Comenzó la Audiencia Pública Consultiva que tiene como objetivo intercambiar saberes y perspectivas acerca del proyecto frente a las costas de Mar del Plata. Entre decretos, movilizaciones y amparos, ¿cómo sigue el proyecto? ¿Cuál es la postura de cada una de las partes?

por Thomás F. Lahitte

La exploración y explotación petrolera offshore en el Mar Argentino irrumpió en la agenda a comienzos del 2021 sin demasiados sobresaltos. No fue hasta que se conoció la existencia del proyecto de Equinor S.A. y la convocatoria a la Audiencia Pública en julio del mismo año, que el asunto se volvió materia obligada del debate público. 

Lo cierto es que el camino para la búsqueda de hidrocarburos en aguas nacionales había comenzado algunos años antes, con la licitación de 18 áreas por un total de 225.000km2, acontecidas entre 2017 y 2019. Gran parte de los derechos de exploración tienen vigencia hasta el 2025 lo que explica en parte el rápido avance de un proyecto de esa singularidad y magnitud.

Cabe recordar, que si bien ya existe hace algunas décadas la extracción de gas en las costas de Tierra del Fuego, sería la primera vez que se explotaría el recurso petrolero dentro de aguas argentinas. 

Mar del Plata jugaría un rol central desde la óptica de todas las posturas, ya sea por los posibles beneficios así como por los efectos adversos. Inversiones, puestos laborales, ingreso de divisas, derrames, impacto ambiental o afectación de otros recursos económicos son algunas de las variables claves del debate.

El asunto involucra, como pocas veces, a sectores muy variados que van desde la ciudadanía, a empresarios, instituciones técnicas y científicas hasta el propio gobierno municipal.

La Audiencia Pública Consultiva fue convocada para el 30 de mayo. Por la numerosa cantidad de inscriptos (660 en total), esta se extenderá durante toda la semana más cuatro viernes consecutivos. Allí cada persona tendrá tres minutos para exponer acerca del tema.

Sin embargo, como indica su nombre, la instancia no es de carácter vinculante aunque sí podría aportar modificaciones.

Bacap buscó conocer la postura actual de cada uno  de los sectores acerca de la instalación de plataformas off-shore en la Costa Atlántica.

Gobierno municipal

El intendente Guillermo Montenegro se volvió protagonista de los medios durante las primeras semanas de enero de 2022. ¿Los motivos? Luego del decreto emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social el día 30 de diciembre, el jefe comunal presentó uno de los cuatro amparos ante la justicia que frenan el proyecto hasta tanto no se conocieran más precisiones sobre el proyecto. 

Desde las primeras líneas de gobierno confiaron que no se oponen a la iniciativa sino que la información sencillamente “no es suficiente”. El desarrollo no puede ser a cualquier costo. El amparo solicita la suspensión “hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del Municipio”.

Esto le valió diversas críticas ya que había sido su propio espacio político el que había impulsado las licitaciones y la actividad previamente.

Sindicatos

El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, viajó a mediados de mayo a la ciudad con un objetivo: firmar con la CGT local el convenio para capacitar empleados para la industria off-shore. El apoyo de la central que nuclea a buena parte de los trabajadores significa un espaldarazo grande por parte del sector.

Los gremios más atravesados por la discusión, sin embargo, son los afectados a tareas vinculadas a la pesca. La Asociación de Capitanes y Patrones de pesca, a través del CESMAr, emitió un informe que si bien valora “avances positivos” respecto a la Audiencia del 2021, indica que “es cuestionable el corto plazo de 15 días para poder leer y analizar el gran volumen de los documentos, que superan largamente las 1000 páginas, correspondientes al Estudio de Impacto, que presentan los distintos proponentes de los proyectos de prospección sísmica”. 

De todos modos, la postura de Capitanes sería favorable. Otro de los protagonistas desde el ámbito sindical, es Pablo Trueba, Secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) quién expresó en más de una ocasión las posibilidades de desarrollo que supondría el proyecto. 

Dentro de la lista de oradores hay miembros de los maquinistas y conductores (SICONARA) así como de la rama de los obreros navales (SAON). 

Alineados con la actividad, todos los gremios vinculados a la energía o a la industria petrolera se muestran a favor del proyecto. Uno de los alicientes claves es la posibilidad de generación de puestos de trabajo en la ciudad.

Empresas pesqueras

Las dudas son similares a las del gobierno municipal: no hay un rechazo pero sí dudas. En el caso de las empresas de la pesca el conflicto está en que se cruzan dos sectores productivos y de gran potencial económico. La pregunta es, ¿podría afectar la extracción petrolera a los recursos del mar? 

Según un informe presentado por la Cámara de Empresas Pesqueras (CEPA) en 2019 (que solo hacía referencia a la exploración sísmica), esta podría afectar gravemente el comportamiento de las especies. El antecedente más claro sucedió en 2009 en el Golfo San Jorge, donde luego de una prospección con cañones de aire comprimido, los pescadores tardaron más de 1 año y medio en volver a encontrar merluza.

La palabra clave para los empresarios es la mitigación. ¿Qué medidas se tomarían en caso de accidentes? ¿Qué resarcimiento podrían recibir si su materia prima se viera afectada?

Organizaciones ambientales y ecologistas

Los sectores vinculados a la lucha ambiental tienen una clara tendencia hacia el rechazo. Tuvieron una numerosa participación en la Audiencia de julio del 2021, cosa que se espera que se repita en esta ocasión. La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, Ecos de Mar y Jóvenes por el Clima (JOCA) son algunos de los espacios que ganaron visibilidad a través de distintas movilizaciones.

En enero, protagonizaron una de las marchas más grandes de la historia de la ciudad. También tienen un importante rol en este espacio los movimientos sociales y organizaciones políticas de  izquierda. La discusión no pasa solo por el impacto ambiental sino por las dudas de a quién irían realmente esas ganancias, poniendo en duda el “derrame” que tendría sobre la ciudad, además de una crítica al modelo extractivista en general.

“Nos oponemos a que se sigan adjudicando áreas para la exploración y posterior explotación. Nuestra posición se sostiene en los evidentes y ya conocidos impactos que tienen los combustibles fósiles en el ambiente, así como en el detrimento que tienen este tipo de proyectos en dos de las principales industrias de nuestra ciudad: la pesca y el turismo”, dijo JOCA a Bacap.

En cuanto a este aspecto, tomaron como referencia los impactos en la actividad en el derrame ocurrido en 2019 en Brasil, donde el turismo se vió disminuido un 50%. Sugieren que algo similar podría suceder en nuestras costas. “En relación a aquellos proyectos que ya están en vigencia actualmente, entendemos que hay muchos contratos firmados y que, por ende, es una situación difícil de revertir”, aclararon. 

Recalcaron la necesidad de transicionar hacia fuentes de energía sustentables. Seguir invirtiendo en combustibles fósiles atenta contra todos los objetivos pautados a nivel internacional para reducir las emisiones de GEI y contribuir al cambio climático. Nuestro país tiene mucho potencial para el desarrollo de energías limpias, como la solar y la eólica, y en ellas se debe empezar a invertir para asegurar la autosuficiencia energética. 

Los proyectos

El más avanzado es el del bloque conocido como CAN 100, donde según aseguró el Secretario Martínez, se comenzarán las primeras perforaciones en marzo del 2023. La operación fue denominada como “Pozo Argerich” y se encuentra a poco más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

Las licitaciones para exploración y explotación, sin embargo, se extienden también a los CAN 102, 108 y 114. En todos los casos se trata de operaciones conjuntas entre Equinor, Shell e YPF, aunque hay otros jugadores, como Qatar Petroleum. 

Se espera que más proyectos lleguen en los próximos meses, aunque el primero, el del CAN 100 sería la puerta de entrada.