Por Natalia Muñoz
Este jueves, el Senado de la Nación tratará -entre otros temas- el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, que ya tuvo su media sanción en Diputados, tomó mayor protagonismo tras el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde acusaba a Karina Milei de recibir coimas en la compra de medicamentos para esa entidad.
Entre tanta ostentación y desprolijidad, es necesario mantener el eje: ¿qué significa que se vete o se apruebe la Emergencia en Discapacidad para las personas que están en tratamiento? ¿Qué implica para los trabajadores del sector? ¿Qué piensan ellos, los protagonistas, sobre el supuesto enriquecimiento personal de la primera línea de gobierno en detrimento de los derechos de los más vulnerables?
“Se rechaza el veto con los dos tercios, eso va a pasar”, dice muy seguro en sus redes sociales el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), autor del proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad. Es un reel que publicó en donde asegura que “es el último paso” para que quede firme la Emergencia.
Esa publicación de Instagram tiene el apoyo de @prestadoresunidosmdp, la cuenta que nuclea la representación de las y los profesionales que trabajan a diario con personas con discapacidad. Ellos organizaron una movilización a la Municipalidad a partir de las 11 de la mañana de este jueves para “defender nuestro trabajo y derechos como prestadores”, entre otros reclamos. En rigor de verdad, hace años que empujan esa consigna y, si el diputado tiene razón, mañana es el último día de su precarización. O tal vez no.
La familia
Juli es la mamá de Santi. Santi tiene una discapacidad del 100 % de carácter neurodegenerativa, motriz y respiratoria. Vive con internación domiciliaria intensiva -contó la mamá a este medio- y con tratamientos cotidianos de fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología. Ella y su familia esperan expectantes conocer qué decidirán los Senadores respecto a la Emergencia en Discapacidad, aunque, saben, la solución definitiva está muy lejos aún.
La familia de Santi tiene cobertura de IOMA. Logran obtener la autorización para los tratamientos y los medicamentos, mayormente, con recursos de amparo que no siempre son acatados por la institución. “Es imposible”, dice Juli, “hay que estar mendigando o esperando años por una silla de ruedas o una prótesis”. Está cansada. “San si se tiene que ir que se vaya pero con calidad de vida y no suplicando por su condición”, pide.
Entre otros puntos, el proyecto de Emergencia propone:
- Actualización de los lineamientos para otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) “considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona”.
- Fortalecimiento financiero de los talleres protegidos y centros de día “para garantizar su funcionamiento continuo”.
- Cumplimiento del cupo laboral en el Estado, que establece un cupo del 4 % para personas con discapacidad en el sector público.
Para Juli y su familia resulta insuficiente la aplicación de la Emergencia, en caso de aprobarse en el Senado. Mientras tanto, organiza rifas para conseguir dinero con el que costear al menos algunos de los tratamientos y medicamentos que Santi necesita para vivir.
Prestadores
“La Ley de Emergencia en Discapacidad es una curita que viene a salvar a un paciente que de otra forma va a entrar en agonía, que es el sistema de prestaciones tal cual lo conocemos”, dice Jésica Machado, referente de Prestadores Unidos Mar del Plata (PUMDP).
La última actualización de sus honorarios fue en diciembre de 2024. Hoy, una hora de su trabajo se les paga doce mil pesos, cuando consideran que debería ser al menos el triple de ese valor para poder garantizar una vida digna. Esos honorarios entran es sus cuentas recién 90 días después de haber prestado el servicio. Por ejemplo, por estas semanas cobran lo que trabajaron en mayo. “En el mejor de los casos”, aclara Jésica: depende de cada obra social.
Ante tal situación, el escrito propone en su Capítulo III los siguientes puntos para los trabajadores:
- Retrotraer el valor de los haberes a diciembre 2023 para calcular la actualización al día de hoy por inflación acumulada.
- Actualizar mensualmente los haberes que serán ajustados mensualmente por inflación.
- Fortalecer institucionalmente la ANDIS y su base de datos.*
Según los cálculos de PUMDP, la aplicación del primer punto dejaría un valor actual de 18 mil pesos la hora. Conocen que es una cifra mejor que la que perciben actualmente, pero, tal lo dicho, estiman que una hora de su trabajo no debería estar menos de 30 mil pesos.
Respecto al segundo punto, reclaman poder cobrar a mes vencido y no un trimestre después de haber trabajado. También reclaman participación activa en sus paritarias.
Que se apruebe la emergencia en discapacidad, consideran, es un gran avance para su desarrollo profesional, pero lo toman como un puntapié para profundizar sus reclamos y organización gremial.
Transporte
Se estima que en Mar del Plata hay alrededor de 200 camionetas que se dedican activa y exclusivamente al traslado de personas con discapacidad. La cifra es inexacta porque en los últimos años muchos conductores decidieron migrar a otros rubros como correo o distribución a raíz del atraso en el valor de sus haberes.
“Este último año fue el más crítico, sobre todo porque seguimos todo el 2025 sin haber recibido un solo aumento”, explica Julián de Puro Amor a este medio. “La actividad dejó de ser rentable”, agrega.
Para el sector, la ley de Emergencia “es un parche, pero hoy es necesario”. Para Julián, “tiene que salir ya para evitar una deserción masiva de transportistas”.
El gremio reclama aranceles justos, actualizados y diferenciados según la capacidad de transporte de cada vehículo. Sobre las formas, piden menos burocracia y terminar con los pagos fuera de término que emiten las obras sociales y las prepagas.
Para ellos no hay un apartado específico en el texto de la ley de Emergencia en Discapacidad. Entienden que están bajo la categoría de “prestadores” cada vez que se nombra en el documento, por lo que coinciden con los profesionales: la emergencia es necesaria pero no suficiente.
Los audios y el escándalo
Como si fuera poco, entre el rechazo al veto presidencial en la Cámara de Diputados y el tratamiento de este jueves en el Senado, estalló el escándalo de los audios del entonces titular de la ANDIS. En lo que se conoció públicamente, Diego Spagnuolo señala que Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y mano derecha de su hermano, el Presidente, reclamaría y recibiría coimas de la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.
“Es la vergüenza más grande”, opina Juli, la mamá Santi, sobre la situación que sacude al Gobierno. Mientras en Casa Rosada se acusan de reclamos y cobros de cifras millonarias, “yo como mamá debo hacer rifas para sostener su tratamiento, su alquiler, milagros hago”, compara.
Sobre el escándalo, desde PUMDP emitieron un comunicado donde indican: “En un contexto donde desde el Estado se repite constantemente que ‘no hay fondos’ para cubrir prestaciones esenciales (…), estos audios revelen lo contrario: el dinero existía pero estaba en manos de los poderosos, alimentando redes de corrupción, en lugar de llegar a quienes más lo necesitan, las personas con discapacidad y quienes sostenemos sus tratamientos”.
Los transportistas consultados recibieron la noticia con indignación, pero no con sorpresa: “Siempre nos apreció que la ANDIS no estaba a la altura de lo que se necesita”.
Senado
Este jueves 4 de agosto, desde las 11 de la mañana, comenzará la sesión en la Cámara Alta para tratar el veto que dispuso el presidente Javier Milei a la ya aprobada ley de Emergencia en Discapacidad. Para rechazar el veto y dejar vigente la Emergencia, la oposición necesita dos tercios de los votos. Si se asume que el quorum será completo, eso se traduce en la necesidad de contar con al menos 48 votos.
En la votación original, el proyecto salió del Senado aprobado por unanimidad, con el voto positivo de los 55 representantes presentes. Ese historial y lo ocurrido en la Argentina en las últimas dos semanas auguran que este jueves podría ser el día de la gran victoria de los que luchan por una vida digna.
* La redacción de este documento fue previo al escándalo de los audios y la salida de Diego Spagnuolo de la Dirección de ANDIS.