo avanza en su enumeración: “Si bien era algo muy escueto, a comienzos del año dejaron de mandar ‘una agenda’ con actividades del gabinete”. En las últimas semanas, entonces, las y los periodistas acreditados en Casa Rosada no cuentan con información oficial brindada por el funcionario designado para ello, no cuentan con documentos que certifiquen la agenda del Presidente Javier Milei y sus ministros, y no pueden circular por zonas habitualmente habilitadas a la prensa que les permiten ser testigos de movimientos (entradas, salidas, reuniones, etc.) que hacen a la tarea oficial nacional diaria. “Por supuesto que uno tiene fuentes y se mueve para conseguir información, pero no corresponde que se oculte información pública”, sostuvo el profesional.

Las restricciones de movilidad y permanencia son parte de las nuevas disposiciones incluidas en la Resolución 1319/2025 publicada el 23 de mayo en el Boletín Oficial. El documento dispone nuevos parámetros para la acreditación, permanencia y ejercicio del periodismo dentro de Balcarce 50. ¿De qué se tratan?

Ay, la falacia

Hay algunos parámetros de la Resolución publicada que permanecen confusos. Según explicó Nicolás Gallardo, “en la declaración jurada que debemos firmar para acreditarnos hay varios artículos extraños, uno de ellos remarca que podrán auditar nuestra tarea y si ellos consideran que es falaz, es plausible de expulsión”. 

Se refiere al Artículo II inciso C del Anexo I de la Resolución, que rige que “Ante el supuesto de registrarse una conducta indecorosa o temeraria por parte de los acreditados y/o participantes que altere el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno, la Autoridad de Aplicación podrá suspender o revocar la acreditación otorgada y el acceso a la misma”. No se explicita qué se entiende como “conducta indecorosa o temeraria”, solo se menciona previamente que “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar (sic)” son consideradas faltas graves. 

Si, el Gobierno considera una falta grave que un periodista acreditado saque fotos. 

Otra de las flamantes disposiciones afecta el espacio dispuesto para que periodistas puedan realizar su trabajo. De 80 periodistas acreditados previo a la Resolución, se dispuso que las Salas de Periodistas y de Conferencias contengan a no más de 25 y 36 personas, respectivamente: no hay lugar físico para el periodismo.

“El tema que más preocupa es sobre nuestra presencia en los sectores públicos de Rosada”, dijo a este medio Gallardo. No hay donde permanecer y cada vez hay menos sitios donde está permitido circular y trabajar. “Desde que se publicó el decreto no podemos permanecer en ningún lugar de libre circulación para cualquier persona que trabaje ahí”, explicó y agregó que si pasan o se detienen por algunos de esos puntos, “viene un grupo de oficiales de Casa Militar a pedir que nos retiremos”. ¿Y si se rehúsan? Se los considera en rebeldía, lo que configura una falta grave, y por ello les pueden quitar la credencial. 

Esto es así, por caso, en el famoso Patio de Las Palmeras de Casa Rosada. Allí se puede ver cuándo ingresan funcionarios. “Parece algo menor, pero estar al tanto de los movimientos del Gobierno nos permitió saber el ingreso de Hayden Davis, por el caso $LIBRA, y así con otras polémicas visitas en gobiernos anteriores”, dijo Nicolás. 

Davis es un empresario estadounidense quien se consideró asesor del Presidente, y es creador de la polémica criptomoneda $LIBRA, por la cual Javier y Karina Milei, entre otros, son investigados por la Justicia. Un detalle no es.

Dirección

Hay un elefante en la sala: las nuevas restricciones para la prensa son en perjuicio del ejercicio periodístico a la vez que resultan beneficiosas para medios e influencers simpatizantes del gobierno. 

En la experiencia de Gallardo, la decisión persigue el objetivo de “fomentar el ingreso a cuentas libertarias”: “Sugieren que debemos estar en relación de dependencia e instan por el prestigio de los medios, pero buscan que ingresen influencers solo por sus métricas. Es extraño”, ilustró. 

Qué se cuenta

Las alarmas también se encendieron en los grupos de trabajo de la TV Pública. Si bien es natural que ante cada cambio de gobierno haya modificaciones en el aparato de medios estatal, ante recientes hechos las y los trabajadores de la TV Pública debieron hacer una serie de aclaraciones sobre su tarea. 

“Los trabajadores del noticiero de TV Pública NO compartimos ni somos responsables de la línea editorial que impone este gobierno en nuestra pantalla”, advirtieron desde la red social X. 

Lo publicaron días después de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a raíz de la decisión de las autoridades del canal de no incluir en la programación testimonios de quienes se oponían al fallo de la Corte: “[La gerencia] nos impide hablar de su proscripción”. 

De un conflicto se muestran todas las posturas involucradas, o al menos así debiera ser en el ejercicio del periodismo. Pero para la administración actual del aparato de medios públicos ello no es un principio de la profesión, sino una opción descartable. 

Para el equipo de profesionales de la TV Público, lo ordenado sobre la cobertura de la condena a CFK no es novedoso, sino costumbre: “Es metodología de censura que se aplicó con el conflicto del Garrahan en la que abundaron las voces oficiales pero no la de trabajadores, y sobre el disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo cuando cubría una marcha de jubilados”, advirtieron. 

Mejor no hablar de ciertas cosas.