Mar del Plata es la ciudad turística por excelencia del país, tiene puerto y tuvo una historia ligada al mercado del sexo comercial, con prostitución callejera, prostíbulos, whiskerías y departamentos privados. La socióloga Estefanía Martynowskyj nos cuenta sobre la trata de mujeres, políticas y moralidades.
Por Melisa Morini
Estefanía Martynowskyj investiga sobre mercado sexual, políticas anti-trata y masculinidades, temáticas sobre las que ha publicado múltiples artículos e incluso libros, como el lanzado recientemente por la editorial EUDEM: “La trata de mujeres en Mar del Plata. Políticas, moralidades y poder punitivo”.
Mar del Plata es la ciudad turística por excelencia del país, tiene puerto y tuvo una historia ligada al mercado del sexo comercial, con prostitución callejera, prostíbulos, whiskerías y departamentos privados. Asimismo, se caracterizó por ser modelo en el combate contra la trata, a partir de la implementación de medidas que incluyeron numerosos procesos judiciales.
Este es el contexto que llevó a la licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales a profundizar en este campo y reunir en el libro una larga investigación que combina entrevistas a trabajadoras sexuales, operadores estatales, activistas anti trata, clientes y diversas fuentes documentales.
“En el plano nacional y local, el combate contra la trata se centró en la represión de la prostitución, homogeneizando distintos fenómenos asociados al sexo comercial y produciendo representaciones que lo caracterizan, por un lado, como una actividad criminal y, por otro, como una práctica indeseable y moralmente disvaliosa”, asegura Martynowskyj y en Bacap profundizamos en el área.
-¿Por dónde creés que circula el sentido común en relación al tema?
-En el sentido común, la trata se imagina como un flagelo que involucra a mujeres engañadas o secuestradas y obligadas a prostituirse contra su voluntad. Esta imagen responde a un régimen de representación que, como muestro en el libro, se reproduce en películas, campañas y discursos, y que propone una lectura en clave de víctimas y victimarios que simplifica una realidad compleja, como es el sexo comercial, y además, se aleja de la mayoría de los casos que la justica tramita como casos de trata.
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La trata es un tipo penal que designa ciertas prácticas que deben ser penadas por considerarse delictivas, pero al mismo tiempo, es un símbolo que condensa sentidos morales y políticos sobre determinadas cuestiones que la sociedad considera problemáticas en distintos momentos históricos. En el plano normativo nos encontramos con definiciones que no se armonizan de manera sencilla, como la que está vigente en nuestro código penal (Ley 26.842), que define a la trata como “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países” y la que se consensuó en el Protocolo de Palermo que, en el caso de la trata sexual, tiene en cuenta el consentimiento de las personas mayores de edad en su participación en el mercado sexual, y al introducir medios comisivos como el engaño y el abuso de situación de vulnerabilidad, entre otros, distingue entre prostitución libre y forzada. Pero más allá de la letra de la ley, que como vemos no es prístina y expresa debates y lucha de intereses, se agrega una complejidad más que es la interpretación que los operadores judiciales hacen de esta ley.
En nuestro país mostró una lectura muy amplia de las acciones incluidas en la tipificación del delito, por ejemplo, en algunos casos “captar” se volvió una acción sin sujeto –captación automática– y “acoger” se interpretó simplemente como “estar ahí”. Y también una lectura laxa del medio comisivo “abuso de situación de vulnerabilidad” que estaba presente en la primera formulación de la Ley 26.364, y que en los casos que involucraban prostitución, si las mujeres eran pobres, jóvenes, madres y migrantes, estas características eran consideradas indicadores de una vulnerabilidad absoluta que anulaba su posibilidad de decidir participar del mercado sexual y por lo tanto cualquier inserción en el mercado sexual podía ser considerada como trata.
-Entonces, ¿existe un mercado sexual en el país? ¿Está regulado? ¿Hay libertad para pensar en sexo como trabajo?
-Existe un mercado porque existe oferta y demanda, pero al no haber un reconocimiento laboral de esta actividad, se desenvuelve en la ilegalidad y no podemos saber su magnitud. Y sí, está regulado por distintas normativas y su despliegue efectivo, como la Ley 12.331 de Profilaxis de las enfermedades venéreas que prohíbe que un tercero saque algún tipo de rédito de la prostitución de otra persona y la Ley de trata que, entre otras cosas, ha transformado su geografía al intervenir sobre el circuito de departamentos privados, lo que desplazó la oferta a otros ámbitos como la vía pública y el entorno digital o llevó a las trabajadoras sexuales a trabajar de manera más aislada y modificó en parte las formas de consumo.
También en nuestra ciudad está regulado por la reciente Ordenanza 25.590 que creó una zona roja y desplazó a las trabajadoras sexuales trans, en general migrantes, a otros espacios de la ciudad y amplió el poder de la policía. En cuanto a si hay libertad para pensarlo, o mejor dicho para ejercerlo, como un trabajo, la verdad es que ninguna normativa lo impide (si es por cuenta propia), pero las formas en que el estado gobierna la prostitución a través del despliegue de las normativas antes mencionadas genera muchísimas dificultades y violencias para las mujeres que participan del mercado sexual, que están también atravesadas por un estigma de larga data.
-Diferenciás trabajadoras sexuales de víctimas de trata, ¿cómo fue el acercamiento, el vínculo creado con estas mujeres, con qué te encontrás? ¿Por dónde creés que pasan sus demandas?
-Yo sostengo en mi trabajo, a partir del análisis de todas las causas tramitadas en el Tribunal Oral Federal Nº1 que tuvieron sentencia entre los años 2010 y 2018, y del trabajo de campo realizado con trabajadoras sexuales locales, que la “mujer víctima de trata” que emerge de las causas judiciales es una construcción legal discursiva de un tipo de mujer, que tiene el poder de producir y subjetivar a mujeres específicas, pero que también es resistido y/o negociado por estas.
Hay un dato que dio la coordinadora del Programa de Rescate en uno de los juicios orales llevados adelante en el TOF N°1 de Mar del Plata en 2017 que indica que “de las más de 7 mil víctimas de trata con fines de explotación sexual que hemos asistido, solamente el 2% se reconoce como víctima”. Y eso es acorde con lo que yo pude ver en el análisis de las causas y conversando con las mujeres con las que realicé la investigación, casi ninguna se reconoce víctima, esa categoría es ajena y extraña impuesta en el proceso judicial. Tal es así, que una de las entrevistadas, luego de ser “rescatada” en un allanamiento decía que estaba acusada de víctima de trata. Sus trayectorias y situaciones se explican mejor y tienen más sentido para ellas, con otras categorías como, precisamente, las de trabajadoras y migrantes. Desde su punto de vista son mujeres que optaron por realizar trabajo sexual, implique o no esto el cruce de fronteras, para mejorar sus condiciones de vida, y al insertarse en un mercado que no está regulado laboralmente, se encuentran más vulnerables a sufrir distintos tipos de violencias y abusos laborales. Con esto no quiero decir que no existen casos de prostitución forzada (aunque son los menos) y situaciones de explotación sumamente indeseables, entendida esta como la imposición de condiciones laborales abusivas, sino que la categoría de víctima de trata no explica bien las experiencias de la mayoría de las mujeres que participan del mercado sexual.
En relación a qué demandas formulan las trabajadoras sexuales, las que no están organizadas quieren poder trabajar en mejores condiciones, no ser perseguidas ni estigmatizadas y en algunos casos construir salidas del mercado sexual que les permitan sostener o mejorar su nivel de vida. En el caso de las que se nuclean en Ammar CTA o en la Red por el reconocimiento del trabajo sexual, piden que el Estado reconozca su actividad como un trabajo y demandan el cese de la violencia policial e institucional que es moneda corriente en el ambiente.
-¿Cómo influye el colectivo de mujeres organizado en relación al tema, qué políticas creés que hacen falta para que ya no tengamos que hablar de trata de personas?
-El colectivo de mujeres y las feministas sostienen, históricamente, una posición polarizada sobre la prostitución/trabajo sexual, la cual se ha agudizado desde el despliegue de la campaña antitrata, llegándose a constituir en determinados momentos y sobre todo para las que se reconocen abolicionistas de la prostitución, como un enfrentamiento entre dos posiciones morales irreconciliables, más afín a una postura fundamentalista que a un debate democrático.
Así, de un lado tenemos posturas que sostienen que la prostitución es una de las peores formas de la violencia de género y que debe abolirse, y del otro, posturas que señalan que el trabajo sexual constituye una opción que presenta distintos grados de libertad y explotación, en un mercado de trabajo signado por múltiples desigualdades y que debe reconocerse como un trabajo para reducir las condiciones laborales abusivas que habilita el funcionamiento clandestino y no regulado del mercado sexual y permitir el acceso a derechos (como la jubilación y la obra social) de quienes participan del mismo. Yo coincido con esta última postura y con los reclamos que formulan las organizaciones de trabajadoras sexuales. Pienso que hace falta revisar y reformar la ley de trata para reconocer el consentimiento de las mujeres como pieza central en la investigación de este delito, y poder distinguir y abordar con mayor efectividad las distintas situaciones de violencia y abusos que atraviesan al mercado sexual.
Asimismo, creo que es imprescindible que construyamos una imaginación transformadora por fuera de la matriz del derecho penal, que recupere las experiencias de las protagonistas y se enfoque en políticas redistributivas que mejoren sus condiciones materiales de vida, tanto para las que quieren abandonar el mercado sexual como para las que quieren permanecer en el mismo pero en mejores condiciones.