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Mar del Plata, AR
octubre 14, 2026

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó un amparo por las modificaciones al Régimen de Zona Fría

zona fría
Desde el organismo resaltan que es una acción que representa a más 262.000 hogares del distrito. La medida busca mantener las condiciones tarifarias con el beneficio automático por Zona Fría que regía en Mar del Plata y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

 

Tras la publicación en Boletín Oficial de la reglamentación de la ley 27.828, que realiza modificaciones al Régimen de Zona Fría, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó un amparo colectivo en la Justicia dirigido al Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, el ENREGE y a la empresa Camuzzi Gas Pampeana S. A. Se trata de una acción que representa a más de 262.000 hogares del distrito.

En este marco, el organismo presentó una medida cautelar urgente en la que solicita que se ordene mantener las condiciones tarifarias de Zona Fría, frenando de inmediato la aplicación de los filtros del sistema SEF para los usuarios de nuestra región. En paralelo, piden que se prohíba al ENREGE homologar cualquier cuadro tarifario nuevo sin que se realice previamente una Audiencia Pública.

Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon piden que se declare inconstitucional la ley 27.828 porque rompe el principio de igualdad. En esta línea, sostienen que la nueva normativa obliga a los marplatenses a cumplir requisitos patrimoniales estrictos para mantener el beneficio, mientras que a la Patagonia se lo otorga de manera automática y sin condiciones, a pesar de compartir la misma clasificación climática.

También rechazan subsidiariamente los indicadores de exclusión (Disposición 2/2026), que dejan afuera del descuento a usuarios por el solo hecho de tener un auto de menos de tres años o sumar tres inmuebles (que legalmente puede ser un departamento junto a su cochera y su baulera), sin importar si los ingresos reales son bajos.

Además, solicitan la inconstitucionalidad del mecanismo que permite trasladar automáticamente el costo de adquisición del gas a la factura, suprimiendo la participación ciudadana obligatoria.

 

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