El servicio se encuentra cortado desde el 2 de junio, lo que impide la asistencia a clases de un gran caudal de alumnos, entre ellos, 500 que pertenecen a escuelas especiales. La oferta a la baja de la última licitación, el impedimento económico. Un problema que retorna de forma cíclica y que pone a las familias entre la espada y la pared.
Por Thom Lahitte
El sistema escolar de General Pueyrredon es uno de los más grandes de toda la Provincia. Esto se traduce en 183 establecimientos que brindan más de 300 servicios educativos y una importante matrícula de alumnos. Pero dentro de estos hay un grupo que vive desde hace un mes, un drama particular: los 2.000 estudiantes que hacen uso de las combis escolares.
Desde el 2 de junio, los transportistas encargados de los distintos recorridos, cesaron en la prestación del servicio. El motivo fue la falta de acuerdo en los montos que la Provincia, a través del Consejo Escolar, paga por cada uno de ellos. La última licitación ofrecida suponía una baja del 40% respecto a la cifra vigente que era, a su vez, producto de la prórroga continúa desde 2023 del contrato anterior.
Dicho conflicto puso en vilo a muchas familias de Mar del Plata y Batán que deben tomar el camino de la combi porque viven en zonas de donde no llegan los colectivos de línea o bien, porque por motivos de matrícula en las escuelas de cercanía, deben enviar a los chicos a escuelas lejanas. Dentro de las afectadas, también hay 500 familias de estudiantes que asisten a escuelas especiales y requieren de un transporte adaptado.
“Muchachos, están jodiendo a 2.000 pibes”: el testimonio de las familias
“Esto no es de ahora, todos los años tenemos el mismo problema: que la licitación, que los números, que no quiero esto, que no quiero aquello, los chicos de Batán siempre quedan relegados de todo”, afirma Marcelo, un papá que reside en dicha localidad y que asegura que este 2025 el conflicto es mayor al de otras veces.
Sin embargo, más allá de la cuestión de los montos, pone el foco en otra arista: “No se hizo lo que se tenía que hacer en su momento en Batán, que era hacer más edificios, más escuelas. Hoy las escuelas están superpobladas y eso fuerza también a tener que buscar colegios en otra zona”.
Priscila, madre de un chico que asiste a una escuela especial, asegura que lo que parecía un conflicto de quince días podría extenderse mucho más. “Hablé con uno de los choferes de las combis y me dijo que esto no va a parar hasta después de las vacaciones de invierno”, relató.
“Hay muchas madres que trabajan limpiando casas y tienen que ir con las nenas a trabajar porque no tienen como llevarlo al colegio, o faltan al trabajo y lo terminan echando”, expuso en torno a los efectos derivados del cese del servicio.
Ante la consulta de Bacap, las familias aseguran estar en contacto y haber presentado reclamos conjuntos. Sin embargo, también tienen fresca la advertencia de una “denuncia penal” luego de un corte realizado en las inmediaciones del Parque Industrial.
“Muchachos, están jodiendo a dos mil pibes”, lanza Marcelo en relación a las autoridades responsables. “Mandenle los micros, porque hay pibes que no van solo a estudiar sino que también van por un plato de comida también”, concluyó.
“Hay niños que necesitan nuestra ayuda, que merecen tener su propio futuro a pesar de alguna discapacidad o algún problema que tengan. Pero para eso tienen que ponerse en su lugar”, cerró por su parte Priscilla.
Tomala vos, damela a mí y en el medio, las familias
En el entramado del conflicto hay un problema de base que es la falta de actualización de los montos que haga sostenible la prestación del servicio. En ese sentido, el Consejo Escolar oferta a través de las partidas que baja la Dirección General de Educación y Cultura (DGCyE), a las que considera insuficientes.
Por su parte, desde la cartera que conduce el ministro Alberto Sileoni, sugirieron que podría resolverse con una “contratación directa” y pusieron el foco en empresas que, en teoría, se “cartelizarían”.
El martes 2 de julio, al cumplirse un mes del conflicto, la DGEyC anunció un incremento del 10,3% en los montos asignados al servicio para garantizar el servicio. “En esta etapa se establecieron criterios claros en la distribución de los fondos, destinados con urgencia a aquellos distritos que presentaban situaciones críticas”, aseguraron en un comunicado.
A su vez, pusieron la lupa en el “contexto de fuerte ajuste presupuestario por parte del gobierno nacional” que afecta a todas las áreas del gobierno provincial.
No obstante, al momento de la salida de esta nota, ninguna fuente confirmó la resolución del conflicto. Entre el fuego cruzado de los comunicados -avivados por las peripecias del año electoral-, quedan las familias y los estudiantes de las zonas más postergadas del partido.
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