Desde el 5 de septiembre los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados penalmente. Una jueza y un fiscal del fuero juvenil advierten que Mar del Plata deberá absorber una mayor cantidad de casos con dispositivos que ya están saturados, poco personal y una estructura territorial que consideran insuficiente.
El debate terminó hace meses terminó y comienza la implementación. Desde el sábado 5 de septiembre entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado penalmente en la Argentina.
La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La propia norma estableció un plazo de 180 días para su entrada en vigencia. A partir de entonces, el sistema penal deberá investigar, juzgar y eventualmente sancionar también a adolescentes de 14 y 15 años que hasta ahora eran considerados no punibles.
En febrero, cuando el Congreso todavía discutía la reforma, BACAP analizó qué había detrás del reclamo por bajar la edad de imputabilidad: las estadísticas sobre delitos juveniles, las condiciones de los dispositivos de encierro y, fundamentalmente, qué respuestas ofrece el Estado antes de que un chico llegue al sistema penal.
Seis meses después, la discusión cambió. La ley ya fue sancionada y ahora hay que aplicarla en una ciudad (y país) cada vez más conmocionado por hechos de inseguridad y violencia que suceden a diario y que se reproducen de manera incansable en redes sociales.
Sin embargo hoy la pregunta es otra: ¿está preparado Mar del Plata?
Para la jueza del Juzgado de Garantías del Joven Nº2, Mariana Iriani, y el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Walter Martínez Soto, la respuesta está lejos de ser tranquilizadora. Ambos advierten que el nuevo régimen aumentará la cantidad de adolescentes que ingresarán al sistema, mientras los recursos humanos, los dispositivos de alojamiento y los equipos encargados de acompañarlos siguen siendo prácticamente los mismos.
Casi un centenar de nuevos imputables vinculados al delito
Iriani parte de una experiencia concreta. Durante el último año, desde su juzgado realizaron un relevamiento de los adolescentes de entre 14 y 15 años que aparecieron vinculados a causas penales en Mar del Plata.
Hasta ahora, por su edad, esos chicos eran considerados no punibles. Desde el sábado, esa situación cambiará.
“Yo creo que nadie está preparado”, sostuvo la magistrada al analizar la implementación de la nueva ley. Según explicó, el régimen nacional fue aprobado sin una consulta suficiente respecto de las condiciones materiales que cada jurisdicción tendría para aplicarlo.
El relevamiento realizado desde su juzgado permitió identificar entre 70 y 100 adolescentes de 14 y 15 años que ya tuvieron algún tipo de participación en hechos delictivos junto con otros jóvenes. No significa que todos vayan a quedar detenidos ni que necesariamente vuelvan a delinquir, pero sí permite dimensionar un universo que, hasta ahora, quedaba por fuera de la persecución penal ordinaria y que desde septiembre podrá ingresar plenamente al sistema.
Para la jueza, el impacto será inmediato sobre una estructura que ya funciona al límite. Mar del Plata cuenta con una capacidad para mantener detenidos a 24 jóvenes, por lo que anticipa que las plazas disponibles terminarán saturadas.
“Va a haber saturación de los espacios porque ninguno estaba programado ni previsto para un desborde”, advirtió.
Un sistema que ya estaba saturado
Martínez Soto llega a una conclusión similar desde el Ministerio Público Fiscal. Para el fiscal, el problema no empieza el 5 de septiembre: la estructura existente ya tiene dificultades para responder a la demanda actual.
“Materialmente, lo que tenemos hoy para poder alojar jóvenes y hacer el seguimiento, ya sea en libertad o detenidos, con todas las agencias de promoción y protección de derechos, está saturado y seguramente lo vamos a sobresaturar”, explicó.
Hasta ahora, cuando un adolescente de 14 o 15 años era aprehendido, se determinaba su edad y, salvo situaciones excepcionales vinculadas a hechos de extrema gravedad en las que podían disponerse medidas de seguridad, no podía quedar detenido bajo una medida cautelar como ocurre con un joven punible.
Desde el sábado esa situación cambia.
Eso no significa, aclara Martínez Soto, que todos los delitos cometidos por adolescentes deban recibir como respuesta el encierro. El fiscal sostiene que el Poder Judicial deberá realizar un “uso racional” de las nuevas herramientas y diferenciar la gravedad de los hechos.
Pero considera que existen fenómenos delictivos concretos en Mar del Plata en los que la reforma sí tendrá incidencia. Uno de ellos es el robo y posterior encubrimiento de autos y motos, donde asegura haber observado participación de adolescentes de 14 y 15 años.
Según explicó, algunos vehículos son utilizados posteriormente para cometer otros delitos, otros terminan incorporados al circuito ilegal de autopartes y también se detectaron casos en los que jóvenes los utilizaron para exhibirse en redes sociales.
Más causas con el mismo personal
El aumento de la población alcanzada por el sistema no estuvo acompañado, hasta el momento, por un crecimiento equivalente de su estructura.
Martínez Soto explicó que cada una de las cuatro fiscalías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil trabaja actualmente con alrededor de cuatro personas. Su estimación es que serían necesarios al menos dos agentes adicionales por fiscalía, principalmente para reforzar el seguimiento y control de las medidas cautelares y las penas.
“Por el momento no hubo incorporaciones», señaló el fiscal, aunque explicó que las necesidades fueron comunicadas a la Fiscalía General y a la Procuración bonaerense.
La preocupación no se limita a fiscales, jueces o defensores. También alcanza a quienes deben realizar el acompañamiento territorial de los adolescentes.
“Hay pocos efectores, pocos capacitados también y les pagan muy poco”, sostuvo Martínez Soto. Según describió, quienes trabajan en territorio enfrentan situaciones complejas en barrios donde la presencia estatal es débil y donde incluso pueden quedar expuestos frente a estructuras delictivas que operan en esos lugares.
Para el fiscal, incorporar adolescentes de 14 y 15 años al régimen penal sin fortalecer simultáneamente esa red corre el riesgo de ampliar la intervención judicial sin resolver aquello que ocurre antes y después de una causa penal.
“Los pocos recursos que teníamos se desmantelaron”
Iriani es todavía más crítica respecto de la situación local.
La jueza sostiene que el problema no es únicamente que no hayan llegado nuevos recursos para implementar la reforma, sino que Mar del Plata perdió parte de los dispositivos territoriales con los que ya contaba.
“Los pocos recursos que teníamos se desmantelaron”, afirmó.
Entre ellos mencionó la reorganización de los equipos técnicos que funcionaban territorialmente y cuestionó que General Pueyrredon todavía no haya adherido al programa provincial Entramados, una iniciativa que, según explicó, permitiría incorporar nueve cargos distribuidos en tres equipos técnicos para trabajar en los barrios.
Para Iriani, allí está una de las principales falencias de la respuesta estatal: el sistema aparece cuando el chico ya cometió un delito, pero tiene dificultades para intervenir cuando comienzan las primeras señales de desvinculación escolar, consumos problemáticos o conflictividad.
“Son pibes donde se empiezan a desvincular de la escuela, empiezan ya a mostrar síntomas y no hay un servicio que atienda integralmente”, planteó.
La magistrada señaló que busca avanzar en un trabajo articulado entre Justicia, Educación, Salud y Municipio, justamente para intentar intervenir antes de que la respuesta penal se transforme en la única herramienta disponible.
El territorio antes que el expediente
El diagnóstico de ambos operadores judiciales vuelve sobre uno de los puntos centrales que atravesó el debate por la baja de la edad de imputabilidad: qué sucede antes de que un adolescente llegue a tribunales.
Iriani identificó sectores como La Herradura, Las Heras, Libertad y El Martillo entre los territorios donde las instituciones fueron perdiendo presencia y donde, según su análisis, el crecimiento de la venta de drogas dificulta todavía más las intervenciones estatales.
Martínez Soto también cuestiona la idea de que la reforma penal pueda resolver por sí misma el problema de la inseguridad.
“La cárcel para pibes de 14 y 15 años tampoco da respuesta”, planteó. Y puso el foco sobre otro eslabón: los adultos que utilizan a esos adolescentes para cometer delitos.
El fiscal contó que recientemente, durante un debate, surgió información sobre una persona que “regenteaba” jóvenes y los hacía robar. Para Martínez Soto, investigar esas estructuras debe ser parte de la respuesta: perseguir al adolescente que ejecuta el delito sin avanzar sobre quienes lo incorporan a esos circuitos deja intacta una parte central del problema.
Una ley nueva frente a problemas viejos
El nuevo régimen cambia una de las reglas fundamentales del sistema penal juvenil argentino: desde el 5 de septiembre un adolescente de 14 años podrá ser imputado penalmente.
Pero la ley llega a Mar del Plata sobre una estructura que, según quienes trabajan todos los días dentro del fuero, ya mostraba dificultades antes de ampliar su universo de intervención.
Iriani estima que existen entre 70 y 100 adolescentes que ya tuvieron contacto con hechos delictivos y que, por su edad, hasta ahora estaban fuera del régimen de punibilidad. Martínez Soto anticipa que las agencias encargadas de alojar, controlar y acompañar jóvenes quedarán todavía más exigidas. Y ambos coinciden en que no hubo hasta el momento una ampliación de recursos humanos proporcional al cambio que comienza a regir.
El 5 de septiembre terminará una cuenta regresiva de 180 días que comenzó con la publicación de la ley. Pero para el sistema judicial marplatense empezará otra: comprobar si una reforma que amplía la capacidad del Estado para castigar puede funcionar con una estructura que sus propios operadores describen como saturada.
Porque desde el sábado habrá una respuesta penal nueva para los adolescentes de 14 y 15 años. La pregunta que sigue abierta es si también habrá una respuesta estatal nueva para todo lo que ocurre antes de que ingresen a una comisaría y formen parte de un expediente.