En comisiones legislativas se debaten proyectos para garantizar el acceso a productos de gestión menstrual. En Santa Fe, Morón y San Rafael ya se aprobó una normativa. En el Concejo Deliberante de Mar del Plata, se busca aprobar una similar. Cuánto cuesta y qué implica menstruar en Argentina.
Por Julia Van Gool
En “esos” días. “Andrés”. “¿Te vino?”. Pese a que la menstruación es un hecho que experimenta la mitad de la población -todos los meses por alrededor de cuarenta años-, es algo que usualmente no se nombra. A lo largo de los años, se popularizaron múltiples eufemismos que buscan ocultar y profundizar la convención social que pretende naturalizar su invisibilización (mejor que nadie se entere y que nadie sepa) y reducirla al ámbito de lo privado (es cosa mía o a lo sumo solo de ‘nosotras’, aunque esa concepción binarista deja afuera a las diversidades que menstrúan).
Este proceso de ocultamiento no sólo se da en el ámbito de lo que se dice, sino también de lo que se muestra.
Aquí entran en escena los productos de gestión menstrual que impiden que el resto se entere que estamos atravesando ese momento del mes. Las variedades son múltiples, aunque no por eso igual de accesible para todas las personas que los necesitan: copas, esponjas, ropa interior absorbente y las tradicionales toallitas (descartables y de tela) y los tampones.
Usar alguno de estos productos no es una acción opcional y son imprescindibles para convivir en la sociedad actual. Es decir, todas las personas menstruantes los necesitan para ir a trabajar, asistir a la escuela o tener un normal desenvolvimiento en su vida social, por solo poner algunos ejemplos.
Costos
Sin embargo el acceso a los mismos no se da de la misma manera para todas las personas que lo necesiten. Como los productos mencionados no son considerados productos de primera necesidad en Argentina, contienen en su precio final el impuesto al valor agregado (IVA), lo que los encarece aún más.
Según estimaciones de la organización Economía Femini(s)ta, quienes menstrúan deben destinar, como mínimo, entre $2.930 y $3.780 por año para cubrir el costo de insumos.
Imaginemos por un instante una familia de cuatro integrantes con padre, madre y dos hijas. Durante los años en los que esas tres mujeres convivan y tengan su ciclo menstrual, el desembolso anual estimado puede alcanzar entre los $8.790 y $11.340. Es decir, lo equivalente a alrededor de 175 paquetes de fideos o 17 kilos de bife de chorizo.
Teniendo esto en cuenta, ¿qué pasa cuando alguien no puede comprarlos? ¿y cuando es un gasto irrenunciable para un sector que es, al mismo tiempo, el que menos empleo e ingresos tiene? En un país con altos niveles de desigualdad, menstruar se transforma automáticamente en un factor de la misma, aunque su “invisibilidad” hace que no esté en el dominio de lo público y, por consiguiente, no se apliquen políticas que impacten positivamente en un amplio –realmente amplio- sector de la población.
En los últimos años varias acciones y proyectos de ley fueron presentados en el Congreso de la Nación con el objetivo de que la menstruación se transforme en un asunto de Estado en pos de la equidad de género.
En este sentido, campañas como #MenstruAcción del colectivo de Economía Femini(s)ta, impulsaron proyectos que buscan eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual, provisión gratuita de los mismos en los espacios comunitarios y la puesta en marcha de investigaciones y elaboración de datos que permitan caracterizar los impactos de la falta de acceso a estos y faciliten la toma de decisiones al respecto.
En el Congreso
Durante este año varios proyectos fueron impulsados para colocar a la menstruación en la agenda pública. Sin ir más lejos, en agosto, en el marco de la comisión de Acción Social y Salud Pública, diferentes especialistas en la temática disertaron ante los legisladores.
Fueron invitadas Agostina Mileo, coordinadora general de la campaña #MenstruAcción, la psicóloga Eugenia Tarzibachi y la médica ginecóloga Florencia Salort. La conferencia, que puede volver a verse aquí, abordó la importancia de apuntar a una mayor educación de diversidad inclusiva en torno al ciclo menstrual y la toma de conciencia de que no se tratan de productos de lujos sino “de necesidad y que impactan en la vida de quienes tienen bajos recursos”.
Si bien no hay avances por el momento en la aprobación de estos proyectos, en septiembre la diputada Carmela Moreau, del espacio política Igualar integrante del Frente de Todos, también presentó uno para que la gestión menstrual sea incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO), de modo que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga provean a sus afiliadas elementos que sean económicamente sustentables.
Unos meses antes, en mayo, Santa Fe se convertía en la primera ciudad en Argentina en contar con un plan de gestión menstrual propio. En los últimos meses, se sumaron iniciativas similares en los gobiernos locales de Morón (Buenos Aires) y San Rafael (Mendoza).
En Mar del Plata
La preocupación en torno al acceso desigual a los productos de gestión menstrual también llegó al Concejo Deliberante de General Pueyrredon. A fines de agosto, la concejala del Frente de Todos, Sol de la Torre, presentó un proyecto para crear en el ámbito de la comuna un Programa Municipal de Salud Menstrual, que fue aprobado en la comisión de Calidad de Vida y avanza con altas expectativas el derrotero legislativo.
El documento, que fue el resultado de un trabajo articulado con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMdP y organizaciones feministas de la ciudad, propone la provisión universal, gratuita y confidencial de productos de higiene y gestión menstrual -descartables y reutilizables- en salas de salud y escuelas públicas.
Además, el texto establece que, dado que la menstruación es un proceso fisiológico, la misma “debe ser concebida y abordada como un tema de salud pública”, por lo que se propone a la Secretaría de Salud municipal como el ente ejecutor de un Programa “con presupuesto propio y asignado”.
En su presentación, De la Torre aseguró que la inversión que implica la compra de productos de gestión menstruar es un desembolso “que no todas podemos hacer”, situación que “dificulta a miles de mujeres a gestionar adecuadamente su ciclo menstrual, obligándolas a alterar su vida social, laboral y escolar”.
La concejala también puso el foco en otro factor de importancia y que implica el impacto que esto puede tener en la salud. “La falta de estos productos nos expone a infecciones y enfermedades que son perfectamente evitables en caso de que se garantice el acceso universal y gratuito a productos de higiene menstrual”, sentenció.
Y concluyó: “Aplicado con eficiencia y responsabilidad, este programa tiene la potencia de reparar un factor histórico de desigualdad estructural por condición de género. Pero además es una oportunidad de generar políticas públicas que –desde una perspectiva de género- contribuyan a desarticular con progresividad esos mecanismos sociales, culturales y políticos que durante siglos han burlado, invisibilizado y estigmatizado una realidad de, por lo menos, la mitad de la población”.
Con un fuerte aval al proyecto en los primeros tratamientos en comisiones, desde los sectores feministas de la ciudad mantienen la esperanza de convertir a Mar del Plata en la cuarta ciudad en el país en contar con un programa sanitario que apunte a disminuir la brecha de género.