Cuatro personas están acusadas de integrar una organización que habría facilitado la radicación irregular de extranjeros provenientes de Medio Oriente a cambio de hasta US$30.000. La investigación comenzó por un ciudadano egipcio que, según información de inteligencia, tendría vínculos con un exagente operativo de Al-Qaeda buscado por las autoridades de su país. Matrimonios simulados, falsos empleos, pasos fronterizos clandestinos y el uso de la figura del refugio forman parte de una trama que funcionó durante al menos tres años.
La historia comienza con un hombre que llegó a la Argentina desde Egipto en noviembre de 2022 y pidió ser admitido como refugiado. Meses después inició en Mar del Plata los trámites para obtener la ciudadanía argentina y presentó como cónyuge a una mujer domiciliada en la ciudad. Pero había un dato sobre sus antecedentes que encendió las alarmas de los organismos de inteligencia, su nombre aparecía vinculado al de un exagente operativo de Al-Qaeda que era buscado por las autoridades de Egipto por su intervención en actividades terroristas.
Aquella pista abrió una investigación que, más de tres años después, desembocó en una acusación diferente. No se imputa a los investigados pertenecer o colaborar con la organización terrorista. Lo que los fiscales federales sostienen que encontraron fue una estructura que operaba desde Mar del Plata para facilitar la permanencia irregular de extranjeros en la Argentina a cambio de dinero.
Ahora, los fiscales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich solicitaron que cuatro de los acusados sean llevados a juicio.
La pista que llegó hasta Mar del Plata
La causa comenzó formalmente en marzo de 2024 a partir de una investigación preliminar de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), luego de una denuncia de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad Nacional.
El punto de partida fue aquel ciudadano egipcio que había ingresado al país en noviembre de 2022 y solicitado su admisión como refugiado.
Tiempo después, el hombre inició ante la Delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones el trámite para obtener la ciudadanía y declaró como familiar a su cónyuge, una mujer radicada en la ciudad. Los investigadores también determinaron que trabajaba para el ciudadano marroquí que posteriormente terminaría imputado en la causa.
Con colaboración de agencias internacionales, UFECO comenzó entonces a investigar si el egipcio y sus contactos en la Argentina podían desarrollar actividades vinculadas con el crimen organizado, con Mar del Plata como centro de operaciones.
La pesquisa quedó radicada inicialmente ante la Fiscalía Federal N°2 y, después de la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción, pasó al Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata.
La Central de Investigaciones de Prefectura Naval Argentina realizó tareas de campo, analizó bases de datos, documentación migratoria, legajos administrativos y comunicaciones, algunas de ellas en árabe.
Lo que apareció detrás de aquella primera pista fue otra trama.
Una estructura para conseguir residencia y ciudadanía
Según la acusación, los investigados habrían conformado una organización dedicada a promover y facilitar de manera habitual la permanencia ilegal de extranjeros en la Argentina, principalmente de origen árabe, aunque los investigadores no descartaron personas de otras nacionalidades.
La fiscalía ubica su funcionamiento al menos desde 2022 hasta el 13 de noviembre de 2025, cuando se realizaron los operativos que terminaron con las detenciones. El negocio consistía, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en cobrar dinero a cambio de encontrar distintas vías para que los extranjeros pudieran ingresar, permanecer o radicarse en el país.
Los mecanismos variaban.
La investigación detectó matrimonios simulados con ciudadanos argentinos, domicilios conyugales falsos y relaciones laborales inexistentes. También se habrían proporcionado rutas para ingresar a través de pasos fronterizos no habilitados y, en otros casos, mecanismos para permanecer en el país después de haber entrado legalmente.
Incluso, según los fiscales, se utilizaron teléfonos que pertenecían a los propios integrantes de la estructura para dar apariencia de legalidad a los trámites migratorios.
Otra herramienta era la figura del refugio. La investigación sostiene que era utilizada para conseguir residencias precarias y avanzar posteriormente con otros trámites migratorios, en lugar de recurrir a ella como mecanismo de protección internacional.
“Lo más conveniente, legal y tranquilo es el matrimonio”
Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente permitieron a los investigadores reconstruir parte del funcionamiento.
En una de esas conversaciones, la mujer siria que los fiscales consideran la principal responsable de las maniobras explicaba una de las posibilidades:
“En mi opinión, deberías entrar a Argentina de forma irregular, hacer la residencia por refugio, luego casarte y pedir la ciudadanía. Y salir también de forma irregular, pero con entrada regular por Brasil”.
En otra comunicación planteaba directamente la alternativa del casamiento:
“Lo más conveniente, legal y tranquilo es el matrimonio. Te casas por un año y medio, luego te divorcias”.
Los precios también quedaron registrados.
De acuerdo con el procesamiento, los matrimonios ficticios o convenidos podían costar US$5.000 solamente por el casamiento y otros US$2.800 por el posterior divorcio. El paquete completo para conseguir matrimonio y ciudadanía podía ascender a US$26.000 o US$30.000.
En otra escucha, después de informar que cobraba US$26.000 por una maniobra, la mujer comparó el valor con lo que supuestamente se pagaba en otro país:
“¿Sabes cuánto cobran por eso en Brasil? 75.000 dólares, te lo juro. Porque estás obteniendo la ciudadanía para ti y para tus hijos. Toda tu familia la obtiene. No es solo para un individuo”.
En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía sostiene que la mujer ofrecía sistemáticamente a terceras personas diferentes alternativas —legales e ilegales— para conseguir residencia o ciudadanía argentina y que las contraprestaciones oscilaban entre US$25.000 y US$30.000.
Una casa para recibir extranjeros
La investigación también permitió identificar un inmueble de la calle Gascón que habría cumplido un papel importante dentro de la estructura.
Según la acusación, la mujer siria administraba uno de los inmuebles utilizados como centro de recepción y alojamiento de extranjeros. Entre otras acciones, habría acompañado a una pareja de ciudadanos turcos a realizar trámites migratorios para renovar sus residencias precarias y recibido dinero de ellos sin respaldo documental.
El ciudadano tunecino también aparece relacionado con esa propiedad. Al momento de dictar los procesamientos, el juez Santiago Inchausti consideró que era administrador del inmueble y que asesoraba a las personas interesadas en conseguir la residencia.
El ciudadano marroquí, en tanto, habría administrado también la propiedad, participado como testigo de uno de los matrimonios simulados y figurado como empleador de uno de los extranjeros para otorgarle apariencia de regularidad laboral ante Migraciones.
La estructura, además, no habría terminado en Mar del Plata.
Los investigadores detectaron comunicaciones fluidas con personas radicadas en Medio Oriente, que habrían funcionado como puntos de contacto para coordinar el ingreso de extranjeros y realizar gestiones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes. A partir de esos elementos se dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Siete operativos, armas y municiones
La investigación salió definitivamente de los expedientes y las escuchas en noviembre de 2025. A pedido del Ministerio Público Fiscal, Prefectura Naval realizó siete operativos simultáneos y una orden de presentación en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y la Ciudad de Buenos Aires. Las cuatro personas que ahora enfrentan el pedido de juicio fueron detenidas.
En una vivienda de la calle Gascón también fue encontrada una pareja de origen turco.
Los procedimientos dejaron además un importante secuestro de armas y municiones: nueve armas de fuego y siete armas blancas, entre ellas una carabina Ruger 9 milímetros, un fusil de repetición Sabatti ST-18 calibre .308, una carabina CZ calibre .22 y un subfusil Walter MP5 calibre .22.
También encontraron 3,470 kilos de pólvora para recarga, una máquina para recargar vainas, 1.765 cartuchos calibre .22, 861 municiones calibre 9 milímetros, 380 proyectiles calibre .308, 4.200 fulminantes y más de 2.600 puntas para recarga de diferentes calibres. Se secuestraron además dinero, computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, agendas y documentación.
Cuatro acusados camino al juicio
En diciembre de 2025, Inchausti procesó a los cuatro principales investigados. La mujer siria quedó con prisión preventiva, mientras que para los otros tres acusados se establecieron cauciones personales de entre $30 millones y $100 millones. El juez dispuso además embargos de hasta $200 millones.
Los procesamientos de la mujer siria, el ciudadano tunecino y el argentino fueron posteriormente confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Ahora, los fiscales Eyherabide, Mángano y Marquevich solicitaron formalmente la elevación a juicio.
La mujer siria, de 53 años, está acusada como autora del delito de promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio argentino con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio, agravado por haber hecho de ello una actividad habitual.
El ciudadano tunecino, de 33 años, y el marroquí, de 51, deberán responder, según el requerimiento fiscal, como partícipes necesarios del mismo delito. El argentino, de 62 años, está acusado como partícipe secundario.
Para los fiscales, las comunicaciones analizadas exhibieron “el grado de organización reinante y una muestra acabada de las conductas ilícitas que H.H. desplegó para facilitar el ingreso y residencia de extranjeros en el territorio nacional, sorteando los mecanismos de control estatal con asistencia legal y contable para concretar tales propósitos”.
La mujer para la que pidieron el sobreseimiento
No todos los involucrados llegarían al juicio. La fiscalía solicitó el sobreseimiento de una argentina de 46 años que se había casado con uno de los inmigrantes para favorecer su permanencia en el país.
Los fiscales consideraron que su participación debía analizarse teniendo en cuenta sus condiciones de vida y con perspectiva de género. Se trata de una mujer que quedó a cargo de siete hijos después de la muerte de su pareja, entre ellos una niña con una discapacidad severa que requiere cuidados permanentes, y que no había podido completar su educación formal.
Según el Ministerio Público Fiscal, fue “ese estado de necesidad material y de sobrecarga de cuidado el que la tornó vulnerable frente al ofrecimiento económico que, según todo indica, le acercaron los aquí imputados”.
La fiscalía entiende así que quienes supuestamente organizaron el matrimonio se habrían aprovechado de su situación económica para concretar la maniobra.
Una investigación que todavía no terminó
El pedido para llevar a los cuatro acusados a juicio cierra una etapa de una causa que comenzó siguiendo una pista muy diferente.
La información sobre un ciudadano egipcio que tendría vínculos con un exagente operativo de Al-Qaeda llevó a los investigadores a seguir sus movimientos en Argentina. Su pedido de refugio, su trámite para conseguir la ciudadanía, el matrimonio que había declarado y su relación laboral con uno de los actuales imputados abrieron nuevas líneas.
Después aparecieron las escuchas, los matrimonios convenidos, los falsos domicilios y empleos, las rutas migratorias, los contactos con Medio Oriente y una estructura que, según la acusación, cobraba miles de dólares para facilitar la radicación de extranjeros.
Y el expediente todavía podría tener una derivación más: junto con el requerimiento de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal pidió extraer testimonios para profundizar la investigación sobre otro hombre y determinar si existen más personas involucradas en las maniobras.