En el Concejo Deliberante se han presentado diversos proyectos —de ediles y de particulares— que buscan adecuar los servicios de transporte mediante plataformas digitales. El debate incluye la opinión del sector de taxis y remises, conductores de apps, el ámbito legislativo y el Ejecutivo municipal.
El debate por la regulación de las aplicaciones de transporte, en paralelo al servicio de taxis y remises, se ha instalado en los últimos tres meses en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon. En ese ámbito, han ingresado y se han tratado proyectos de ordenanzas de distintos bloques y de los sectores involucrados.
En 30 marzo de este año volvió a tratarse en la Comisión de Movilidad Urbana un proyecto con modificaciones presentado en 2022 por Angélica González (en aquel momento concejala por la Coalición Cívica), que propone la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales en el distrito.
Por su parte, desde la Asociación Civil Conductores Unidos, que agrupa a trabajadores de plataformas digitales, elevaron una nota al Concejo el 25 de marzo de este año con una iniciativa para la creación de un Régimen Municipal de Regulación del Servicio de Transporte Privado de Personas mediante Plataformas Digitales.
Unos días más tarde, el 6 de abril, ingresó al legislativo una nota de varias asociaciones de taxis y remises con una propuesta para la regulación del servicio de transporte de personas a través de las plataformas digitales. Ese mismo día también entró al sistema una nota de Radio Taxi Casarín SRL con una iniciativa de regulación de autos al instante (modalidad por App). En tanto, la Federación Nacional de Conductores de Taxis Regional MDP entregó una nota el 21 de mayo con un proyecto de ordenanza para el funcionamiento del transporte de pasajeros a través de Apps.
Por último, el bloque de la Libertad Avanza presentó el 27 de mayo un proyecto de ordenanza para la creación de un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas en el Partido de General Pueyrredon.
Posturas en el ámbito legislativo
La actualización del proyecto de Angélica González, impulsada por Guido García (concejal por la Coalición Cívica y presidente de la Comisión de Movilidad Urbana) solicita que los prestadores tengan domicilio en General Pueyrredon, licencia de conducir B1 (no carnet profesional) y certificado que demuestre la inexistencia de antecedentes penales.
“Quien presta el servicio mediante plataformas tiene directamente un viaje prefijado en una cartografía que ya está en el celular. Entendemos que la exigencia de un carnet profesional no implica una conducción más asertiva, sino simplemente un trámite burocrático”, cuenta Guido García a Bacap.
El edil sostiene que hay avanzar en un registro de prestadores y afirma que “todos coincidimos en que hay que darle un marco de habilitación, que la realidad se impone”.
Asimismo, García detalla: “En el proyecto nuestro, de manera automática todo aquel vehículo que presta el servicio de taxi o remis puede prestar servicio mediante plataformas, o sea, nuestro proyecto los habilita automáticamente”.
“Los sectores en competencia, que son taxistas y remiseros, han presentado sus propios proyectos de regulación de sus competidores, algo que nosotros lo entendemos, pero lógicamente uno tiene que actuar también desde una posición no de atender el interés sectorial, sino el interés general. El interés en este caso sería de los usuarios, de los pasajeros y, obviamente, teniendo en cuenta y tomando en cuenta las posturas, las opiniones y el conocimiento de quienes están en el sector”, indica.
Por otra parte, diferencia el proyecto de la Coalición Cívica del de la Libertad Avanza. En ese punto, señala que el proyecto de la Libertad Avanza exige más requisitos, como inscripciones fiscales, monotributo, licencia profesional de conducir y que tiene un alcance regulatorio más amplio al unificar taxis y remises y aplicaciones bajo un mismo criterio.
Taxistas piden igualdad de condiciones y cupo de vehículos
El titular de Servitaxi, Pablo Sánchez, dice que el sector pide “equipar las condiciones, pero no equipararlas para abajo”. Asimismo, asegura que la cantidad de vehículos que trabajan no puede ser ilimitada.
“Los viajes representan una pizza. Pueden comer de la pizza dos o tres personas. Se puede estirar hasta cuatro, pero no pueden comer 16. Eso es lo que pretenden la Libertad Avanza y la Coalición Cívica. Si comen 16 de la pizza, evidentemente todos nos vamos a quedar con hambre y nos va a llevar a la ruina. Nosotros somos un sector que nos dedicamos esencialmente a esto y no puede ser la rueda de auxilio de la desocupación temporaria. Estas plataformas continuamente tienen un flujo de entrada y de salida de gente, eso no se puede permitir. Hay que reglamentar la cantidad fija de unidades que pueden trabajar”, reclama Sánchez.
Por ello, el referente de Servitaxi indica que, además de las condiciones para prestar el servicio —como carnet profesional, una antigüedad prefijada de los autos, seguro para pasajeros y la radicación de las plataformas en la ciudad—, se debe hacer foco en la cantidad de vehículos que presten servicio en General Pueyrredon.
“Es muy importante determinar la cantidad de autos que trabajen en el partido de General Pueyrredon, que sea fija y que, si se necesita un plus por el verano, también se podría incorporar como una novedad. Pero esencialmente tiene que haber una proporción como se hizo en su momento con los remises, que se habilitó un remis cada tres taxis. Nosotros estamos proponiendo que, del total de los autos habilitados en la ciudad —tanto remises, autos rurales, autos de alta gama y taxis—, se habilite un tercio para estos autos de plataforma en un principio, que se pruebe con eso y que desde ahí se pueda hacer algún tipo de corrección”, detalla.
Remiseros reclaman falta de control
En paralelo, Guillermo Messina, referente de Remicoop, comenta que no comparten que se impulse una ordenanza “porque es un parche, no es una solución al problema” y subraya que “existe una ordenanza y la Municipalidad no la hace cumplir”.
En caso de que alguno de los proyectos avance y se apruebe, Messina adelanta: “Nosotros vamos a seguir luchando para que, si se va a instalar un sistema de aplicaciones, haya controles. El problema principal es que no hay control”.
“En los lugares donde se ha regularizado, como Mendoza, Rosario, Córdoba, que han tratado de regularizarlo, hay 300 legales y 3.000 por fuera”, ejemplifica.
Los conductores de apps piden normas para cada sector
En relación al último de los proyectos presentados, el de la Libertad Avanza, desde la Asociación Civil Conductores Unidos no están de acuerdo con la intención de unificar en una misma normativa a vehículos de aplicaciones, taxis y remises, ya que cada sistema tiene características y costos operativos propios y modalidades de trabajo diferentes.
Consideran que una ordenanza que unifique afectará la competencia y limitará la libertad de trabajo. En este marco, creen que el Municipio debería impulsar reglas específicas, modernas y equilibradas para cada sector.
Desde el sector están a favor de un registro municipal de prestadores, que los conductores sean monotributistas, que presenten la inexistencia de antecedentes penales, tengan domicilio en la ciudad, que los autos tengan VTV y seguro, pero no están de acuerdo con que se limite el acceso con cupos. Tampoco coinciden con la exigencia del registro profesional, con que se puedan usar vehículos de más de 15 años, que se prohíba el transporte por motocicleta, que se brinde información desde las empresas y que se requiera información a los prestadores.
Un debate interrumpido por hechos de violencia
Durante la última reunión de la Comisión de Movilidad Urbana, que tuvo lugar el lunes 8 de junio en el recinto de sesiones, el orden del día incluía el tratamiento de los proyectos mencionados y se invitó a los sectores involucrados a exponer su postura.
Primero se trataron los proyectos de los bloques. Se elevó pedido de informes sobre la propuesta de la LLA y se reiteró pedido de informes sobre la iniciativa de la Unión Cívica Radical-Nuevos Aires (UCR-NA) —que propone modificar, incorporar y derogar diversos artículos en las Ordenanzas Nº4.471 y 9.294, sobre el servicio de taxi y remise—. En tanto, también se trató la propuesta de la Coalición Cívica, pero no se reiteró el pedido de informes.
Después llegó el momento de las exposiciones de los impulsores de los proyectos particulares: taxistas y remiseros y conductores de aplicaciones. Durante la primera alocución, del referente de Conductores Unidos, Facundo Setzes, comenzaron los cruces de palabras en la barra —el sector del recinto donde se ubican quienes van a presenciar la actividad legislativa—. Luego siguieron insultos y finalmente empujones y golpes de puño, lo que llevó a suspender la reunión y opacó una jornada de debate en el HCD.
La postura del Ejecutivo sobre la regulación de la actividad
El martes 9 de junio, el Ejecutivo envió los informes —firmados por el director general de Transporte, Federico Chioli— en respuesta al proyecto de la Coalición Cívica —presentado en 2022 y actualizado este año—, al elevado en abril por Ariel Martínez Bordaisco (UCR-NA) —que busca modificar, incorporar y derogar diversos artículos en las Ordenanzas Nº4.471 y 9.294, sobre el servicio de taxi y remise—, al proyecto del bloque de la LLA que plantea un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas en el Partido de General Pueyrredon y al proyecto de 2024 de Guido García que impulsa la modificación del artículo 3 de la Ordenanza Nº 23.928, referido a infracción y multas en caso de prestación de servicio de transporte de personas sin habilitación municipal.
Desde el Ejecutivo presentaron una respuesta general a los cuatro proyectos ya que observan que existe una concordancia en la materia tratada. En la misma, proponen que el registro sea para las personas jurídicas que intermerdian en el servicio de transporte mediante aplicaciones —y no para los conductores— y exigen que, como requisito excluyente, tengan un domicilio en el partido de General Pueyrredon.
A su vez, indican que las personas jurídicas deberán asegurar que los conductores cumplan con requisitos como carnet profesional (categoría D1) expedido en el Partido de General Pueyrredon, inexistencia de antecedentes penales (deberá renovarse anualmente) y ser titular del vehículo o tener autorización para conducir el mismo. También deberán contar con VTV y seguro para vehículos que brinden servicios mediante plataformas digitales. Además, no ven impedimento para que se incorpore a la normativa el servicio mediante motocicletas.
En tanto, solicitan que las personas jurídicas que ofrecen el servicio tengan una base de datos actualizada de conductores y unidades afectadas a las prestaciones y proponen unificar la antigüedad de los vehículos con los requeridos para otros servicios de transporte.
Tras los informes del Ejecutivo, se realizará una reunión conjunta de las comisiones de Legislación, Interpretación, Reglamento y de Movilidad Urbana el martes 16 de junio, a las 11.30, donde se tratarán los proyectos de la Coalición Cívica (expediente 1212/2022) y de la Unión Cívica Radical-Nuevos Aires (expediente 1260/2026).