El dueño de una gráfica realizó trabajos por más de $40 millones y asegura que quedaron más de $18 millones impagos. En su denuncia sostuvo que confió en la capacidad económica de la firma porque el Municipio le había otorgado la concesión por 30 años. La Fiscalía descartó que hubiera existido una estafa.
Un nuevo reclamo económico se suma a los problemas que atraviesa Minella Stadium S.A. Un proveedor marplatense asegura que realizó trabajos por más de $40 millones en el Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas y que quedaron más de $18 millones pendientes de pago.
En su presentación ante la Justicia, explicó por que aceptó realizar los trabajos y puso el foco en la concesión otorgada por el Municipio de General Pueyrredon: sostuvo que el hecho de que la empresa hubiera recibido por 30 años la explotación de dos de los principales escenarios deportivos de la ciudad le generó confianza sobre su capacidad económica.
“¿Qué dudas podrían caber en mi persona sobre las personas que representaban a la sociedad que los funcionarios municipales le habían otorgado la concesión por 30 años?”, planteó J.A.M.L. en una denuncia penal a la que accedió BACAP.
La presentación fue realizada contra Michael Henry Stura, Christian Garrabos y Minella Stadium S.A. por los presuntos delitos de estafa e insolvencia fraudulenta. Sin embargo, la Fiscalía N°10 desestimó la denuncia: consideró que no existían elementos para acreditar el engaño previo necesario para configurar una estafa y entendió que el caso tenía origen en una relación contractual.
La concesión como argumento de confianza
Uno de los puntos centrales del planteo del dueño de una gráfica marplatense está relacionado directamente con la concesión municipal del Minella y el Polideportivo.
Según relató, a fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2025 fue contactado por Stura y Garrabos, quienes, de acuerdo con su versión, se presentaron como representantes de Minella Stadium y encargados de contratar proveedores en Mar del Plata.
El denunciante sostuvo que le manifestaron la posibilidad de convertirse en proveedor de cartelería e impresiones para equipar los dos escenarios deportivos, tanto para los espectáculos como para la señalética de seguridad y orientación.
En su denuncia aseguró que le indicaron que el proyecto contaba con el respaldo económico de Minella Stadium y de sus socios y destacó especialmente otro elemento: pocos días antes, la empresa había obtenido del Municipio la concesión por 30 años del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas.
Para el proveedor, ese antecedente fue determinante al evaluar la contratación. “La solvencia, la capacidad financiera, las posibilidades de cumplimiento parecían por demás claras”, sostuvo.
M.L. comparó además el volumen de su contratación con las obligaciones que había asumido la concesionaria. Según indicó en la denuncia, sus trabajos representaban alrededor de US$25.000, una cifra que consideró menor frente a los $3.600 millones que la empresa se había comprometido a abonar en concepto de canon durante los 30 años.
Fue a partir de ese razonamiento que cuestionó los controles previos a la adjudicación. En su presentación sostuvo que quien contrata con una concesionaria de un espacio público lo hace bajo la creencia de que “el Municipio, como concedente, ha verificado los estándares mínimos de solvencia”.
Trabajos por más de $40 millones
A partir de aquella propuesta, el hombre aseguró que realizó una inversión para afrontar los trabajos y que incluso regularizó su actividad vinculada a la gráfica ante los organismos fiscales para cumplir con las exigencias requeridas para contratar.
Junto a su equipo realizó un relevamiento de las instalaciones y posteriormente avanzó con diferentes tareas en el Minella y el Polideportivo. La denuncia enumera cientos de metros cuadrados de vinilo y lona, carteles colgantes, cuadros VIP, gráfica para puestos gastronómicos, señalética de acceso, stickers para butacas y filas, carteles de evacuación y otros elementos.
Por esos trabajos fueron emitidas dos facturas. La primera, fechada el 17 de diciembre de 2025, fue por $36.014.000. La segunda, del 12 de febrero de 2026, alcanzó los $4.269.940,30.
De esta manera, según la documentación detallada en la presentación judicial, los trabajos contratados alcanzaron un total de $40.283.940,30.
La relación comercial comenzó con pagos. El propio denunciante consignó que Minella Stadium realizó dos desembolsos de $10.804.200, uno el 18 de diciembre y otro el 23 de enero.
Según su relato, fue después cuando comenzaron los problemas. El proveedor sostuvo que la empresa y sus representantes dejaron de mantener contacto con él pese a las intimaciones cursadas para reclamar el cobro. Al momento de realizar la denuncia aseguró que permanecían más de $18 millones adeudados, además de los intereses correspondientes.
Del reclamo económico a la denuncia penal
El dueño de la gráfica decidió llevar el conflicto al fuero penal al considerar que lo sucedido excedía una deuda comercial. Su hipótesis fue que habría existido desde el comienzo una maniobra destinada a generar una apariencia de solvencia que lo llevó a confiar en la empresa, invertir dinero y realizar los trabajos.
En ese punto, el denunciante realizó afirmaciones especialmente fuertes sobre la situación económica de Minella Stadium. Sostuvo que la empresa “jamás fue solvente” y que nunca habría contado con una capacidad financiera acorde a las obligaciones que implicaba la concesión. También afirmó que el presunto capital con el que la firma ingresó al proceso licitatorio sería “inexistente”.
Se trata de afirmaciones del denunciante que no fueron acreditadas por la decisión de la Fiscalía.
Precisamente, la denuncia intentó demostrar que el caso no debía resolverse únicamente como una controversia entre privados. “No basta, además, ni puede circunscribirse la cuestión a un mero incumplimiento contractual”, sostuvo en su presentación.
Su argumento fue que Stura y Garrabos no se habían presentado como simples particulares que requerían un trabajo, sino como representantes de una empresa que acababa de recibir la explotación por tres décadas de dos bienes municipales y que eso había contribuido a generar la confianza necesaria para aceptar la contratación.
La Fiscalía no encontró un engaño previo
La Fiscalía N°10 no compartió esa interpretación y desestimó la denuncia.
Según los fundamentos de la decisión a los que accedió BACAP, el fiscal Luis Ferreyra consideró que los hechos relatados no reunían los requisitos exigidos para configurar una estafa en los términos del artículo 172 del Código Penal.
En particular, sostuvo que “no se vislumbra la existencia de un ardid o engaño” que hubiera hecho incurrir en error al proveedor para que, sobre la base de una falsa realidad, realizara una disposición patrimonial.
La Fiscalía puso además el foco en cómo había comenzado y evolucionado la relación comercial. Entendió que se trató de un vínculo originado a partir de la celebración de un contrato que, según el propio relato del denunciante, “se inició sin sobresaltos” y culminó con el incumplimiento del pago convenido.
La diferencia resulta determinante para establecer si un incumplimiento contractual puede convertirse en una estafa. Según señaló el Ministerio Público, para que una situación de esas características pueda ser criminalizada debe probarse que la intención de generar el error y perjudicar a la víctima existía desde el inicio de la relación.
La Fiscalía entendió que esa circunstancia no surgía de los hechos denunciados y, por ese motivo, descartó la configuración del delito.
La decisión no determina si existe o no la deuda reclamada por el proveedor, ni resuelve el eventual derecho del proveedor a cobrarla. Lo que descarta es que los hechos denunciados permitan configurar penalmente una estafa.
Un nuevo frente alrededor de Minella Stadium
El reclamo aparece en un escenario atravesado por los interrogantes sobre la situación económica de Minella Stadium y el desarrollo de la concesión. La empresa ya quedó bajo la lupa por cheques rechazados y dificultades para afrontar obligaciones, mientras el Municipio también avanzó en el análisis de modificaciones en la composición societaria de la concesionaria.
La concesionaria solicitó autorización para transferir el 87,5% de sus acciones a Perfeta Producciones S.A., firma vinculada al empresario Marcelo Fígoli, fundador de Fénix Entertainment y uno de los principales productores de espectáculos del país. La operación implicaría que Perfeta pase a controlar prácticamente la totalidad de la sociedad que tiene a su cargo el Minella y el Polideportivo.
El cambio todavía requiere el aval municipal. Como establece el artículo 17 del pliego, una transferencia de esas características necesita autorización previa, expresa y escrita del Municipio. Por ese motivo, el Ejecutivo conformó una comisión especial con representantes del Emder, Legal y Técnica, Contaduría y Contrataciones, encargada de analizar la documentación y determinar si Perfeta reúne las condiciones económicas, técnicas, jurídicas y patrimoniales necesarias para asumir el control de la concesionaria.
Sin embargo, este caso suma otro elemento. El proveedor fue contratado durante los primeros meses de funcionamiento de la concesión, realizó trabajos dentro de los dos escenarios deportivos, recibió pagos parciales y todavía reclama más de $18 millones.
Su intento de llevar el conflicto al terreno penal no prosperó: para la Fiscalía, los elementos expuestos no permiten sostener que Minella Stadium y sus representantes hubieran desplegado desde el inicio un ardid destinado a engañarlo.
Sin embargo, al explicar por qué decidió asumir aquella contratación, el proveedor señaló una circunstancia concreta: la concesión por 30 años otorgada por el Municipio había sido para él una señal sobre la capacidad de la empresa para afrontar sus compromisos.
Esa percepción no convierte al Municipio en parte de la deuda ni fue convalidada por la Fiscalía. Pero incorpora una pregunta al debate que atraviesa la concesión desde que comenzaron a conocerse los problemas financieros de Minella Stadium: qué controles se realizaron sobre la capacidad económica de la empresa antes de entregarle por tres décadas la explotación del Minella y el Polideportivo.