Organismos de derechos humanos cuestionaron el origen del expediente que habilitó el emprendimiento para el bar de Restinga. “El documento inicial es falso”, sostuvo el abogado César Sivo.
La polémica por el proyecto para instalar un bar de la destilería Restinga en un predio municipal lindero al Faro de la Memoria sumó un nuevo capítulo, luego de una conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos, sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la ex ESIM y abogados cuestionaron duramente el origen del expediente que habilitó el emprendimiento.
De la actividad participaron el abogado querellante César Sivo, integrantes de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, los sobrevivientes Alberto Pellegrini y Pablo Mancini, el abogado Jorge Bilbao, el ex preso político Carlos Cervera y representantes de la agrupación Nietes Mar del Plata, entre otros.
Durante la conferencia, los expositores insistieron en que el proyecto impulsado para el terreno ubicado en Avenida de los Trabajadores al 5700 no sólo plantea una discusión urbanística o administrativa, sino también un debate sobre el valor histórico del lugar y su vínculo con el circuito represivo de la última dictadura.
“El expediente arranca con un documento falso”
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el cuestionamiento al origen del expediente administrativo que derivó en la ordenanza municipal que habilitó el uso del predio.
El abogado César Sivo aseguró que, a partir de declaraciones testimoniales realizadas en una causa contencioso administrativa que busca anular la ordenanza, surgieron contradicciones respecto de la presentación inicial realizada por la Sociedad de Fomento Faro Norte.
“Lo que surgió de las declaraciones es exactamente lo contrario a lo que habían sostenido en esa nota inicial”, afirmó Sivo.
Según el abogado, en esas declaraciones los representantes de la entidad habrían reconocido que el documento presentado ante el municipio no fue elaborado por la propia sociedad de fomento.
“Reconocen que el documento no lo hicieron, que no tenían ninguna propuesta ni cultural ni social ni ningún beneficio para el barrio y que el documento lo hizo directamente la gente de la Restinga”, sostuvo.
A partir de esa situación, el letrado planteó que el expediente administrativo podría haberse iniciado con información incorrecta.
“Estaríamos partiendo de la base de que es un expediente que arranca con un documento falso”, afirmó durante la conferencia.
Cuestionamientos al canon del predio
Sivo también cuestionó el monto del canon establecido para el uso del terreno municipal, que, según señaló, el Concejo Deliberante lo fijó en 250 mil pesos mensuales, una cifra que calificó como “irrisoria” en relación con el valor comercial de un espacio con vista al mar.
“Estamos hablando de un lugar privilegiado junto al mar pagando un canon que es más barato que alquilar un ambiente en Mar del Plata”, sostuvo.
El abogado consideró que, de acuerdo con su interpretación, el esquema beneficiaría principalmente a la empresa privada.
“Te cobro muy bajo y el único que se beneficia en sí es el empresario”, afirmó.
La cautelar y las pericias solicitadas
Durante la conferencia también se refirieron al estado de la causa judicial en la que se discute la preservación del predio.
Sivo explicó que se solicitaron nuevas medidas de prueba, entre ellas estudios del Equipo Argentino de Antropología Forense para analizar el terreno.
Según detalló, una de las pericias pedidas es la detección de fósforo en el suelo, lo que podría indicar la presencia de restos óseos.
“Si vos ponés cemento sobre huesos, difícilmente después puedas encontrar algo”, señaló el abogado al explicar por qué consideran necesario suspender cualquier obra en el lugar.
El letrado también recordó que en investigaciones sobre crímenes de la dictadura han existido hallazgos de restos humanos décadas después de los hechos, como fue el reciente caso de La Perla, en Córdoba.
El reclamo de los organismos
Durante la conferencia también habló Irma Piñero, integrante de organismos de derechos humanos, quien cuestionó la postura del municipio sobre el alcance territorial del centro clandestino de detención que funcionó en la ESIM.
Según expresó, quienes vivieron en la ciudad durante la dictadura recuerdan que el predio militar abarcaba una extensión mayor que la que actualmente se reconoce.
“Todo ese espacio pertenecía a la ESIM y era parte del centro clandestino de detención”, sostuvo.
Piñero cuestionó duramente la posibilidad de instalar un emprendimiento gastronómico en el lugar. “No pueden poner una destilería de gin arriba de los huesos de nuestros muertos”, afirmó.
En ese sentido, los organismos plantearon que el destino del predio debería vincularse con la preservación de la memoria y no con actividades recreativas o comerciales.
Un conflicto que continúa
«No se puede jugar con un tema parcelar y además con algo tan mezquino y tan fuera de lugar como decir: ´»Voy a poner un centro de ocio», expresó ante la prensa César Sivo y remarcó que hay que «preservar» el lugar ya que no «no hay duda que es un centro clandestino de detención».
Mientras, la Justicia Federal debe decidir qué hacer con las pruebas presentadas por los organismos de derechos humanos, si convocará al Equipo Argentino de Antropología Forense para analizar el terreno, si extenderá el plazo que frena las obras o si no hará nada al respecto.
El caso discute no solo la legalidad de la ordenanza, si no también cómo nos vinculamos con la memoria con las víctimas del terrorismo de Estado.