La cantidad de personas que no pueden pagar sus deudas hoy en Argentina es la más alta de las últimas dos décadas. En esta nota, especialistas en economía, derecho y salud mental explican las causas, consecuencias y respuestas posibles a este fenómeno.
Por Bautista Marrero y Camila Spoleti
En Argentina, hablar de deudas no es algo nuevo. La historia del país está profundamente marcada por el ciclo de endeudamiento externo, un fenómeno que sigue planteando debates al día de hoy. Sin embargo, en este último tiempo, la palabra deuda cobra un nuevo sentido dentro de la conversación pública: ahora la usamos para hablar de lo que nos pasa acá, puertas adentro.
La discusión actual sobre el endeudamiento se disparó principalmente por un dato alarmante: las tasas de morosidad en el sector privado, que incluye tanto empresas como familias, se encuentran en picos históricos. Según los datos del Banco Central relevados por un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en junio de 2026 la irregularidad de los créditos bancarios de las familias llegó al 12,8%, mientras que en las empresas alcanzó el 3,5%. Como señala el mismo informe, no se registran niveles tan elevados desde la crisis de 2001, cuyo pico histórico de morosidad llegó al 32,7% en septiembre de 2003.
También aumentaron tanto la cantidad de personas endeudadas como el monto que debe, en promedio, cada una. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas registraban algún tipo de financiamiento y la deuda promedio por deudor alcanzaba los $4,1 millones, un 24,7% más que el año anterior en términos reales.
Para Alejandro Leis, economista marplatense y especialista en finanzas, el crecimiento del endeudamiento familiar refleja las diferencias que atraviesan a la economía argentina: “Tenemos una economía dual, donde hay una parte que crece como el petróleo, el gas y la minería, centrados principalmente en Cuyo y Neuquén. Pero en el Gran Buenos Aires y los centros urbanos, ese crecimiento no se nota”, explica.
Según el economista, esta diferencia también responde a la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. La caída del salario real es, para Leis, el principal motivo del aumento del endeudamiento de las familias. El economista plantea que, aunque desde el gobierno sostienen que ha habido una mejora, esto se debe a que el Ministerio de Economía considera en su cálculo la evolución del salario informal, un dato estimado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, por lo tanto, menos preciso. Por su parte, el Índice de Salarios del INDEC reveló que, en junio, los salarios privados registrados aumentaron un 29,6% interanual, por debajo del 33,5% de inflación.
“El aumento de los precios por encima de los salarios durante estos últimos dos, tres años hace que la gente no llegue a fin de mes y tenga que recurrir a la única herramienta que les queda disponible: el endeudamiento”, afirma Leis.
El endeudamiento para llegar a fin de mes
Un informe publicado por la CTA Autónoma en abril de este año señala que los préstamos personales y las tarjetas de crédito son las modalidades que presentan mayor deterioro, es decir, las formas de financiamiento más vinculadas al consumo y al acceso inmediato al crédito. En cambio, otros tipos de financiación, como los créditos hipotecarios, no registran aumentos tan abruptos en los niveles de morosidad.
El dato sugiere que una parte importante del endeudamiento no está vinculado a grandes inversiones, sino a los gastos cotidianos. Como afirma Alejandro Leis, “la gente se está endeudando para comer, para llegar a fin de mes, para pagar los servicios que aumentaron significativamente por encima de la inflación”.
Además, cuando el crédito se empieza a utilizar para cubrir los gastos del día a día, funciona como una cadena de nuevos endeudamientos que se extiende mes a mes. “Al cuarto mes ya estás pagando los costos de los endeudamientos acumulados, más los costos mensuales entonces, entrás en un espiral descendente de endeudamiento, con tasas y sobretasas por los atrasos y las moras en los pagos”, explica Leis. A las dificultades económicas para afrontar los gastos cotidianos, se suma entonces el costo de financiar esas deudas.
Tasas desreguladas
En diciembre de 2023, el DNU 70/2023 llamado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” introdujo modificaciones en la Ley de Tarjetas de Crédito que flexibilizaron la regulación de los intereses y eliminaron algunos de los límites que podían cobrar las entidades. Esto amplió el margen de los bancos para fijar las tasas de interés que cobran a sus clientes.
Alejandro Leis, explica que, actualmente, hay una fuerte diferencia entre las tasas de los plazos fijos, que rondan el 20%, y los costos financieros totales de los préstamos, que están por encima del 100% en la mayoría de los bancos. De este modo, sostiene: “La diferencia entre la tasa que cobra el banco y la tasa que paga el banco, el spread bancario, es decir, la ganancia del banco, es relativamente alta”.
Frente a un contexto en el que muchos de los deudores se encuentran en mora, los bancos cobran tasas cada vez más altas para cubrir pérdidas y mantener sus ganancias. Quienes logran afrontar las cuotas deben destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de intereses, y quienes tienen dificultades para hacerlo, recurren a otras alternativas de financiamiento.
El crédito a un clic
En los últimos años, las billeteras virtuales y empresas fintech ampliaron las posibilidades de acceso al crédito. Plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X ofrecen préstamos con menos requisitos que las entidades financieras tradicionales y permiten acceder al crédito incluso a personas que quedan por fuera del sistema bancario formal.
Como están sujetas a aún menos regulaciones que los bancos, las fintech pueden cobrar tasas considerablemente más altas que, según Leis, no pueden justificarse únicamente por el riesgo de incumplimiento. A diferencia de las entidades financieras tradicionales,las plataformas utilizan modelos automatizados para evaluar el perfil y el comportamiento de cada usuario, por lo que las condiciones del préstamo pueden variar de una persona a otra.
La facilidad para acceder a estos créditos lleva a que más personas recurran a ellos sin tener la capacidad de pagarlos o sin conocer por completo sus costos. Esta situación se refleja en el aumento de la morosidad en las fintech, que pasó de estar en el 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026. El informe del CEPA muestra que, al considerar conjuntamente la mora con bancos y la mora con billeteras virtuales, la irregularidad total de las familias ronda el 15,5%.
En agosto, el Gobierno bonaerense abrió una investigación sobre distintas billeteras virtuales después de recibir 2.240 denuncias. Entre las empresas se encuentran Mercado Pago, Naranja, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. La Provincia pidió que informen cómo determinan las tasas de interés y cómo se compone el Costo Financiero Total de los préstamos, mientras que también cuestionó la falta de información clara y las tasas que, en algunos casos, superan el 1.000%.
¿Tasas altas o usura?
Para Rafael Luena, abogado especializado en Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia, más allá de la mora, el problema está en el abuso de las tasas. Explica que, aunque en nuestro país no existe ninguna previsión legal para solucionar concretamente este tipo de situaciones de morosidad o sobreendeudamiento, existen herramientas que permiten intervenir cuando el costo financiero resulta desproporcionado.
Entre ellas se encuentra el artículo 771 del Código Civil y Comercial, que permite a los jueces reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado de su aplicación exceden el costo medio del dinero para operaciones y deudores similares.
La discusión sobre la usura aparece cuando, además de cobrar intereses elevados, existe un aprovechamiento de la situación de quien necesita acceder al crédito. “La usura de la que se habla es de la explotación de la necesidad, del abuso de esa necesidad que tiene el tomador del préstamo para cobrarle una tasa excesiva”, explica Luena. En determinadas circunstancias, esa conducta puede configurar el delito de usura.
El artículo 175 bis del Código Penal contempla el delito cuando hay un aprovechamiento de la necesidad, inexperiencia o falta de conocimiento de una persona para cobrarle intereses o ventajas económicas excesivas. Además, si la Justicia considera abusivos esos intereses, el dinero que el deudor pagó de más puede utilizarse para reducir el monto de la deuda.
¿Un problema entre privados?
La discusión que atraviesa el endeudamiento actualmente es hasta dónde llega la responsabilidad del Estado, la de quienes prestan y la de quienes toman el crédito. El debate tomó fuerza después de que Javier Milei sostuviera que la refinanciación de las deudas es “un problema entre privados” y que trasladar su resolución al Estado implicaría hacer que otros paguen por esas decisiones. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”, planteó el presidente.
Días después, Luis Caputo volvió sobre la misma idea, aunque reconoció que existen tasas “abusivas” en algunas billeteras virtuales. Sin embargo rechazó una intervención estatal directa y planteó que el problema debía resolverse entre las entidades financieras y sus clientes.
El 20 de agosto, la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones sociales marcharon al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento de las deudas familiares. En el documento que entregaron al ministro Luis Caputo pidieron, entre otras cosas, que el Banco Central intervenga sobre las tasas de interés y que se implemente un programa de refinanciación para familias y pymes.
Apenas un día después, el presidente volvió a referirse al tema, esta vez en el marco de su discurso por el 142° Aniversario de la Bolsa de Rosario. “No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad”, afirmó. Además, desestimó el problema, argumentando que las tasas de morosidad que hoy se registran en Argentina son similares a las de otros países, y señaló como ejemplo a Estados Unidos y Chile.
En relación a esto último, Alejandro Leis explica que las de Estados Unidos y Chile son, precisamente, economías que se caracterizan por tener niveles de endeudamiento particularmente altos.
Para el economista, el endeudamiento puede ser formalmente un problema entre privados, pero se deriva de problemas macroeconómicos que se están viendo en la sociedad. Desde esta perspectiva, reducir el endeudamiento a una decisión individual deja afuera las condiciones que empujan a las familias a recurrir al crédito para sostener gastos cotidianos.
“Es un poco lavarse las manos, es no querer asumir un costo político porque va en contra de lo que el gobierno pregona de libertad económica”, plantea Leis.
Las repercusiones de no poder sostener el proyecto de vida
Pablo Della Savia, presidente del Colegio de Psicólogos Distrito X, observa que el costo de vivir endeudado no es solo económico y que cuando desde las autoridades se instala un discurso que responsabiliza al individuo, el impacto en la salud mental se agranda: “Si ya es difícil sobrellevar alguna situación a la cual no podemos dar respuesta, tenés dos problemas, no solo no podés resolverlo, sino que encima te hacen sentir que sos incapaz”.
Para Della Savia, la interrupción del proyecto de vida, la pérdida de estabilidad y la imposibilidad de encontrar una respuesta frente a la situación pueden generar angustia, dolor, preocupación y desesperanza. Según el motivo por el que la persona se endeuda, el impacto cambia.
No es lo mismo endeudarse para proyectar que hacerlo para sobrevivir. Un crédito para comprar una casa, una heladera o realizar un viaje supone, en principio, una mejora en la calidad de vida y la posibilidad de cumplir con esa obligación a lo largo del tiempo. Pero cuando la deuda se utiliza para financiar la vida cotidiana, el sentido cambia por completo. “Lejos de ser algo con lo que uno proyecta una mejora, implica un nivel de supervivencia que en principio muestra la dificultad de sostener la vida cotidiana, lo cual inevitablemente genera angustia, dolor, preocupación y, en la espiral de no poder afrontar ese endeudamiento, esto se incrementa naturalmente”, explica.
Sin embargo, el psicólogo advierte que sería un error convertir automáticamente ese malestar en una enfermedad. “No es que hay una patología de base o algún cuadro que pueda llegar a ser abordado en un proceso psicoterapéutico, sino que son reacciones esperables ante un contexto arrasador”, señala.
A eso se suma que la propia posibilidad de acceder a atención psicológica puede verse afectada por la crisis económica. Della Savia señala que hay personas que discontinuaron sus consultas como parte de los gastos que recortan para ahorrar. Al mismo tiempo, advierte sobre el deterioro de las prestaciones públicas de salud mental, que reduce las alternativas para quienes no pueden afrontar una consulta privada.
Cortar la cadena
Para los especialistas consultados, la salida del endeudamiento no se logra únicamente porque cada hogar logre ordenar sus cuentas. Las respuestas posibles aparecen en distintos niveles y van desde aliviar el costo de las deudas existentes hasta modificar las condiciones que llevan a las familias a recurrir al crédito para sostener gastos básicos.
Desde la economía, Alejandro Leis plantea que una de las herramientas más inmediatas sería refinanciar las deudas a tasas más bajas, con una intervención del Banco Central que permita coordinar a las entidades financieras. La idea, explica, sería tomar el stock de deuda acumulada y transformarlo en un nuevo crédito con condiciones que permitan volver a pagar. Según el economista, una medida de este tipo podría aliviar a los deudores y, al mismo tiempo, ayudar a los bancos a sanear sus balances, afectados por el aumento de la morosidad.
Pero la refinanciación tiene un límite. “Si el salario real no repunta, por más que las refinancies y las refinancies, en un momento hay que pagar”, advierte Leis. Por eso, para el economista, cualquier salida de fondo debería contemplar también la recuperación del salario real, que identifica como una de las causas centrales del actual deterioro de la capacidad de pago.
Desde el derecho, Rafael Luena señala que una de las principales soluciones pasa por establecer reglas específicas para quienes se encuentran en una situación de sobreendeudamiento. “La persona sobreendeudada necesita una solución integral”, sostiene. En ese sentido, plantea la necesidad de una legislación que contemple la situación particular de estos deudores y permita ordenar sus obligaciones, además de establecer límites frente a tasas que pueden profundizar el problema.
En el plano más inmediato, Luena señala que existen herramientas de defensa del consumidor que pueden ayudar a quienes no pueden afrontar una representación legal privada. Las oficinas municipales pueden intervenir ante los reclamos y buscar acuerdos con los acreedores, aunque sus facultades son limitadas frente a una situación de sobreendeudamiento que requiere una resolución judicial. Para el abogado, ampliar esas herramientas sería clave para que las personas endeudadas no queden obligadas a enfrentar individualmente a cada acreedor.
Para Della Savia, sin embargo, ninguna de estas medidas alcanza si se pierde de vista qué hay detrás de la deuda: la imposibilidad de proyectar una vida con cierta previsibilidad. El psicólogo sostiene que las respuestas deben ir más allá de la atención individual del malestar: “Las personas necesitamos un contexto social donde podamos desarrollar nuestro proyecto vital”, uno que permita tener algún grado de certidumbre hacia adelante.
Las respuestas, entonces, apuntan a distintos momentos del problema: refinanciar para aliviar el peso de las deudas, crear herramientas legales para quienes ya no pueden afrontarlas y atender las consecuencias que el endeudamiento tiene sobre la vida cotidiana. Todas encuentran un límite en las condiciones que rodean a quien pide prestado.
La deuda puede firmarse entre dos partes pero las condiciones que llevan a contraerla no se escriben solamente entre ellas, también están el salario, las tasas de interés y las reglas que determinan cuánto margen queda para vivir después de pagar. El Estado también forma parte de esa ecuación.
En Argentina, hay 5,91 millones de personas que tienen pagos atrasados. 3,6 millones de personas tienen deudas sin pagar hace un año. Miles de hogares donde las cuotas se acumulan y cada nuevo sueldo llega con una parte destinada a pagar lo que quedó del mes anterior.
Después queda el resto: hacer cuentas, estirar, esperar, pedir. Y volver a empezar. Pagar el mínimo de la tarjeta, fiar en el almacén, pedir prestado y esperar unos días más. Si los ingresos no alcanzan para vivir sin pedir plata al mes siguiente, ninguna respuesta por sí sola alcanza para cortar la cadena.