Mariano Moyano advirtió sobre la utilización de teléfonos móviles para organizar estafas y robos desde prisión. Una investigación de la DDI Mar del Plata permitió identificar una presunta asociación ilícita que operaba desde Olmos y tenía conexiones con otras ciudades del país. Los investigadores documentaron 10.441 comunicaciones en dos períodos analizados.
Una investigación judicial que permitió identificar una banda dedicada a cometer estafas y vinculada con robos agravados desde distintas unidades penitenciarias derivó en un reclamo del fiscal Mariano Moyano: prohibir el uso de teléfonos celulares a las personas alojadas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El planteo surgió después de que los investigadores documentaran 10.441 llamadas realizadas desde la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos, en el marco de una causa que también incluyó allanamientos y detenciones en las cárceles de Batán.
El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 de Mar del Plata expuso su posición en un documento fechado este lunes 26 de octubre, en el que reconstruyó el funcionamiento de la asociación ilícita investigada y detalló los elementos de prueba reunidos desde julio.
El dato más significativo es la cantidad de comunicaciones telefónicas registradas desde el establecimiento penitenciario de Olmos: 5.158 llamadas entre el 4 de junio y el 8 de julio, y otras 5.283 entre el 4 de agosto y el 8 de octubre. Los registros corresponden a dos períodos diferentes y, según la investigación, las comunicaciones alcanzaron a abonados de numerosas localidades del país.
El documento no establece que todas esas llamadas hayan derivado en estafas consumadas, pero las presenta como parte de la actividad telefónica investigada, que permitió detectar el funcionamiento de una estructura delictiva organizada desde prisión.
Un call center desde la cárcel
Según el informe elaborado por Moyano, la investigación permitió establecer que los integrantes de la asociación ilícita alojados en Olmos cumplían la función de contactar telefónicamente y de manera periódica a posibles víctimas, mediante un sistema similar al de un centro de llamadas o call center.
El objetivo era obtener información personal y patrimonial de las personas contactadas, principalmente adultos mayores, para luego intentar que entregaran dinero o realizaran transferencias bancarias mediante diferentes engaños.
La organización, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, contaba además con grupos de integrantes que actuaban como células en distintas ciudades del país, entre ellas Mar del Plata.
El funcionamiento tenía una particularidad: cuando los llamados no conseguían que las víctimas entregaran dinero, los integrantes que operaban desde las cárceles transmitían la información obtenida a otros miembros de la organización.
Estos últimos podían presentarse en los domicilios de las personas contactadas para intentar concretar la estafa o ingresar a las viviendas y sustraer sus pertenencias.
De esta manera, la investigación estableció una conexión entre las maniobras telefónicas realizadas desde prisión y la actuación de otros sospechosos fuera de los establecimientos penitenciarios.
Más de 10.000 llamadas a distintas ciudades del país
El informe del fiscal permite dimensionar la actividad telefónica detectada durante la investigación.
A través de los registros solicitados a las empresas de telefonía, se estableció que entre el 4 de junio y el 8 de julio se realizaron 5.158 llamadas desde la Unidad Penal N° 1 de Olmos.
Las comunicaciones tuvieron como destino abonados de distintas localidades, entre ellas Mar del Plata, Necochea, Tandil, Tres Arroyos, Bahía Blanca, La Plata, Rosario, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Ushuaia.
Un segundo registro, correspondiente al período comprendido entre el 4 de agosto y el 8 de octubre, permitió identificar otras 5.283 llamadas realizadas mediante un nuevo número telefónico.
En este caso, los destinos incluyeron ciudades como Mar del Plata, Miramar, Necochea, Tandil, La Plata, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Corrientes, Esquel y Río Gallegos, entre otras.
En conjunto, los dos relevamientos contabilizaron 10.441 comunicaciones telefónicas.
La extensión territorial de las llamadas constituye uno de los aspectos destacados de la investigación, aunque los registros no permiten establecer por sí solos cuántas personas fueron efectivamente estafadas ni cuánto dinero obtuvo la organización.
Los engaños: familiares detenidos y supuestos cambios de dólares
Las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia permitieron reconstruir algunas de las estrategias utilizadas para intentar obtener dinero de las víctimas.
Una de las modalidades consistía en presentarse como funcionario policial y comunicar que un familiar de la persona contactada había sido detenido por atropellar a una mujer embarazada.
El supuesto policía explicaba que la liberación dependía del pago de una fianza y que un efectivo se presentaría en el domicilio para retirar el dinero.
Otra maniobra consistía en hacerse pasar por un hijo o sobrino de la víctima y advertirle sobre la necesidad urgente de cambiar sus billetes de dólares como consecuencia de un supuesto anuncio presidencial.
En ambos casos, el objetivo era generar una situación de preocupación o urgencia que llevara a la persona contactada a entregar dinero sin comprobar la veracidad de la historia.
La conexión con las entraderas en Mar del Plata
La investigación comenzó durante los primeros días de julio y estuvo a cargo de la Fiscalía N° 13, con intervención del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI Mar del Plata.
El avance de la pesquisa permitió vincular las maniobras de engaño telefónico con sospechosos investigados por robos agravados cometidos en la ciudad.
Uno de los episodios que aparece en las actuaciones policiales ocurrió el 14 de julio en una vivienda de Artigas al 700, donde una mujer de 70 años fue víctima de una violenta entradera.
Según el parte policial, los delincuentes ingresaron encapuchados y con guantes, maniataron y amordazaron a la víctima, la golpearon y le provocaron lesiones, entre ellas cortes en dedos de un pie. Durante el asalto sustrajeron 600.000 pesos.
Por ese hecho fue detenido en flagrancia Alejandro Demetrio Rosales, uno de los sospechosos que posteriormente quedó vinculado con la investigación sobre la asociación ilícita.
La pesquisa también permitió identificar a otros investigados y avanzar sobre sus comunicaciones telefónicas.
Como resultado, el 22 de octubre se realizaron allanamientos simultáneos en las unidades penitenciarias N° 1 de Olmos y N° 44 y N° 15 de Batán.
Los procedimientos permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares, además de chips telefónicos, anotaciones y documentación de interés para la causa.
En los establecimientos de Batán se concretaron las detenciones de tres hombres investigados por su presunta participación en la asociación ilícita y en delitos de estafa y robo agravado.
En Olmos, además, fueron aprehendidos dos internos vinculados con el funcionamiento del centro de llamadas. Ambos recuperaron posteriormente la libertad respecto de esta investigación, conforme a lo dispuesto por el fiscal.
El reclamo del fiscal: prohibir los celulares en las cárceles
A partir de los resultados de la investigación, Moyano dedicó el apartado final de su documento a plantear la necesidad de modificar las condiciones de utilización de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios bonaerenses.
«A criterio de este Fiscal los elementos de prueba reunidos en esta investigación penal preparatoria resultan, una vez más, demostrativos de la urgente necesidad que las autoridades respectivas dispongan la prohibición del uso de aparatos de telefonía celular por aquellas personas alojadas en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires», sostuvo.
El fiscal argumentó que la medida debería adoptarse para evitar que desde las unidades penitenciarias continúen organizándose y ejecutándose delitos.
En ese sentido, mencionó expresamente las estafas, las defraudaciones informáticas, las extorsiones, las coacciones y los robos agravados.
El documento no informa que se haya dispuesto una prohibición ni identifica una resolución administrativa o judicial que ordene modificar el régimen de comunicaciones de las personas detenidas. Se trata de un planteo formulado por el fiscal a partir de las pruebas reunidas en esta causa.
La investigación expone así una problemática que excede los hechos particulares atribuidos a la organización: la posibilidad de coordinar maniobras delictivas desde el interior de establecimientos penitenciarios, mediante comunicaciones con personas que actúan fuera de ellos.
En este caso, los registros telefónicos, las intervenciones autorizadas judicialmente y los allanamientos permitieron reconstruir una estructura que, según la Fiscalía, utilizaba las llamadas desde prisión como punto de partida para cometer estafas y organizar delitos contra la propiedad.