Desde BACAP buscamos conocer de primera mano las propuestas de todos los candidatos a primer concejal de General Pueyrredon de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Para eso, los entrevistamos bajo un mismo esquema: cuatro preguntas sobre los ejes que más preocupan a los marplatenses —desigualdades entre barrios y servicios básicos, apoyo a pymes e inversiones, seguridad y revisión del Código de Ordenamiento Territorial— con el objetivo de comparar ideas, proyectos y visiones de cada espacio político.
Cabe aclarar que los candidatos Fernando Muro (Alianza La Libertad Avanza), Marcelo González (Construyendo Porvenir), Jorge Ribera (Unión Liberal), Néstor Troiano (Valores Republicanos), Cristina Bogarín (Es con vos, Es con nosotros) y Jésica Rodríguez (Unión y Libertad) decidieron no participar de la entrevista o no respondieron a la invitación.
¿Qué propone para reducir desigualdades entre barrios y garantizar servicios básicos para todos?
Nosotros vemos una desigualdad que hay más a nivel general, producto del fracaso del capitalismo a nivel nacional, pero también se ve a nivel municipal. La Argentina no crece hace 10 años y eso es producto de que el capitalismo no puede garantizar precisamente este crecimiento. El PBI desde 2008 viene cayendo y esto provocó un ensanchamiento en la desigualdad, que ya es obsceno: mientras que los laburantes no llegamos a fin de mes y tenemos el drama del pluriempleo, las 10 familias más ricas del país se enriquecieron en un 77% sus riquezas.
Esa desigualdad macro también se traduce en los barrios, que son los más perjudicados y olvidados por el municipio. Falta obra pública: hay barrios que todavía no tienen gas natural, agua, cloacas; las calles se inundan; el transporte público es un monopolio que no garantiza recorridos útiles para los trabajadores. Yo trabajo en una escuela del barrios Autódromo y el colectivo me deja a diez cuadras, y otro pasa cada una hora.
Por eso planteamos un plan de obras públicas con gran inversión del PBI, bajo control de trabajadores y usuarios. También creemos en la estatización del transporte, que hoy funciona como un negociado empresarial y no como un servicio al vecino.
¿Cuáles son sus ideas para atraer inversiones y ayudar a las pymes?
Lo que vemos es un «industricidio» del gobierno de Milei: destruye la industria nacional, el mercado interno, abre las importaciones y mata la producción local. Esto se traduce en despidos y suspensiones que también golpean en General Pueyrredon. Además, los empresarios que sí están no invierten lo que deberían: se invierte en Argentina un 10% menos que el promedio mundial, acumulando medio PBI jugado en timba financiera.
Para revertir esto, proponemos un salario mínimo de 2 millones de pesos, lo que reactivaría el consumo interno y la productividad. Y para las pymes que no puedan sostener ese costo, el Estado debe garantizar ayuda. No puede ser siempre el trabajador el que cargue con el fracaso del capitalismo.
¿Qué haría para mejorar la seguridad y coordinar con Provincia y Nación?
La seguridad hay que tratarla de forma integral, no solo punitivista, porque así nunca se resuelve el problema de fondo. ¿Qué pasa en los barrios? ¿Qué pasa con los pibes? Hoy, sin oportunidades, muchos terminan en la calle o trabajando para el narcotráfico, donde ganan más que en diez changas. Antes, las organizaciones sociales daban alternativas con deporte, cultura o talleres, pero fueron desmanteladas.
Necesitamos políticas que devuelvan perspectivas a los jóvenes y frenen el avance de las mafias. También hay que mencionar la violencia de género, que aumenta año a año y necesita un presupuesto real para medidas concretas. El Ministerio de la Mujer del gobierno anterior fue un cascarón vacío: coincidimos con su creación, pero sin recursos no alcanza. La seguridad debe ser integral y con presupuesto para los sectores más vulnerados.
¿Qué postura tiene sobre la revisión del Código de Ordenamiento Territorial y cómo equilibrar crecimiento con preservación del patrimonio?
Siempre que se haga una reforma, lo que tiene que primar son los intereses de los vecinos, no los del mercado. Los códigos buscan proteger el medio ambiente y el espacio urbano, pero terminan violados por excepciones que favorecen al sector inmobiliario.
Se necesita una planificación urbana democrática y racional, que decida cuánto espacio verde debe haber, qué se puede construir frente a la costa y cómo preservar el patrimonio. Hoy, por ejemplo, en la costanera hay edificios que tapan el sol porque se violan las alturas máximas. Tampoco tenemos espacios verdes suficientes para la ciudad que habitamos.
Las reformas pueden ser necesarias, pero deben garantizar participación ciudadana, sostenibilidad y prioridad de los intereses colectivos sobre los del mercado inmobiliario.