El intendente Agustín Neme y la Provincia respaldaron al policía que abatió a un delincuente. El senador bonaerense se sumó a la cruzada libertaria y pidió un jury contra la jueza que suspendió el régimen penal juvenil. Una gráfica le reclama a la concesionaria del Estadio Mundialista más de $30 millones.
Seguridad
En medio de las críticas cruzadas y los múltiples reclamos, ayer, por un momento, una acción policial unió la grieta entre la Provincia y el Municipio.
El miércoles al mediodía, un policía abatió a un delincuente cuando intentaba escapar por los techos de una vivienda en el barrio Belisario Roldán.
“Nuestro respaldo es para los policías que cumplen con su deber, respetan la ley y arriesgan su vida todos los días para cuidar a nuestros vecinos”, ponderó el intendente Agustín Neme en sus redes tras el suceso.
El jefe comunal advirtió que el efectivo “actuó en legítima defensa”, ya que la persona abatida había apuntado con su arma de fuego al policía.
“La investigación seguirá su curso, pero no vamos a dejar solos a quienes ponen el cuerpo para defender a los marplatenses. El enemigo es el delincuente”, concluyó.
En la misma línea se pronunció el subsecretario de Fiscalización y Control Policial bonaerense, Andrés Escudero, quien valoró el “compromiso” de la policía, en un contexto de mayor despliegue de efectivos a partir del aumento de la inseguridad en el distrito.
“Hay que destacar el compromiso de estos efectivos policiales que estuvieron atentos y no tuvieron miedo de actuar. Hoy estuvimos reunidos con ellos y garantizamos desde el primer momento que tuvieran el asesoramiento jurídico. Nuestros policías necesitan estar cuidados para después poder, con toda seguridad, cuidar a la gente en la calle”, agregó.
Jury
En sintonía con lo planteado por La Libertad Avanza a nivel provincial, el senador bonaerense Guillermo Montenegro presentó un pedido de jury contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires.
“Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. De los que tienen miedo, de los que fueron robados, de los que se encierran cuando cae la noche. El Estado tiene que estar del lado de ellos”, sostuvo el intendente de General Pueyrredon en uso de licencia.
Montenegro también rechazó que una jueza provincial pueda frenar, mediante una cautelar y para toda la Provincia, una ley sancionada por el Congreso Nacional.
“Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso. Y si una ley es constitucional, se cumple”, consideró.
También rechazó que las falencias de infraestructura en el sistema sean utilizadas para justificar la suspensión.
“Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley. Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, de los vecinos que quieren vivir tranquilos y de los que cumplen la ley. Por eso vamos a pedir el jury”, sentenció Montenegro.
Cabe destacar que las críticas a la infraestructura del sistema y su capacidad de respuesta también fueron expresadas por varias instituciones como la Comisión Provincial por la Memoria o, a nivel local, el Consejo de Niñez.
Denuncia
Luego de que trascendiera el primer juicio laboral en su contra, una gráfica familiar demandó esta semana a Minella Stadium, la empresa concesionaria del Estadio Mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes, por los presuntos delitos de estafa e insolvencia fraudulenta.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía N° 10 de Delitos Económicos. De acuerdo a la presentación, a fines del año pasado, dos representantes de la firma se presentaron ante el encargado de una gráfica y le ofrecieron ser proveedor de cartelería e impresiones.
La contratación contemplaba el equipamiento de los estadios para la organización de espectáculos e incluía el armado de señalética de seguridad y de orientación.
El proveedor facturó poco más de $40 millones, pero tan solo recibió pagos por $10,8 millones, por lo que reclama una deuda de $29,5 millones, más intereses.
Tras agotar todas las posibilidades de contacto con Minella Stadium, el denunciante avanzó por la vía judicial.
En la presentación indicó que no fue solo un “incumplimiento contractual”, sino una maniobra destinada a generar una apariencia de solvencia y seriedad para obtener trabajos de proveedores, a pesar de que Minella Stadium no habría tenido capacidad financiera para afrontar sus obligaciones.
Esta nueva irregularidad se da mientras el municipio define el pedido de Minella Stadium de transferir el 87,5 % de sus acciones a Perfeta Producciones S.A., firma vinculada al empresario Marcelo Fígoli.