Pese a su vigencia, la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo enfrenta, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, trabas para su plena implementación. Esto se debe al incumplimiento del gobierno nacional de su responsabilidad de proveer los insumos necesarios para el tratamiento, una problemática que afecta también a otras políticas públicas vinculadas a la salud sexual.
Por Camila Spoleti
Durante los últimos años, el acceso a los derechos de salud sexual en Argentina se ha visto obstaculizado por factores que van desde el desfinanciamiento de programas públicos a la proliferación de discursos que suponen un retroceso en cuestiones ya consensuadas. Esta problemática atraviesa asuntos diversos: educación sexual integral, prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, tratamientos de afirmación de género, prevención de embarazos no deseados e interrupción voluntaria del embarazo. Es sobre el estado actual de estas últimas dos cuestiones que pretende indagar esta nota.
Desde el 24 de enero de 2021 en la República Argentina rige la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según dispone la ley, tanto las obras sociales y empresas de medicina prepaga como los servicios públicos de salud tienen la obligación de garantizar la cobertura gratuita e integral de la interrupción voluntaria del embarazo, hasta la semana 14 del proceso gestacional. A partir de la semana 15, la persona gestante puede acceder a la interrupción del embarazo en el caso de que este fuese resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o salud.
Otro de los puntos de la ley establece el derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar de “prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.” La suministración de métodos anticonceptivos por parte de las instituciones estatales de salud está reglada por la Ley 25.673, que en el año 2002 creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La Ley de Educación Sexual Integral, por su parte, fue sancionada en el año 2006.
Para que estos derechos se garanticen, no alcanza con el texto de la ley, se necesitan recursos. Durante el año 2024, la distribución de los medicamentos necesarios para la implementación de la ley por parte del gobierno nacional fue nula. En lo que a anticoncepción respecta, ese año la entrega de métodos fue la más baja de la última década. Al comparar el tercer trimestre del 2024 con el mismo período del 2023, se desprende que la distribución de preservativos se redujo en un 45,5%, la de anticonceptivos inyectables y orales en un 53,9% y la de anticonceptivos de larga duración para adolescentes un 57%.
Este último dato se enmarca en el desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), una política pública creada con el objetivo de promover el acceso a bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, así como la prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia y de los embarazos y maternidades forzadas, que logró resultados significativos durante su implementación.
Más allá de los números, es preciso atender a cómo el desfinanciamiento repercute en la realidad concreta. Para comprender la situación específica del Municipio de General Pueyrredón, Bacap dialogó con Carolina González Terán, médica generalista, miembro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y trabajadora del servicio de área programática y redes en salud (SAPS) del Hospital Interzonal General de Agudos, así como con Lourdes Vignolo, médica generalista y referente del Programa de Salud y Diversidad del municipio.
“Estuvimos meses sin preservativos en los centros de salud, en el hospital”, contó Carolina González Terán y añadió que recién hace un tiempo la provincia pudo comprar. Además, destacó que esto resulta especialmente grave al tener en cuenta que, además de prevenir embarazos no deseados, este método de barrera es el único que impide el contagio de infecciones de transmisión sexual.
Ante el abandono del gobierno nacional de esta función, la provisión de insumos pasó a estar a cargo de las provincias. Como consecuencia, el acceso a los derechos de salud sexual no es uniforme en todo el territorio argentino, sino que depende de la voluntad política y las posibilidades económicas de cada gobierno provincial.
La situación del municipio de General Pueyrredon
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el Programa Provincial de Salud Sexual de la Provincia de Buenos Aires vio interrumpida la comunicación con la Dirección Nacional de Salud Sexual. Esto hace que las incertidumbres abunden.
En ese sentido, Lourdes Vignolo dio a conocer que este mes llegaron, por primera vez desde el inicio de la gestión de Milei, botiquines provistos de métodos anticonceptivos a los Centros de Atención Primaria de la Salud del municipio de General Pueyrredon. “Hay mucha incertidumbre con respecto a los botiquines de Nación porque no se sabe si van a volver a llegar. Antes eran bimestrales”, detalló la médica.
Según señaló González Terán, para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el área de salud sexual es una de las líneas de cuidado prioritarias. Aún así, los recursos no siempre bastan, lo que implica que deban llevarse a cabo distintas estrategias. Antes de que llegaran los botiquines desde Nación, tanto los CAPS como los hospitales no contaban con anticonceptivos orales. En su lugar, podían ofrecerse métodos de larga duración, como DIU, SIU, implantes subdérmicos e inyectables mensuales. “Ante la imposibilidad de garantizar todo el paquete de métodos anticonceptivos se están priorizando los de larga duración”, explicó la médica. Por su parte, Vignolo dio a conocer que el municipio compró una caja de mil anticonceptivos que duraron un mes y no fueron repuestos.
En el caso específico de los recursos destinados a la IVE, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires viene encargándose de la compra de misoprostol. Hay también una compra mínima por parte del gobierno municipal, indicaron tanto Vignolo como González Terán. Para esta última, la postura del municipio es “más bien pasiva”. “ “No ponen obstáculos para poder implementar la ley, pero tampoco hacen nada en pos de”, explicó.
El combipack
Por otra parte, González Terán marcó que, si bien el misoprostol sólo es eficiente para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, la opción ideal es el llamado “combipack”, una combinación de misoprostol con mifopristina que logra el aborto completo en el 98% de los casos.
“Cuando Nación bajaba los insumos, se había empezado a garantizar el combipack. Ya hace muchos años que el combipack es lo que nosotros decimos el gold standard para abortar. El problema es que es bastante más caro que el misoprostol. Entonces, tenemos un poco de misoprostol, pero lo que ya casi no hay es la posibilidad de ofrecer el combipack, que estaba buenísimo para situaciones de adolescencias o situaciones que necesitaban resolver bastante rápido”, explicó la médica. De este modo, detalló, el combipack ha tenido que reservarse para casos muy puntuales.
Otra estrategia que viene llevándose adelante es el fortalecimiento de líneas de capacitación y provisión de instrumentos para la implementación de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), una técnica para abortar que no es medicamentosa, sino instrumental. “Esta práctica lo que tiene es que se puede hacer en un ámbito ambulatorio, o sea en un consultorio con una anestesia local y una medicación analgésica, algo muy simple”, destacó González Terán. 
El AMEU debería ser una opción más para la persona que desea interrumpir el embarazo. En estas circunstancias, sin embargo, puede resultar una alternativa en caso de que la provincia no pueda sostener la compra de misoprostol. De todos modos, hoy en día, el personal capacitado para llevar adelante esa práctica es todavía insuficiente para ofrecerlo masivamente.
En relación a esto, González Terán indicó la existencia de “un debate que se viene ganando” para que esta práctica, que es realizada por ginecólogos en quirófanos, pueda ser llevada adelante por cualquier personal de salud capacitado en un consultorio ambulatorio.
Los discursos
Si bien todavía no es posible medir las consecuencias en cuanto al aumento de embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual, para González Terán, la situación es preocupante. Además de la falta de recursos materiales, la médica señaló el retroceso en los discursos, tanto oficiales como mediáticos, que a menudo pretenden reabrir discusiones ya saldadas y sostienen posturas que atentan contra los derechos sexuales de la población. “Hace un tiempo veía que un montón de portales estaban sacando notas sobre la preocupación por el descenso de la natalidad en Argentina y planteando que eso había sido un poco culpa de la ley y del aborto”, ejemplificó.
Este clima, ha dado lugar a que, al interior de las instituciones de salud, profesionales que deberían garantizar este derecho, se sientan legitimados para juzgar a quienes se acercan a solicitar la interrupción de un embarazo, o a intentar poner trabas a la realización del tratamiento.
En el caso de la población general, González identificó un estado de desinformación. Frente a estas circunstancias, es importante reforzar que, pese a las dificultades que deben ser atendidas, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo garantizada. En el municipio de General Pueyrredon, es posible consultar por esta tanto en los Centros de Atención Primaria de la Salud como en el Hospital Interzonal General de Agudos y en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil.