(*)Foto principal: “Durante un taller de arte”. Pablo Gasol. Fuente: Archivo de la Memoria Trans.
Un informe realizado por investigadores de cinco universidades nacionales en conjunto con referentes de organizaciones travestis y trans de todo el país y profesionales de la salud expuso las particularidades que condicionan el acceso a la salud en este sector de la población.
Por Camila Spoleti
En la vida de las personas, una cosa se enlaza con otras: un nombre que no se reconoce con un hogar que expulsa con un trabajo que no es con un cuerpo que moldean unas manos inexpertas porque sino no hay trabajo ni hogar ni nombre. En el consultorio médico, una cosa se enlaza con otras: cuerpo, trabajo, hogar y nombre.
El acceso a la salud depende de una multiplicidad de factores. En las personas travestis y trans, las dificultades de inserción laboral y educativa, el no reconocimiento de la identidad y la discriminación —muchas veces dentro de los propios establecimientos sanitarios—, han constituído, históricamente, obstáculos determinantes para el pleno goce de este derecho —además de vulneraciones de derechos en sí mismos.
Este año se publicó “Hacia el diseño de políticas públicas de salud integral e inclusivas: Relevamiento de indicadores socio-sanitarios de la población travesti y trans en Argentina”, una investigación que exhibe las problemáticas que aún persisten, pero también los avances conseguidos. Fue realizada por investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional José C. Paz, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con referentes de organizaciones travestis y trans de todo el país y profesionales de salud especializados en diversidad sexual.
La Ley de Identidad de Género (26.743), sancionada en el año 2012, y programas específicos orientados a este sector de la población han dado lugar a mejoras significativas: los datos del informe, recolectados en 2023, dan cuenta de ello. Sin embargo, el presente, atravesado por el desfinanciamiento del sistema público de salud y la proliferación de discursos que ponen en discusión derechos adquiridos, supone nuevas adversidades.
La discriminación como obstáculo en el acceso a la salud
Históricamente, una de las principales dificultades para el acceso a la salud de las personas travestis y trans ha sido la discriminación dentro de los establecimientos. “La lucha del nombre propio”, un estudio pionero en el país realizado en 2005 en el AMBA y en Mar del Plata por la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, dio a conocer que el 40% de las travestis no controlaba regularmente su salud. El principal motivo de esto era la discriminación y los maltratos recibidos en instituciones sanitarias.
La Ley 26.743 de Identidad de Género, introdujo derechos fundamentales que dieron lugar a mejoras en esta situación (y en la calidad de vida de las personas travestis y trans en general). Entre ellos, el acceso al cambio registral (es decir, la adecuación del nombre y el sexo en el DNI a la identidad de género autopercibida), el respeto a la identidad de género independientemente de dicho cambio registral y el acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales, siendo estos considerados parte de la salud integral.
Además, la ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud (Ley 26.529), sancionada en 2009, estableció entre los derechos de todas las personas el trato digno y respetuoso, la intimidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad y el acceso a la información.
Así, los datos de este nuevo informe dan cuenta de un presente distinto: del 66% de las personas encuestadas que mencionó haber buscado o tenido la necesidad de atención médica, 9 de cada 10 pudieron concretarla.
Para Melina Antoniucci, una de las investigadoras que participaron del trabajo, “el cambio registral funciona como un paraguas de derecho para todos los derechos que siguen: la continuidad dentro del sistema escolar, la posibilidad de tener un estudio universitario y la posibilidad de acceder al sistema de salud”.
Además, Antoniucci señala que la formación en perspectiva de género de los profesionales de salud durante este último tiempo también es un factor a considerar, en tanto ha dado lugar a una mejor atención en los distintos espacios de salud general, así como a la creación de consultorios especializados en diversidad sexual.
Las mejoras entre generaciones
Entre sus conclusiones, el informe destaca que los datos relevados evidencian diferencias generacionales. “En quienes al momento de cumplir la mayoría de edad existía una ley de identidad de género, las condiciones de inserción son absolutamente distintas”, indica Antoniucci. Así, situaciones como la expulsión del hogar y el trabajo sexual o prostitución son menos frecuentes entre las personas más jóvenes.
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En lo que refiere específicamente a cuestiones de salud, uno de los datos más significativos tiene que ver con la inyección de aceites y siliconas líquidas en feminidades trans. Generalmente aplicadas de manera artesanal en pechos y glúteos ante la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos de adecuación de género, estas inyecciones constituyen una práctica riesgosa para la salud: al reconocerlas como extrañas, el cuerpo comienza a intentar expulsarlas, provocando su migración hacia distintas partes del mismo. Según indica el informe, el 88% de las mayores de 55 años encuestadas afirmó haberse realizado esta intervención, número que desciende en generaciones más jóvenes: en las encuestadas de entre 45 y 55 años, el porcentaje es de 66%; en el rango de 35 a 44 es de 64%; en las de 25 a 34 del 38% y en quienes tienen entre 16 y 24, 23%.
Otra diferencia generacional importante tiene que ver con el acompañamiento médico en los tratamientos de hormonización. Mientras que de las personas encuestadas mayores de 55 años solamente el 21% afirmó haber recibido acompañamiento médico en su primera hormonización, entre quienes tienen de 16 a 24 años el porcentaje asciende a 83, lo que da cuenta de una mejora en el acceso a la salud y la seguridad de los procesos.
El impacto de políticas adversas
Las encuestas en las que se basa el informe fueron realizadas en el año 2023. De ese momento a esta parte, factores tales como el desfinanciamiento del sistema de salud, las declaraciones de funcionarios públicos cuestionando derechos adquiridos por la población LGBTIQ+ —y dando lugar a la proliferación de discursos en esa misma línea— y medidas concretas como el DNU 62/2025 —finalmente suspendido por la Justicia—, que eliminaba el derecho a los tratamientos de adecuación de género en menores de edad, han introducido, nuevamente, obstáculos para el pleno goce del derecho a la salud de este sector de la población.
“A partir de la asunción de este gobierno hay un deterioro en el acceso a derechos en general y en el caso de la salud, específicamente, todo el tiempo recibimos denuncias de faltante de medicación”, señala Antoniucci, en referencia a los recortes aplicados por el ejecutivo nacional sobre la compra de insumos para tratamientos hormonales en el sector público.
Advierte también acerca del cese en la distribución de preservativos y sus posibles efectos en la proliferación de infecciones de transmisión sexual. Si bien esta problemática es transversal a toda la población, el informe expone que, aún habiéndose reducido significativamente durante los últimos años, los porcentajes de prevalencia de VIH y sífilis siguen siendo mayores entre las personas travestis y trans en comparación con el resto de la población. Para la investigadora, esto tiene que ver con que en este sector existen, todavía, mayores dificultades para acceder al trabajo formal, lo que empuja a muchas personas a ejercer la prostitución, a menudo en condiciones precarias.
El definanciamiento de los tratamientos de hormonización también debe leerse en relación con este factor: según el informe, el 98% de las personas de entre 16 y 29 años encuestadas que se realizó inyecciones de silicona o aceites afirmó haber estado en situación de prostitución o realizado trabajo sexual. Cuanto mayor sea la dificultad para acceder a intervenciones seguras, más seguirá incrementándose la exposición a prácticas riesgosas.
“Se está desfinanciando todo, pero lo que tiene que ver con los movimientos de la diversidad sexual y los derechos no reproductivos, específicamente, está siendo castigado”, sostiene Antoniucci.
La situación actual en Mar del Plata
En Mar del Plata, dentro del sistema público de salud, es posible encontrar servicios especializados en atención a personas del colectivo LGTBIQ+ en el Centro de Salud N°1, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Libertad, en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil y en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”.
Stefanía Wilde Carricart, médica integrante del equipo del Consultorio de Buenas Prácticas para la Diversidad Sexual del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”, explica que los tratamientos de hormonización dependen del Programa de Implementación de Políticas de Género y Diversidad en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cuya función es distribuir los insumos que compra el Ministerio de Salud de la Nación.
“La realidad es que desde hace más o menos un año y medio hubo un recorte importante en lo que es la garantización de insumos. Esto tiene que ver con el contexto actual y con lo que es el Ministerio de Salud de Nación, que es quien se encarga de las compras. Desde ese momento, Provincia está intentando dar respuesta a esta faltante de insumos, tratando de redistribuir, de hacer licitaciones, pedidos de compra y se ha podido ir garantizando. En forma fragmentada, con muchas dificultades, pero se ha podido ir garantizando y distribuyendo estos insumos para que lleguen a todas las personas que hormonizan”, relata.
Además de la cuestión de los insumos, la médica menciona el impacto que tuvo el decreto 62/2025 mientras estuvo vigente: al prohibir los tratamientos en menores de dieciocho años, muchos adolescentes se vieron obligados a interrumpir sus procesos de hormonización. “Convirtieron en ilegal a una práctica que está completamente respaldada con evidencia científica y no solo en organismos argentinos, sino también organismos internacionales”, sostiene.
“Es importante saber que estos cambios no son permanentes, sino que son algunos reversibles, otros irreversibles, pero son los menos los que son irreversibles. Entonces, esto hace que vuelvan para atrás en el sentido de volver a lucir de la misma manera en la que lucían antes de la hormonización, generando un impacto en la salud integral y ni hablar en el impacto psicológico y social”, explica Wilde Carricart.
El consultorio brinda atención a personas de quince años en adelante. Además de tratamientos de hormonización y algunas intervenciones quirúrgicas de adecuación de género, ofrece medicina general, atención de salud mental, acompañamiento para la inserción educativa y laboral y trámites de cambio registral. Junto a Stefanía Wilde Carricart, trabajan Rocío Retamales, trabajadora social, y Emilia Rebullida, psicóloga. “La idea es brindar una atención integral. Generalmente la primera entrevista es interdisciplinaria y después vamos viendo, según la situación, quiénes de nosotras seguimos cada situación particular”, explica Retamales.
La creación de este tipo de consultorios a partir de la formación de profesionales en perspectiva género es fundamental en tanto asegura espacios de atención médica libres de discriminación y adecuadas a las necesidades particulares de este sector de la población. Sin embargo, la mejora de los indicadores sociosanitarios requiere que el sistema cuente con los insumos necesarios, que las obras sociales garanticen lo que les corresponde por ley y que mejoren ciertos factores como la continuidad de las trayectorias educativas y la inserción en el sistema laboral formal.
En todo ello, como en todo siempre, los discursos no son inocuos. En la labor del Estado, una cosa se enlaza contra.