Lo hizo a través de la publicación del informe especial “La violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredon”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe especial sobre la violencia estatal desplegada por el Gobierno municipal de General Pueyrredon contra personas en situación de calle, trapitos y cuida coches.
En su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM viene monitoreando el despliegue de políticas represivas desplegadas por el poder ejecutivo local en Mar del Plata, desde un posicionamiento estatal que describen como “violento, expulsivo y discriminatorio” y que estigmatiza a determinados sectores vulnerables vinculándolos con el delito.
El informe indica que la política desplegada por el Ejecutivo local se refleja en la creación del Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad, “al que de manera ilegal se le asignan funciones reservadas a la autoridad policial: portación de armas, aprehensiones, cacheos, secuestro de pertenencias”.
En las conclusiones del informe, la Comisión Provincial por la Memoria afirma que “la patrulla municipal de este distrito ha cometido, al menos desde mediados del año pasado, diversas violaciones de derechos humanos contra personas en situaciones de vulnerabilidad extrema”.
“Violencia física y psíquica, amenazas, hostigamiento, abuso de autoridad, aplicación de gas pimienta o actuaciones que pueden asemejarse a grupos parapoliciales en vehículos y con personas sin identificación y con el rostro cubierto son parte del repertorio de acciones que constituyen delitos penados por nuestro Código Penal”, enumera el reporte.
Asimismo, el informe pone los ojos sobre el intendente municipal, Guillermo Montenegro. “El Intendente no sólo ha incumplido con su obligación de denunciar estas conductas ilícitas de sus funcionarios públicos (art.248 y conc. del Código Penal), sino que además las ha celebrado y reivindicado en mensajes y publicaciones que sin duda constituyen apología del delito (art. 213 del Código Penal) y violan las prescripciones de la ley 23.592 que sanciona los actos discriminatorios en nuestro país”, indica.
El informe de la CPM critica fuertemente las acciones llevadas adelante por el Gobierno de General Pueyrredon contra las personas en situación de calle y personas que trabajan en la vía pública para subsistir.
“En lugar de implementar medidas de asistencia social y generación de empleo, el ejecutivo local optó por la represión y el hostigamiento de quienes trabajan en la vía pública para subsistir. Se ha impedido trabajar a vendedores ambulantes, cuida-coches o limpiavidrios desconociendo que se trata de actividades lícitas”, apunta el reporte.
En el documento, la CPM afirma que la patrulla municipal ha violado la normativa vigente llevando a cabo acciones que son propias y exclusivas del estado provincial y sus fuerzas de seguridad, como detener personas y utilizar armamento para el que no está habilitada.
Y resalta que el decreto 988, sancionado el 18 de junio de 2020, que establece la creación del Departamento Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad, “no contiene en sus misiones y en sus funciones facultades tales como las vinculadas a aprehensiones y/o detenciones, ni para el uso de armamento de ningún tipo”.