La necesidad de aplicar perspectiva de género aparece una y otra vez en alegatos, sentencias y resoluciones. Un recorrido por casos emblemáticos de Mar del Plata que muestran cómo la propia Justicia reclama una mirada que todavía sigue en discusión.
Por Juan Salas
—Tenemos que hacer todos los días un esfuerzo para ver las cosas desde la perspectiva de género —parte alegato del fiscal Daniel Vicente en el primer juicio por la muerte de Lucía Pérez, noviembre de 2018.
Resulta llamativo que dentro de los tribunales haya que pedir algo que, en teoría, debería ser parte de la tarea cotidiana de administrar justicia: recordarle a la Justicia que sea justa. Recordarle que sea justa. Reclamarle que sea justa. Pedirle por favor que sea justa.
Desde hace años Argentina atraviesa un debate que se reabre con cada abuso sexual, ataque contra cualquier mujer, que sangra por la herida de cada Chiara Páez, Lucía Pérez o Agostina Vega: la necesidad de un sistema judicial con perspectiva de género y, por qué no, con un poco de empatía.
El debate no implica que se pida favorecer a una de las partes ni abandonar la objetividad, sino comprender que los hechos ocurren dentro de contextos sociales determinados, atravesados por relaciones de poder, desigualdades y formas específicas de violencia.
Cuando se habla de perspectiva de género no se reclaman privilegios para las mujeres, se discute cómo mirar los hechos. Qué preguntas hacer. Qué elementos valorar. Qué prejuicios evitar. En definitiva, se plantea que la Justicia no puede analizar determinados casos como si ocurrieran en un vacío.
Quizás por eso resulta significativo que buena parte de los reclamos más contundentes en favor de la perspectiva de género surjan también desde el propio sistema judicial, en juicios.
Lucía Pérez y el juicio que cambió la discusión
El caso paradigmático es el de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que murió en 2016 y que, al día de hoy, su familia mantiene vivo el reclamo para que la Justicia tenga perspectiva de género y condene a Matías Farías por femicidio.
El primer juicio por la muerte de la adolescente marplatense terminó con un fallo que fue posteriormente anulado por la Cámara de Casación bonaerense por carecer de perspectiva de género. Aquella decisión marcó un punto de inflexión en la discusión judicial sobre la violencia contra las mujeres.
Durante ese debate oral, Daniel Vicente desarrolló un alegato que todavía hoy aparece como una referencia para comprender de qué se habla cuando se reclama perspectiva de género en la Justicia.
“No hay que ver lo sucedido con una perspectiva sesgada al género femenino, sino de género”, sostuvo el fiscal durante su alegato ante el Tribunal Oral N° 1 compuesto por los jueces Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas. Y explicó que esa mirada busca identificar las diferencias de poder que existen entre hombres y mujeres y que muchas veces permanecen naturalizadas.
Vicente remarcó que debía ponerse el foco en las asimetrías de poder que existían entre Lucía Pérez y Matías Farías. Para el fiscal, el contexto que rodeó la muerte de la adolescente debía analizarse como una situación de violencia de género en la que la víctima había sido cosificada y convertida en un instrumento para la satisfacción sexual de los imputados.
“El victimario cosifica a la mujer, la considera un mero instrumento para la satisfacción de su apetito sexual”, sostuvo durante un alegato que dejo en claro qué se habla cuando se habla de perspectiva de género dentro de los tribunales.
Una obligación que también atraviesa a la Justicia Federal
En la Justicia Federal también se repiten los llamados a incorporar una mirada de género al momento de investigar y juzgar determinados delitos.
Durante el juicio contra Christian Gilberto Bustos, acusado de explotar sexualmente a dos exparejas y abusar de la hija adolescente de una de ellas, el fiscal federal general subrogante Carlos Fioriti sostuvo que era necesario “abandonar el sesgo androcentrista que naturaliza y posibilita estos hechos”.
El representante del Ministerio Público recordó además que Argentina asumió compromisos internacionales a través de instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
“La ineficacia judicial frente a hechos de violencia contra las mujeres lo que hace es propiciar un ambiente de impunidad y facilitar la perpetración de estos actos en el tiempo”, advirtió y sostuvo, en diversos juicios, que la vulnerabilidad de las mujeres constituye un fenómeno complejo que trasciende los sistemas jurídicos domésticos y que exige respuestas específicas por parte de los operadores judiciales.
Cuando la perspectiva de género no alcanza para una condena
Sin embargo, la incorporación de esta mirada no solo depende de la Justicia. Un caso recordado fue el juicio por jurados por la denominada violación grupal ocurrida en el camping El Durazno, en el que los jurados concluyeron que los imputados no eran culpables del abuso sexual de una chica de 14 años..
Tras la absolución de los tres acusados, el fiscal Guillermo Nicora destacó que el debate había sido «impecable» desde el punto de vista procesal y remarcó que el juez había impartido instrucciones claras con perspectiva de género al jurado popular.
La decisión dejo una pregunta en la sala: ¿alcanza con enunciar la perspectiva de género para que ésta impacte efectivamente en el resultado de un proceso judicial?
La controversia se profundizó luego de escuchar las declaraciones de la defensora Noelia Agüero, quien sostuvo que el caso demostraba que “las mujeres son más libres” y que la denunciante había realizado un relato que, según su interpretación, no era verídico.
El caso expuso que las discusiones sobre cómo interpretar la violencia sexual y cómo aplicar la perspectiva de género debería atravesar a toda la sociedad.
Entre los principios y las decisiones
En diciembre de 2024, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata sostuvieron expresamente que la investigación y el juzgamiento de delitos contra la integridad sexual, especialmente cuando involucran a personas vulnerables, deben realizarse con perspectiva de género.
Sin embargo, en esa misma sentencia condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su hija cuando era niña y resolvieron no ordenar su detención inmediata al considerar insuficientemente acreditados los riesgos procesales planteados por la acusación.
La decisión exhibió la distancia que muchas veces existe entre los principios que se enuncian y las consecuencias concretas que producen las sentencias.
Diez años después
Diez años después de la muerte de Lucía Pérez parece que volvemos al mismo punto de partida.
Fiscales, jueces, defensores, abogados y especialistas continúan reclamando que la violencia contra las mujeres sea analizada considerando los contextos en los que ocurre. La necesidad de aplicar perspectiva de género aparece una y otra vez en alegatos, resoluciones y sentencias.
Sin embargo, el caso que se convirtió en símbolo nacional de ese reclamo también expone una de las mayores contradicciones del sistema judicial argentino.
El primer juicio fue anulado por carecer de perspectiva de género. Años después, un nuevo tribunal condenó a Matías Farías por femicidio. Pero esa calificación fue dejada sin efecto por la Cámara de Casación y hoy, a una década de los hechos, la Justicia argentina sostiene que Lucía Pérez no fue víctima de un femicidio.
Que el caso de Lucía Pérez todavía se discuta es también lo que mantiene la discusión vigente sobre la perspectiva de género en la Justicia.
Porque mientras numerosos operadores judiciales insisten en la necesidad de mirar los hechos desde una perspectiva de género, algunas de las decisiones más trascendentes continúan generando interrogantes acerca de cuánto de esa mirada logra efectivamente traducirse en sentencias que reparen a las víctimas, a toda la sociedad.
Y porque si la propia Justicia sigue reclamando perspectiva de género desde sus estrados, sus alegatos y sus sentencias, es porque entiende que todavía queda un largo camino por recorrer.