En medio de rumores de un posible desembarco en Nación, el intendente descartó que el criptoescándalo haya sido un delito. La Comisión por la Memoria pidió investigar al jefe comunal por su accionar contra los cuidacoches. Y la oposición quiere interpelar a la secretaria de Salud por la presunta falta de ambulancias.
Criptoescándalo y apoyo
Tras el criptoescándalo que involucra al presidente Javier Milei desde el viernes pasado, el intendente Guillermo Montenegro salió a respaldarlo y descartó que lo sucedido haya sido un delito.
“Ahora los irresponsables que fundieron al país son estudiosos de Bidart Campos y Elon Musk. A los desconocedores del Derecho les digo: nada de lo acontecido constituye un delito. Seguramente ahora todos arrancan a pedir informes y llamar a funcionarios con tal de colgarse del tema”, expuso Montenegro en sus redes, etiquetando la cuenta del máximo mandatario.
El pronunciamiento se da no solo en medio de los peores días de Milei al frente del poder, quizás con su mayor crisis política hasta el momento, sino luego de que el intendente llamara a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a los comicios legislativos. Una posibilidad que se planteó en el último encuentro del Pro bonaerense el lunes pasado, todavía sin grandes avances.
El cambio de perfil en las redes y este apoyo público también podría tener otras causas. Desde hace ya meses, y más durante la última semana, se rumorea que Montenegro podría ser uno de los apuntados para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia de la Nación.
En contrapartida, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR), principal socio del intendente en la alianza de gobierno a nivel local, mostró una mirada más crítica frente a lo ocurrido.
“Es preocupante. Afecta la confianza en la Argentina, además de perjudicar a quienes decidieron invertir. Necesitamos la información completa y terminar con las acciones que lesionan el Estado de derecho”, señaló el legislador.
A diferencia de Montenegro, sostuvo que la “investigación parlamentaria” y “la actuación de la Justicia” serán “claves para esclarecer el hecho y denunciar penalmente a todos los responsables”.
Críticas por los “trapitos”
Como una consecuencia de operativos del municipio contra los “trapitos” y las personas que duermen en la calle, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo público, autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de derechos humanos, presentó esta semana una nota para que el Concejo Deliberante investigue a Montenegro y, en caso de considerarlo necesario, sea sancionado.
La CPM planteó que, mediante las diversas publicaciones en redes, se constató “violencia física y psíquica. amenazas, hostigamiento y abuso de autoridad” por parte de la Patrulla Municipal en contra de ciudadanos en una situación “vulnerable”.
Este accionar, según remarcó la organización, Montenegro no sólo no denunció las “conductas ilícitas” de sus funcionarios, sino que las reivindicó. Para la CPM esto se trata de una apología del delito.
A su vez, la CPM denunció que la Patrulla Municipal violó “normativa vigente” al realizar acciones “que son propias y exclusivas del Estado provincial y sus fuerzas de seguridad, como detener personas y utilizar armamento para el que no está habilitada”.
En esa línea, pidió investigar la utilización de armas “menos letales”, en referencia a las armas que incorporó para este verano la comuna, las cuales tienen compuestos químicos que ayudan a disuadir a algún sospechoso. A su vez, hizo alusión a la “ aprehensión de personas por parte de la Patrulla Municipal sin las debidas facultades ni respaldo normativo para tales acciones”.
En sus redes, el mismo día, Montenegro expuso que la CPM pidió que el Concejo lo sancione, y habló de un intento de “destitución”.
“Lo que no pueden ganar en las urnas, en las calles o en la voluntad de la gente, lo intentan forzar con una destitución. Están desesperados. Saben que su extinción está cerca”, destacó, vinculando el planteo del organismo con la oposición.