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Mar del Plata
octubre 2, 2022
En la cárcel de Batán hay una sobrepoblación del 63%
Interés General Lo de Acá

Unidad 15 de Batán: sobrepoblación y colapso

En la vida intramuros se multiplican las violaciones a los derechos humanos, con niveles de sobrepoblación que restringen las posibilidades de reinserción social. Bacap dialogó con Roberto Cipriano García, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, institución que alerta sobre esta problemática desde hace dos décadas.

Por Nicolás Quintaié

Falta de acceso a la salud, hacinamiento y golpes son algunas de las vejaciones que padecen a diario las personas privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB).

Así se desprende de las estadísticas que maneja la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo público, autónomo y autárquico, que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos desde 1999. Entre sus diversas tareas, se encarga de monitorear los lugares de encierro (cárceles, comisarías, institutos de jóvenes y hospitales neuropsiquiátricos) a través del Comité Contra la Tortura-creado en 2002-, con inspecciones periódicas y recopilación de datos sobre lo que ocurre intramuros.

Los números son preocupantes. A enero de 2022, hay 54.472 personas detenidas en la provincia, distribuidas en 67 establecimientos penitenciarios que cuentan con un total de 22.060 plazas construidas. Ello trae como consecuencia el hacinamiento. En cárceles y alcaidías, la sobrepoblación asciende al 109%, mientras que en las comisarías es más del doble: 250%.

En el período 2000-2021, la tasa de encarcelamiento subió un 90%; se mantuvo la tendencia en alza hasta 2020 y el año pasado recuperó el crecimiento, lo que marcó un récord: 306 detenidos por cada 100.000 habitantes. La lentitud de la Justicia también arroja otra cifra a considerar: apenas el 45% de los presos recibió su pena, el 54% está procesado y el 1% restante se encuentra en “otra situación”, de acuerdo al relevamiento de la CPM.

En General Pueyrredon

A nivel local, en General Pueyrredon se encuentra la Unidad 15 de Batán, fundada en noviembre de 1980, donde se alojan varones. Aquí la sobrepoblación asciende al 63%. El cupo es para 937 personas, pero hay un total de 1525 internos. Además, está la Unidad 50, donde habitan mujeres y se terminó de construir en febrero de 2006, y la alcaidía, finalizada en junio de ese mismo año.  

 El sistema de la crueldad

Bacap dialogó con Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, abogado y con una amplia trayectoria en el Comité Contra la Tortura, en relación a las principales falencias estructurales de la cárcel, en donde el hacinamiento y la sobrepoblación son apenas la punta del iceberg.  

“El sistema carcelario bonaerense está en estado crítico. Las violaciones de derechos humanos son prácticas extendidas y generalizadas en los 67 establecimientos que hoy funcionan. Los problemas no son solo el hacinamiento y la sobrepoblación, sino también la forma de gobierno a través de la tortura como práctica sistemática todos los días. Carencias como la falta de comida y la nula asistencia de la salud hacen que estemos en cifras récord de muertes en contextos de encierro en la provincia”, plantea García.

El secretario de la CPM advierte que, en 2021, aún sin haber finalizado el conteo final, fallecieron 199 personas en lugares de encierro. El 70%, por cuestiones de salud no asistidas: enfermedades que eran curables y/o tratables. “Cuando alguien necesita un turno para ir a un hospital, no lo llevan, lo que agrava el estado de los internos”, cuenta.

La situación en la cárcel de Batán

En el caso específico de Batán, García considera que la situación “no escapa a los déficits y problemas estructurales del sistema que hay en el resto de la provincia”. Y alerta sobre la falta de médicos, que a duras penas logran ir una o dos veces por semana y sólo atienden casos extremos. “Los cuidados se terminan encomendando a otros presos que ya cuentan con algunas experiencias y llevan adelante estas tareas”, revela. 

Además, asegura que en los peores momentos de la pandemia se demoró la vacunación-algo que se destrabó a partir de una presentación judicial de la CPM en la Justicia Contencioso Administrativa de La Plata-y que hubo falta de testeos.

 En este contexto, las familias emergen como sostenes no solo emocionales, sino también para la provisión de comida y medicamentos, ya que el Estado no cumple con esa obligación. Pero los traslados a cárceles lejanas atentan muchas veces contra esta posibilidad. “Hay muchos reclamos por violencia y, particularmente, por los alojamientos en unidades que están muy lejos de los domicilios de las personas, lo que impide la vinculación familiar. Es un sistema que concentra muchas plazas en el interior de la provincia, pero la mayor cantidad de detenidos proviene del conurbano bonaerense. Con lo cual hay un montón de gente que está a más de 300-400 kilómetros de sus casas”, explica el abogado.

Cambiar los paradigmas

“Las políticas sustentadas en el punitivismo o la ‘mano dura’ como única solución al problema de la inseguridad se despliegan en la provincia desde la gestión del gobernador Carlos Ruckauf hasta la actualidad, con escasas interrupciones que no alcanzaron a cambiar su rumbo”, advierte el informe anual 2021 de la CPM (insertar link: https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/cct/informesanuales/Informe_2021.pdf). ¿Cómo revertir esta situación? García alerta sobre la complejidad del problema y la complicidad de la política, independientemente del signo político. 

Roberto Cipriano García habló sobre la situación en el SPB y, en particular, en la cárcel de Batán.

-¿Por qué el punitivismo y la sobre encarcelación siguen tan en boga al momento de diseñar políticas públicas?

 -Es una política que continúa en la provincia y va más allá de los signos políticos. Se consolidó un esquema que viola los derechos humanos, con aceptación a ciertos reclamos de la sociedad en torno a la mano dura y el punitivismo. Y vemos falta de decisión para revertir esta situación. Esto requiere de un abordaje que no simplifique. Se necesitan análisis, proyecciones de largo plazo. Y eso es lo que no pasa. Lo más sencillo es justificar, decir que la clave está en la saturación policial de los territorios y nada más que eso. La consecuencia es lo que vemos en el SPB.  

-Sistemáticamente se percibe a la elevación de las penas y a la privación de la libertad como paradigmas de Justicia. ¿Pero sirve la cárcel como institución para la reinserción social bajo estas condiciones que describís?

 -Eso lo ha perdido hace rato. La gente no trabaja, son muy pocos los que estudian. Los índices de acceso a la educación son totalmente mediados por el SPB; se construyen sistemas de premios y castigos en los que el acceso es bastante difícil. Por lo tanto, tampoco existen suficientes procesos de resocialización que cambien efectivamente esa realidad, que permitan que la persona haga otra cosa con su vida. Hay falta de políticas vinculadas a la reinserción.

-Y en el mientras tanto, ¿habría que avanzar en la construcción de más cárceles para contrarrestar estas falencias? 

-No arregla nada. Tenemos una sobrepoblación que sitúa a la provincia de Buenos Aires entre los índices más altos del mundo. Estamos cerca de 310 personas detenidas cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Argentina es de 180 y el promedio mundial ronda los 160 cada 100.000. Hay un crecimiento excesivo de la prisionización. Y la construcción de cárceles lo único que hace es acrecentar y engordar el sistema. Más cárceles tenés, más se llenan. Esto ya está estudiado a nivel mundial y en Argentina. 

El problema es quiénes son los que están presos. Eso es lo que hay que discutir y saldar. La política criminal es muy selectiva y persigue a los pibes jóvenes, pobres, de las barriadas populares, que roban un celular o una bicicleta. Esos son los que están presos. Es un sistema penal que no sanciona los grandes delitos o los delitos complejos, como la corrupción estructural en el vínculo de las empresas con el Estado o la fuga de capitales: todos los delitos empresariales. Más que construir cárceles, hay que revertir las decisiones de política criminal. 

 

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