Las personas travestis y trans deberán representar, como mínimo, el 1% del personal en el Estado nacional. La misma normativa rige en Mar del Plata desde el 2017, pero aún no se reglamentó y restan incorporar al municipio cerca de 63 personas. Las cifras de una cruda realidad y las alianzas políticas que se gestaron en el camino.
Por Julia Van Gool
El reloj marcó las 0 del viernes 4 de septiembre y por primera vez en cinco horas de debate virtual, la asamblea de la organización nacional Orgullo y Lucha – con representantes de Mar del Plata y el resto del país- se quedó en silencio. Un mensaje de fuentes cercanas al Gobierno nacional reenviaba un decreto que ya llevaba la firma del Presidente Alberto Fernández y que establecía un cupo mínimo de personal travesti, transgénero y transexual en todas las dependencias del Estado nacional. Al silencio del “zoom”, le siguieron gritos de alegría, caras de sorpresa y el inmenso deseo de superar pandemias y poder fundirse en un abrazo con quienes hicieron y hacen posible la ampliación de derechos en el país.
El establecimiento del cupo mínimo, una medida histórica que también llevó la firma de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, implica la obligatoriedad de que el ámbito público cuente con, al menos, un 1% de representación de uno de los colectivos más castigados y marginados de la sociedad.
La lucha por la concreción de una las deudas de la democracia para con un sector cuya esperanza de vida promedia los 35 años, ya se debatían -y siguen debatiéndose- en el Congreso de la Nación de la mano de 14 proyectos en los que además del cupo se incluían otros ejes fundamentales, como incentivos para la contratación en el sector privado y el apoyo financiero a proyectos productivos, que llevaron a sumar al lema una nueva palabra: cupo laboral e inclusión.
El decreto presidencial vino entonces a acelerar un proceso de cambio necesario y fundamental, que si bien sienta las bases de una “nueva realidad” para muchas personas, desde las organizaciones que encabezan la lucha del colectivo LGTBIQ+, aseguran que debe ir incluso más allá. Es decir, el cupo es un paso histórico y necesario, pero no debe ser el último.
Las cifras del por qué
Hay pocos estudios en el país dedicados a medir la realidad de la población travesti y trans, pero los que hay, los que visibilizan las experiencias de ese colectivo, arrojan cifras alarmantes y explican la razón detrás de las medidas como la decretada en septiembre.
Uno de esos pocos trabajos fue el realizado en 2012 por el INDEC y el INADI, al calor de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. En él, se visibilizaba por primera vez en la historia que las personas trans en Argentina tenían un promedio de vida de entre 35,5 y 41 años.
También se confirmaban las dificultades para acceder a instancias de formación y al mercado laboral: el 35% dijo que abandonaron la escuela porque las discriminaban; el 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero; el 80% restante dijo que se prostituía o tenía trabajos informales.
Las cifras se repitieron siete años después, en el segundo estudio que se conoce sobre el tema, realizado en Santa Fe por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), en el marco de la promoción del Programa Conjunto Integral de Inclusión Trans a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia. (http://www.estadisticasantafe.gob.ar/wp-content/uploads/sites/24/2019/12/EncTransSF-1219-nuevo.pdf)
Uno de los resultados mostraba que poco y nada había cambiado: el 90% de las personas del colectivo aseguró no contar con un empleo registrado. Esta realidad también tiene su correlato en el acceso a la salud, ya que más de un 76% no cuenta con una obra social.
Salud y trabajo
En tiempos de Covid, se hace aún más visible el precario vínculo de la población travesti con el sistema de salud, tan directamente relacionado con la posibilidad de poder acceder a un trabajo. Este aspecto fue abordado por Agustina Ponce, vicepresidenta de la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI) de Mar del Plata, en diálogo con BACAP.
“La realidad de las travestis con el sistema de salud es que las compañeras van a los hospitales a morirse y no a atenderse. Y esto tiene mucho que ver con la falta de conocimiento y humanidad por parte de médicos y médicas al momento de atender a una travesti, que posiblemente ejerza la prostitución, sea migrante y pobre”, indicó y aseguró que también hay “desconocimiento de los derechos que nos asisten”.
«Una de las últimas compañeras que falleció con COVID-19 en Mar del Plata estaba parada en plena avenida Luro, en el medio de la noche, tres días antes de morir. Apenas podía caminar», graficó Agustina, para poner el ojo en los márgenes a los que son empujadas las travestis.
Matías Majersky, activista social de la ciudad, también reflejó la realidad que viven los varones trans en este sentido.
«Por la invisibilización que sufrimos los varones trans en muchos aspectos de nuestra vida, terminamos siendo violentados también por algunos médicos o médicas, que en ocasiones suelen exceder lo que debe ser el trato médico con preguntas que nada tienen que ver con la consulta clínica. Los compañeros terminan no queriendo volver y no se animan a hablar del tema”, señaló. Según las cifras oficiales, tres de cada 10 personas trans abandonan los tratamientos médicos por discriminación.
No se lucha solo por un trabajo, se lucha por el derecho a vivir.
El cupo en Mar del Plata y un antecedente para no olvidar
En 2015, la provincia de Buenos Aires aprobó en la legislatura el cupo laboral travesti y trans en el ámbito público, normativa conocida como la Ley Diana Sacayán, en homenaje a la activista social víctima de travesticidio y una de las principales impulsoras de que el derecho a un trabajo se cumpla. Sin embargo, la ley no fue reglamentada hasta hace muy poco, cuando en noviembre de 2019, antes de dejar el mandato, la por entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, publicó el decreto reglamentario.
En Mar del Plata ocurrió algo similar. En 2017, el Concejo Deliberante adhirió a la ley provincial a través de la ordenanza Nº 23237, pero la reglamentación quedó en el olvido durante la gestión de Carlos Arroyo.
De hecho, de las cerca de 70 personas trans que, como mínimo, deben incorporarse a la planta municipal (al igual que la normativa nacional, la local establece un piso del 1%), solo se incorporaron 7, algunas de las cuales ya trabajaban en el Estado antes del cupo provincial.
La subsecretaria de Derechos Humanos del municipio, Daniela Zulcovsky, quien asumió su cargo en enero de este año, aseguró a BACAP que el documento ya se encuentra encaminado, aunque reconoció que la pandemia frenó algunos procesos y todavía no hay un plazo definido de promulgación.
«Ya tenemos hecho un borrador de reglamentación que lo vamos a trabajar en la Mesa de la Diversidad, que es coordinada por la Subsecretaría y es integrada por distintas organizaciones, concejalas y miembros del Ejecutivo, pero todavía no tenemos un plazo», indicó la funcionaria, quien aseguró la concreción de ese derecho es un eje del área que dirige.
«Fundamentalmente lo que queremos es saber cuál es la mejor forma de incorporar las personas trans al municipio. Por un lado, esta es una herramienta de reparación, pero fundamentalmente es una oportunidad de trabajo», indicó.
Zulcovsky también sostuvo que se encuentra trabajando para flexibilizar uno de los requisitos que se requieren para ingresar al municipio y que tiene que ver con la finalización del secundario.
«Sabemos que un 45% no logra terminar sus estudios secundarios, y estas son cuestiones a tener en cuenta. También queremos que ingresen y se desarrollen en áreas donde se sientan más cómodas y donde se respeten sus saberes individuales», señaló la subsecretaria quien apuntó a la importancia de abordar la reparación desde una mirada «integral».
Desde las organizaciones de derechos del colectivo LGBTQ+ también aseguraron que hay “intenciones de reglamentarlo pronto”, pero reconocen que el decreto presidencial puede acelerar procesos, aunque los antecedentes obligan estar alertas.
«La decisión de Alberto sin dudas nos da una herramienta más al momento de exigir la implementación del cupo en el municipio», señaló Cintia Pili, histórica referente de la lucha por los derechos del colectivo en la ciudad, quien también destaca la importancia de “seguir de cerca” los avances de la ley.
“Tenemos que estar firmes y trabajar activamente y de cerca para que todos los cupos no sólo se reglamenten, sino que después se cumplan; que no queden en el papel”, sentenció, dando lugar a otras de las demandas históricas del colectivo travesti y trans: ser parte de la toma de decisiones.
Tiempo de alianzas
De la mano de los feminismos, las demandas ya no sólo son de implementación de determinadas políticas públicas, sino también de espacios en los lugares de poder. Esto va de la mano con las alianzas políticas que las organizaciones de travestis y trans supieron forjar en los últimos años para poder ampliar derechos. El camino hacia el cupo es un ejemplo: cualquier tipo de aspereza fue subsanada en pos de la concreción de un Frente Federal por el cupo laboral. Había que tejer redes y eso hicieron.
«Las travestis estamos empezando a pedir pista para conducir el proceso, que entendemos que debe ser conducido por las travestis y les trans. En eso estamos, haciendo y construyendo desde la política. Necesitamos compañeras legisladoras travestis, necesitamos compañeras funcionarias, en mesas chicas de poder y decisión, para poder llevar nuestras demandas y que sean finalmente escuchadas e interpretadas», señaló Ponce.
El cupo laboral era un paso fundamental, pero no quieren que sea el último, y menos aún un techo, una de las preocupaciones más fuertes dentro del colectivo.
Para terminar, las palabras de otra referente sin igual, Lohana Berkins, en el documental de “Mocha Celis”, el primer bachillerato para personas trans en el mundo y que podes ver en Cine.ar (https://play.cine.ar/INCAA/produccion/5695)
«Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten. ¡Que traVajen! Que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con la sociedad cuando sean atendidas por médicas travestis, meseras, ingenieras o donde quiera que vaya? La verdad es que eso es un de un valor…No sé si nos lo reconocerán, pero al menos el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser trava, orgullosamente trava»
Lohana Berkins