La nueva ordenanza busca reforzar la videovigilancia urbana a partir del uso de un software que permitirá la detección de prófugos de la Justicia y otros delitos. El antecedente en CABA y la necesidad de diseñar un mecanismo de control interno para preservar el derecho a la privacidad.
Mar del Plata implementará un sistema de reconocimiento facial para reforzar la videovigilancia urbana, herramienta que ya cuenta con antecedentes en Capital Federal.
La ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante apunta a adquirir un software que permitirá la identificación de personas, objetos y/o comportamientos dinámicos en la vía pública a partir de las imágenes tomadas por las cámaras.
El secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, especificó que el sistema ayudará a rastrear a prófugos buscados por la Justicia o personas que se encuentren realizando delitos. También permitirá la colaboración del municipio en causas judiciales sobre averiguaciones de paraderos y buscará prevenir la violencia de género: se podrá identificar si una persona violó una restricción perimetral impuesta en su contra.
El debate sobre la norma que impulsa el gobierno tuvo posturas distintas entre oficialismo y oposición. A grandes rasgos, Juntos aceptó avanzar en una licitación pública para acceder al software, aunque en un principio se barajó la posibilidad de una compra directa (la declaración de la emergencia en Seguridad habilita al gobierno a poder avanzar en ese sentido). Además, el proyecto oficialista plantea que toda información “no relevante” captada en la búsqueda se deberá descartar, incluyendo los datos biométricos de personas.
Por su parte, Acción Marplatense y el Frente de Todos acordaron una propuesta alternativa, en la que el pliego de bases y condiciones para licitar la contratación del software debía pasar por el filtro del HCD.
Reconocimiento facial: privacidad y uso de datos
Uno de los ejes de las diferencias entre las bancadas fue el respeto a la privacidad de los ciudadanos y cómo se utilizarían los datos biométricos recabados. Por eso la oposición propuso que el programa tenga un período de prueba inicial de seis meses. Y planteó la convocatoria de un Comité de Ética para darle mayor “transparencia y control a la utilización del reconocimiento facial”.
En un contexto igualado, al final Juntos logró que avance su proyecto en la última sesión del HCD gracias al voto positivo de Nicolás Lauría (Creciendo Juntos). Con 11 sufragios asegurados en el plenario, el acompañamiento del ex basquetbolista, que ha mostrado un acercamiento al gobierno en los últimos meses, fue determinante para llegar a los 12 y lograr así que desempate Marina Sánchez Herrero (UCR), la presidenta del cuerpo.
Implementación
La Secretaría de Seguridad trabaja por estos días en la confección del pliego de bases para luego realizar el llamado a licitación pública y así adquirir el software.
Por otro lado, el gobierno deberá rubricar convenios con diversos organismos para obtener las bases de datos con las cuales se contrastará la información recopilada por la herramienta tecnológica. Entre ellos, sobresale el Renaper (Registro Nacional de las Personas). El proceso tomará meses.
Según las estimaciones del Ejecutivo, se podrán utilizar hasta 50 cámaras para el reconocimiento facial, con orden o instrucción judicial previa. Utilizar todos los dispositivos de videovigilancia de la ciudad en forma simultánea es hoy imposible, ya que ello necesitaría de un mayor equipamiento.
El antecedente en CABA y la advertencia de Legal y Técnica
En abril de este año, la Justicia Contencioso Administrativa suspendió la implementación del reconocimiento facial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)-vigente desde 2019-, a raíz de una acción de amparo presentada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA). El organismo sostiene que el sistema viola la privacidad y la intimidad de las personas, y que es capaz de ejercer discriminación.
En su fallo, el juez Gallardo agregó que, tras realizar allanamientos en oficinas públicas de CABA, se habrían constatado consultas en las bases de datos del Renaper que excedían la búsqueda de prófugos. Y que se habría solicitado información de dirigentes sociales y políticos.
A la espera de una sentencia definitiva sobre la cuestión, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recusó a Gallardo. En su reemplazo, Elena Liberatori asumió el mando de la causa.
El antecedente porteño fue tomado por la oposición para exigir más controles sobre el sistema. En un informe remitido al Concejo, la Subsecretaría de Legal y Técnica incluso recomendó que el Ejecutivo cree organismos internos que “aseguren circunscribir el uso de los datos biométricos obtenidos para la investigación de delitos».
Según precisaron fuentes del Ejecutivo a Bacap, está la idea de avanzar próximamente en algún mecanismo de control interno ante la puesta en marcha de la ordenanza.