El debate por la regulación de las aplicaciones de transporte generó un escándalo en el Legislativo. El oficialismo partidario se impuso en la interna radical. Nuevas voces piden información sobre la concesión del estadio mundialista.
El debate por la regulación de las aplicaciones de transporte generó un verdadero escándalo en la comisión de Movilidad Urbana. La situación incluyó insultos, empujones y piñas en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante.
En el plenario se abordaron diversos proyectos vinculados a la adecuación normativa de la actividad, una cuenta pendiente de larga data, que ahora adquiere más relieve por el aumento en la cantidad de trabajadores que apelan a las aplicaciones de transporte para contar con un ingreso económico.
Tanto la Coalición Cívica como los bloques de la UCR y La Libertad Avanza han presentado diversos proyectos vinculados a la temática, pero ninguno logró avanzar hasta el momento.
En este contexto, la comisión invitó a referentes de las entidades que nuclean a taxistas y remiseros, que denuncian una competencia desleal, y de las aplicaciones para que expongan su visión sobre la actividad. Todo ello con una barra colmada a pocos metros de las bancas de los ediles.
La tensión escaló cuando tomó la palabra Facundo Setzes, de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que reúne a choferes de plataformas de transporte.
En una breve intervención, señaló que la falta de regulación “genera conflictos en la calle” y que el servicio de choferes nucleados en Cabify, Uber y diversas aplicaciones “no es ilegal”.
Inmediatamente taxistas y remiseros comenzaron a gritar, recordando que por ordenanza el transporte bajo esa modalidad se encuentra prohibido en el municipio.
“La actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina”, fue lo último que dijo Setzes antes que el conflicto se fuera de las manos.
Dejó el micrófono y se acercó a la barra, donde ya había varios empujones e insultos entre taxistas y conductores de aplicaciones.
Los esfuerzos de Guido García (Coalición Cívica) para contener la situación fueron en vano. La pelea pasó al recinto, donde hubo forcejeos y piñas. Los golpes de puño más visibles por las cámaras fueron los del propio Setzes entre las bancas de los concejales.
Vilma Baragiola (UCR) fue una de las que intentó separar, al igual que Marcelo Cardoso (PRO). Tras unos cinco minutos, y en medio de un tumulto que continuaba, García finalmente resolvió suspender la sesión.
En este caso por la violencia y no tanto por especulación política, se volvió a dilatar en el Concejo el tratamiento de un tema central, al igual que varios, como el pliego para licitar el servicio de colectivos en Mar del Plata.
Interna
En una muestra de respaldo al liderazgo del senador nacional Maximiliano Abad, que volvió a ganar en el pago chico, Ricardo Liceaga Viñas se impuso con el 70 % de los votos y es el nuevo presidente del comité local de la Unión Cívica Radical (UCR).
La lista del oficialismo partidario, “110 Unidad”, obtuvo 4.060 votos. En tanto, la oposición encabezada por Jimena Nespral sumó 1.833.
Cabe recordar que, en la previa de los comicios, la junta electoral partidaria había observado la lista opositora y Fernando “Pipi” Herrera, quien encabezaba la nómina, debió bajarse de la candidatura.
Durante los festejos, Abad, el líder político del radicalismo marplatense, señaló que el resultado de la interna permite “seguir construyendo una alternativa moderna, competitiva y con vocación de gobierno para Mar del Plata”. ¿Una señal de cara a 2027?
Por el momento, y a pesar de las diferencias, la UCR se mantiene como un gran protagonista en la gestión, con varios funcionarios de primera línea y los votos claves en el Concejo para que el gobierno local tenga mayoría propia.
Minella
La concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y de los espacios comunes del Parque de los Deportes sigue generando cuestionamientos no solo de la oposición, sino también de la justicia y de la sociedad civil de Mar del Plata.
Las críticas están vinculadas al retraso en el inicio de las obras para poner en valor los inmuebles -que fueron entregados en noviembre-, así como la procedencia de los fondos del grupo brasileño Revee, una de las compañías que integran Minella Stadium (la firma concesionaria), junto con la argentina Pro Enter.
En este contexto, tal como informó Bacap, el fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia penal para que se investigue el proceso de adjudicación a la mencionada empresa. Minella Stadium se quedó con el uso y explotación de los espacios por 30 años, con posibilidad de prórroga por otros 10.
La presentación fue ante la UFI N°10 de Delitos Económicos, y solicitó que se investigue la posible comisión de “los delitos de administración fraudulenta, agravada por ser en perjuicio de la administración pública, en concurso con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Pettigiani planteó en la denuncia que la Justicia debe determinar si el Municipio entregó bienes públicos estratégicos a una empresa con capacidad financiera real para afrontar el proyecto y si los fondos comprometidos tienen origen lícito.
Pero no todo quedó ahí. La Asociación Civil Mirada Ciudadana elevó esta semana una nota al intendente Agustín Neme a partir de lo establecido en la Ordenanza N° 13.712 de acceso a la información pública para que remita el contrato de concesión.
Además, exigió el detalle de inversiones y obras efectuadas en los espacios concesionados y la composición accionaria de Minella Stadium S.A y sus sociedades controlantes, entre otros datos.
A pesar de todas las irregularidades, el Ejecutivo se ha mantenido en silencio sobre el tema.